Por: Redacción Pares
El asesinato de Josué Castellanos prendió las alarmas en Arauca, que realmente nunca se han silenciado del todo. Fue el 4 de marzo de 2024. Castellanos había sido amenazado previamente por el Frente 10 de las disidencias de las FARC, conocido en el país como Estado Mayor Central y cuyo hombre fuerte en el departamento es Antonio Medina. También es el principal sospechoso de la bomba que estalló frente a la oficina de Centro Oriente en enero de 2022, mientras se realizaba una reunión con líderes sociales de ese departamento. Castellanos cultivaba plátano. Líder innato, acompañó varios procesos sobre este cultivo en Tame. El día de su muerte, estaba en el sector de Santa Helena. Allí se había reunido con directivos y docentes de la zona para discutir temas como el Plan de Alimentación Escolar, que había sido saqueado por políticos locales, y hacer una evaluación de la Mesa de Crisis Escolar instalada desde 2023. Al terminar la reunión, salió del lugar en su camioneta cuando fue interceptado por desconocidos. Lo obligaron a bajar del automóvil mientras desarmaban a su esquema de seguridad. A Castellanos se lo llevaron y luego apareció muerto muy cerca del lugar donde se había efectuado la reunión.
En su momento, el hijo del líder asesinado, Jaider Castellanos González, dio estas declaraciones al periódico El Espectador: "Apagan la historia y una propuesta de desarrollo del departamento... seguiré su legado y, como él bien decía, no se le llamará muerto al que muere por la vida".
Josué Castellanos Pérez era importante por su valentía al denunciar violaciones a los derechos humanos y actos violentos contra civiles perpetrados por las disidencias. Nunca le tembló la voz. El asesinato de Castellanos Pérez, ocurrido frente a autoridades, fue un mensaje claro a la población civil: si podían matarlo a él, podrían hacer lo mismo con cualquiera que hablara contra el EMC. Aunque, en honor a la verdad, hoy en Arauca cualquiera puede ser asesinado únicamente por no someterse a la disciplina social y la expansión del control territorial de grupos armados cada vez más agresivos contra los civiles.
Esta característica del ciclo de violencia hoy no ocurre únicamente en este departamento, donde confluyen más de cinco décadas de presencia armada de la guerrilla del ELN con un grupo armado reciente, pero influido por las disputas previas con la guerrilla de las FARC. Graves fallas en la reincorporación y en la implementación del acuerdo con las FARC, que suman tanto errores de diseño como de ejecución en los últimos ocho años, hicieron que la paz vivida entre 2015 y 2018 se viera frustrada poco a poco, sin que nadie interviniera.
Hoy hay muchas denuncias en Arauca contra el EMC, pero cero investigaciones. Hubo un atisbo de ilusión con el proceso de Paz Total en sus inicios, pero hoy únicamente uno de los grupos armados, el ELN, está sentado en una mesa de diálogo, que si bien tiene un cese al fuego activo, carece de un mecanismo de verificación que permita a las personas en el departamento simplemente contar lo que les sucede y encontrar ayuda y apoyo. De la otra parte, el Frente 10 de las disidencias forma parte de las estructuras que rompieron con la mesa de negociación y, junto con el resto de la facción liderada por alias Iván Mordisco, está en confrontación tanto con el ELN como con el gobierno nacional.
Pero la expansión de estos grupos y la guerra de hoy no se desarrollan como antes. No es una población atrapada entre dos combates con personas uniformadas que se identifican en uno u otro bando. Es una violencia selectiva contra liderazgos sociales, comunales y de derechos humanos, y la imposición violenta sobre la población que consideran afín a su contraparte. Es como si tres ejércitos distintos dispararan a civiles al mismo tiempo. La pérdida total del principio de distinción que, según el DIH, tendría que humanizar la guerra, al menos en sus mínimos.
Desde la sociedad civil se ha pedido acompañamiento al gobierno para proteger la labor de los líderes y crear espacios para profundizar más en esas denuncias que se presentan en el departamento, y el análisis geopolítico de lo que ya se considera una masacre a cuentagotas de la población más vulnerable. Desafortunadamente, la velocidad a la que operan los grupos armados triplica la burocracia estatal, que no ha logrado poner en marcha políticas de prevención de violación de derechos humanos ni de protección colectiva de las comunidades. Aún como sociedad no pasamos del "¿por qué los matan?" al "¿cómo los protegemos efectivamente?".
Después del asesinato de Castellanos, el EMC se pasea por el casco urbano de Tame. No son pocos los casos en que se oyen voces que acusan a uno u otro bando de paramilitares por considerar que existe connivencia con la fuerza pública. Una de las pocas voces que hoy se atreve a denunciar los desafueros del Estado Mayor Central y otros grupos armados es Juan Carlos Villate. A través del programa 6 AM de Caracol Radio, advirtió al gobierno sobre el tema de reclutamiento de menores: "El tema del reclutamiento está tan crítico que hemos identificado nuevas formas de reclutamiento. Están trayendo niños de otras regiones y los están desarraigando, del Cauca, de Nariño, Caquetá, y los están trayendo a Arauca para que este conflicto continúe en el territorio. Es un escenario que por supuesto rechazamos y que le hemos pedido al Gobierno que ponga sobre la mesa de una manera prioritaria". Alertó, además, sobre los enfrentamientos cada vez más constantes entre el ELN y el EMC en el departamento.
Las alarmas están encendidas y el gobierno está obligado a actuar con firmeza para detener la violencia organizada. En este caso, a las disidencias del EMC, que tampoco han tenido empacho en violentar sistemáticamente la generosidad de los colombianos para recibirlos en la paz. La vida de los líderes y lideresas sigue en peligro. La respuesta no debe seguir siendo el silencio.