Por: Laura Cano Periodista – Pares
Los conflictos sobre la tierra han marcado la historia de la violencia en Colombia, y aun cuando se han tratado de dar pasos hacia la salida de estos y la reparación a quienes los han sufrido, la mayoría de estas acciones han quedado en un limbo que sigue extendiendo el problema en el tiempo y que sigue impidiendo su resolución. Esto ha quedado demostrado de nuevo en las últimas semanas.
Con el Acuerdo de Paz, y en especial con lo que respecta all punto 1, había quedado establecido que se debía dar viabilidad a la implementación de una jurisdicción agraria como parte de la respuesta a la deuda histórica relacionada con el derecho de propiedad y tenencia de las tierras rurales. Dentro de lo pactado en La Habana se hacía referencia a la necesidad de crear un programa de formalización gratuito, que reconozca los derechos de las personas que sean las legítimas dueñas y poseedoras de los predios, así como la urgencia de una nueva jurisdicción agraria que tenga una adecuada cobertura y capacidad en el territorio.
Esto había llevado a que el Gobierno Nacional presentara el proyecto de Ley Estatutaria 134 de 2020, el cual planteaba la creación de una especialidad dentro de las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa. Esto llegó al Congreso y durante la semana pasada debía tener sus últimos debates para ser aprobada. No obstante, este proyecto se convirtió en otra jugada del Congreso durante sus últimos días del periodo legislativo, el cual terminó el pasado 20 de junio. Vale la pena señalar que esta era la única iniciativa en el Congreso relacionada con la implementación del Acuerdo de Paz.
Este proyecto había sido liderado por el Ministerio de Justicia, que en su momento estaba en cabeza de Margarita Cabello, hoy procuradora general de la Nación. Además, la entonces viceministra, Juanita López, y el consejero para estabilización, Emilio Archila, fueron hasta el año pasado las personas encargadas de mover el proyecto en el Congreso. Y tras esto, desde octubre de 2020, quedó en manos de Wilson Ruíz, actual ministro de Justicia.
No obstante, a pesar de estar mediada como una propuesta del Gobierno nacional y de que incluso contó con la ponencia de Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, en la Cámara de Representantes, la propuesta ha recibido una clara oposición del partido de Gobierno. Por ejemplo, la senadora María Fernanda Cabal y su esposo José Félix Lafourie, director de Fedegan, un gremio que por años ha estado salpicado con hechos que han recrudecido la violencia en el país: despojo de tierras, desplazamiento forzado y nexos con paramilitares.
“Se puede concluir, señor presidente, que la concepción del proyecto de ley como un producto resultante del Acuerdo Final con las Farc y sujeto a los lineamientos de esa negociación, se convierte en la reedición de la amenaza, recurrente en la historia del país, al derecho a la propiedad legítima de la tierra, a partir de los sesgos que permean todo el articulado”, se leía en una carta enviada por el empresario al presidente Iván Duque el pasado 27 de abril. Adicional, la senadora acusó que no este proyecto crearía “una JEP agraria donde los jueces comenzarán a perseguir la propiedad rural”.
Aun así, el 25 de mayo hubo luces de aprobación de la especialidad agraria luego de que en la Comisión Primera del Senado obtuviera 18 votos a favor y 3 en contra. Así las cosas, se debía preparar para ser discutida en plenaria. Pese a ello, desde inicios del mes de junio había indicios de que la iniciativa no quería ser agendada por Arturo Char para que pasara al debate definitivo.
Hay que señalar que la oposición de Lafourie y Cabal no pasó desapercibida, pues esta habría llevado a que se hicieran algunas modificaciones en la Ley como la eliminación de artículos que planteaban la democratización de la tierra y la participación de las organizaciones sociales. Modificaciones que fueron aceptadas por quienes eran ponentes.
Desde ese momento, lo que resaltó fue la falta de voluntad tanto del Gobierno como de Arturo Char —hasta este período legislativo presidente del Senado— para agendar la sesión de discusión. En relación a esto, se informa en el portal de la Silla Vacía que, frente a la pregunta de Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde, respecto a por qué no se agendaba el proyecto, Arturo Char “le contesta que si el gobierno lo prioriza, él lo agenda. Al fin y al cabo, es un proyecto del gobierno. Pero que no logra encontrar al ministro Ruiz o al viceministro encargado, Francisco Chaux”.
De acuerdo a lo que Juanita Goebertus, representante a la Cámara, le comentó a la Silla Vacía, Lozano se contactó con el ministro de Justicia y lo comunicó a través de una llamada con Char. Colgaron luego de hablar unos minutos colgaron y Char se comprometió a devolverle la llamada en un rato. Sin embargo, la llamada nunca llegó. Todo esto a pesar de que el presidente Iván Duque había asegurado hace algunos días ante Eamon Gilmore, enviado especial de la Unión Europea para el Acuerdo de Paz, que la especialidad agraria saldría adelante.
No obstante, el proyecto quedó archivado y no pudo ser incluido en el periodo extra del Congreso, el cual permite discutir proyectos posteriormente al cierre formal del periodo legislativo. Esta ley no podía entrar en este espacio, pues se pasó como norma estatutaria. Es decir, se convirtió en otra acción inconclusa y sin éxito para dar viabilidad al problema de tierras y a la reparación y atención a las y los campesinos que por años han sufrido esta problemática.
Los intentos fallidos
Lo anterior se sumó a una serie de leyes, proyectos e iniciativas que finalmente se quedaron en propuestas y que nunca se tradujeron en transformaciones reales. Esta situación no es nueva, pues se remonta incluso a años muy anteriores a La Violencia en Colombia. Uno de esos otros pasos fue el que se intentó dar con la Ley 200 de 1936, en la que se planteaban las reglas sobre los derechos de propiedad inmobiliaria, la extinción del dominio por incumplimiento de la función social de la propiedad y la caracterización de la posesión agraria, y, además, se estableció la creación de los Jueces de Tierras. Sin embargo, a estos últimos se les negó su participación para resolver los litigios generados en la aplicación de los instrumentos de la reforma agraria, lo que llevó a que, en 1943, a través de la Ley 4 de dicho año, se eliminara la figura de estos jueces. El papel que hubieran desempeñado fue asumido por jueces civiles.
Años después, por medio de la la Ley 4 de 1973, se facultó al Ejecutivo para la creación de la sala agraria (de la cual no se hizo uso). Y tras esto vino la Ley 30 de 1987, que de nuevo dio la posibilidad al Gobierno nacional de crear la jurisdicción agraria, por lo que se expidió el Decreto 2303 de 1989, que permitía resolver conflictos en relación con problemas asociados a la tenencia de tierras. Sin embargo, se repitió la historia el proyecto que se tenía con la ley y el decreto no se terminó de dar: solo se crearon 3 juzgados de los 115 que debían funcionar y 2 salas agrarias de las 23 previstas. Esto llevó a que se suspendieran de nuevo estos jueces agrarios y que fueran suplidos por el Consejo Superior de la Judicatura en un plazo de dos años, pero finalmente tampoco por ese medio se dio cumplimiento.
Esto finalmente tuvo un punto de conclusión con la Ley 1285 de 2009, a través de la cual se reformó la constitución de la rama judicial y se decidió no incluir la jurisdicción agraria. Más adelante se expidió el Código General del Proceso, que dispuso la derogatoria de los apartados procesales del Decreto 2303 de 1989.
Hoy, tras una larga historia de violencia en el país muy ligada a la tenencia de tierra y a los problemas agrarios, donde no se ha terminado de dar —o de iniciar efectiva y eficazmente— una reforma rural integral, en un panorama en el que muchos de los predios del campo carecen de títulos—en especial los de pocas hectáreas— y en el que las propiedades de los llamados “terceros de buena fe” siguen siendo protegidas —incluso cuando sobre estos han caído históricamente muchas denuncias—, la especialidad agraria sigue haciendo parte de una deuda histórica no resuelta con las víctimas del conflicto en las zonas rurales del país.