Por: Anamaría Corrales Acevedo
El 20 de octubre de 2018, Argelia, Cauca, volvió a ser noticia por la tragedia de cuatro integrantes del Ejército nacional que murieron en un accidente aéreo. De la aeronave aún falta información según el comunicado del Ejército, porque “establecer la causa de lo ocurrido requiere del análisis del equipo de investigación técnica especializada de la DAVAA, quienes ya se encuentran en desplazamiento al lugar de los lamentables hechos. La aeronave y su tripulación se encontraban en el desarrollo de una operación militar desplegada por la Brigada Contra el Narcotráfico en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General, en la vereda Los Picos del municipio de Argelia, Cauca, en donde fue desmantelado un gigantesco cristalizadero”.
De manera simultánea, circuló por redes la denuncia de la desaparición forzada de María Caicedo, integrante de la Asociación de Mujeres Campesinas de Argelia (AMAR); de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia (Ascamta), filial a Fensuagro – CUT; de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam); del Proceso de Unidad Popular del suroccidente Colombiano (Pupsoc) y de la coordinación social y política Marcha Patriótica.
Además, también se conoció un vídeo del 19 de octubre de 2018 en el que campesinos discutían con el Ejército, aparentemente antes del episodio del helicóptero. Frente a las afirmaciones de un militar sobre que “el pueblo colombiano desafortunadamente tiene como economía este cáncer del narcotráfico” y que “vamos pensando todos acá, como pueblo colombiano, en dedicarnos a otra cosa, vamos pensando eso y quitándonos eso en la sustitución”, un campesino le responde: “Hace años que lo estamos buscando”.
¿Cómo ha sido el proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito?
Desde diciembre de 2015, delegados campesinos y representantes del gobierno nacional, la Gobernación de Cauca y la Alcaldía de Argelia acordaron una ruta de trabajo para “el proceso de concertación sobre el tema de desarrollo territorial integral y sustitución de cultivos”. Ese espacio se dio como reacción a las manifestaciones realizadas a raíz de la muerte del campesino Miler Bermeo Acosta y las heridas producidas a otros tres, el 19 de noviembre de 2015. El día anterior tres integrantes del Ejército quedaron heridos por un artefacto explosivo en una operación de desmantelamiento de una fábrica de minas antipersonales.
En el marco de esa ruta de trabajo concertada, el 11 de mayo de 2016 se realizó en Argelia el Foro Paz, Posconflicto y Desarrollo Territorial para “generar un espacio de interlocución sobre el desarrollo territorial y la superación del fenómeno de los cultivos de uso ilícito con las autoridades y organizaciones sociales y campesinas de este municipio, históricamente vulnerado por el flagelo del conflicto armado y el narcotráfico” e implementar la estrategia del gobierno para la sustitución de cultivos ilícitos desde la confianza, el fortalecimiento de la legitimidad del Estado, el diálogo entre las autoridades públicas y las comunidades, y la participación ciudadana en la planeación y toma de decisiones. Allí, los campesinos reafirmaron su decisión de entrar a la legalidad cumpliendo los compromisos planteados. No a cualquier precio sino con desarrollo y cumplimiento por parte del Estado; por eso en el Foro se trataron temas de educación, salud, desarrollo económico, la defensa del territorio y el reconocimiento de la Zona de Reserva Campesina del Sur del Cauca, solicitada desde 2014. Los campesinos de Argelia resaltaron que están organizados por el bienestar de sus comunidades y que lo que han tenido es tesón, resistencia y voluntad, como lo manifestaron en el suceso de este 19 de octubre de 2018.
A pesar de la intención del Consejero Pardo que “aseguró que el objetivo es acercarse a la comunidad para crear acuerdos conjuntos que contribuyan a la reconciliación y el desarrollo de la región”, poco de desarrollo y reconciliación se viven allí.
Casi un año después, el 29 de marzo de 2017 una carga explosiva hirió al campesino Arleyo Cerón Pérez “cuando una patrulla de soldados de la Brigada Móvil 29 atravesaba por la zona”.
En el marco del Acuerdo Final de Paz, la salida de las FARC-EP, que ejercían control, y la demora del control estatal (tanto de fuerzas militares como de la institucionalidad civil) ha hecho más y más vulnerable a la gente y a su territorio, corredor disputado hoy por bandas, guerrilla del ELN y narcotraficantes. El Gobernador Óscar Rodrigo Campo afirmó, el 19 de enero de 2018, que “la agenda hoy apunta a atacar economías ilegales que aún persisten, particularmente el narcotráfico y la minería ilegal. Son las que amenazan la convivencia ciudadana y tienen que ver con la disputa en el dominio de corredores estratégicos para la delincuencia […] Se están redoblando esfuerzos con el Ejército, la Policía y la Armada para contrarrestar su accionar y evitar su expansión, pero se requiere también que el Gobierno Nacional sea más eficiente, porque no lo ha sido […] El Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, en particular frente a la atención inmediata, que es el que ofrece recursos a los campesinos para que cambien la coca por otro tipo de cultivo y así puedan acceder a la formalidad, no ha sido efectivo. De verdad, estamos bastante colgados”.
A los pocos días, el 21 de enero de 2018 ocurrió otra tragedia, cuando en “una incursión armada en el corregimiento de El Plateado, Argelia, sur del Cauca, dejó como resultado tres personas muertas, así como varios heridos, según fue confirmado por el alcalde de esta localidad, Diego Aguilar «[…] La gente de la zona informó que fueron once sujetos que llegaron en un campero color verde a El Plateado, para adelantar esta masacre. Las víctimas son campesinos de la zona, el tema es complejo porque en la zona hay presencia de grupos al margen de la ley”. Tras el Consejo de Seguridad realizado en Argelia al día siguiente, el Comandante de la Tercera División del Ejército, el Brigadier General Jorge Horacio Romero, dijo: “tenemos una firme convicción con los representantes de las juntas de acción comunal de iniciar la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, sabemos que la ilegalidad genera este tipo de eventos traumáticos para las comunidades, pero de la mano de la institucionalidad, Gobierno nacional, Policía y Ejército, estaremos asistiendo a las comunidades para que ingresen a la legalidad”. Posteriormente, el 2 de febrero de 2018, el entonces Vicepresidente Óscar Naranjo lideró en Argelia una Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas -Ciprat-: “Las decisiones tomadas deben ser garantías para que la situación de Argelia reciba una respuesta integral del Estado no solo en términos militares, policiales, judiciales, sino también de atención social. Las medidas, que se diseñaron a partir de una serie de recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, son: actualizar el mapa de riesgos del municipio, aumentar la presencia de la fuerza pública, de la Fiscalía General de la Nación y del alto Gobierno con el programa de sustitución de cultivos ilícitos”.
Dos días después, el 4 de febrero se realizó también en Argelia un Consejo de Posconflicto, instalado y coordinado por el antiguo Alto Consejero, Rafael Pardo. Nuevamente, el gobernador señaló la necesidad de revisar la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución: “entendemos que si no avanzamos en materia de sustitución, en materia de inversión de importantes proyectos sociales […] pues vamos a perder terreno, el terreno que hemos ganado”.
El 17 de marzo de 2018 los campesinos de Argelia firmaron masivamente el Acuerdo colectivo de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito (14 núcleos veredales, 8094 familias y 3195 recolectores). El paso siguiente sería la inscripción de cada familia y de cada recolector reconocido por la Asamblea Comunitaria.
En el Consejo Asesor Territorial de Cauca, el 2 de mayo de 2018, de nuevo el Gobernador del Cauca reclamó los planes y las alternativas: “Nosotros estamos trabajando con la Fuerza Pública para golpear las diversas bandas criminales que se quieren apoderar de los territorios, pero es importante contar además con unos planes fortalecidos, que la parte operativa nos muestra los resultados que esperamos, que las comunidades tengan alternativas reales en asistencia técnica y posibilidades en la elección de su cadena productiva”. En el mismo escenario, el Alcalde de Argelia, Diego Aguilar, ratificó el compromiso y los pendientes: “Nosotros esperamos que el gobierno nacional nos informe cómo va a llegar a los territorios en el caso de Argelia la gente quiere acogerse al programa, los campesinos entendieron que el programa es la salida de la ilegalidad, lo importante es iniciar la concertación y que lleguen las ayudas de manera rápida para iniciar con otros productos”.
Luego, el 3 de julio de 2018 se dio la llamada “Masacre de Argelia”, con siete campesinos encontrados en la zona.
Dos años largos tuvieron que pasar en Argelia entre la definición de la ruta de trabajo acordada entre campesinos y gobierno y la firma del Acuerdo Colectivo municipal. Y no cualesquiera dos años. Durante ese tiempo se firmó el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo en el marco de las conversaciones de paz en La Habana, el Acuerdo Final de Paz con las FARC-EP, el Frente 60 abandonó el territorio hacia la Zona Veredal Transitoria de Normalización -ZVTN- según el proceso acordado, y claramente otras fuerzas tomaron control. Dos años en que mientras los campesinos siguieron dedicados a la actividad, y los líderes y gobierno buscando rutas de diálogo y acuerdos, el negocio siguió intacto y otras fuerzas se reacomodaron.
Ahora van siete meses desde la firma del Acuerdo colectivo sin avances. Una de las explicaciones de las demoras pareciera ser el rigor de las exigencias de los campesinos. Pareciera que por más exigentes, menos derechos. ¿Es mejor quedarse callados? ¿O son presiones de narcotraficantes y grupos alzados en armas que se lucran de la ilegalidad? ¿O se trata de construcción conjunta y participativa, con garantías, como reza el PNIS (Artículo 7 del Decreto Ley 896 del 29 de mayo de 2017.
Hasta hoy no se han dado las inscripciones individuales, proceso que no depende de las comunidades, sino de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, cuya población beneficiaria son las “familias campesinas en situación de pobreza que derivan su subsistencia de los cultivos de uso ilícito” que en el caso de Argelia ya firmaron el Acuerdo colectivo. El narcotráfico y los capos tienen otra ruta de tratamiento que no corresponde a esta Dirección. Sigue pasando el tiempo y sigue habiendo narcotráfico, muertos, desaparecidos y confrontaciones como los de este 19 de octubre de 2018.
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