Así avanzan las mesas de negociación con las disidencias

Por: Paola Marín

Dos hechos han puesto a tambalear las dos mesas que avanzan con las disidencias de las FARC-EP. Por un lado, la detención de “La Araña”[1], negociador de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, grupo que surgió tras la fragmentación de la Segunda Marquetalia, genero serias dudas, sobre las garantías frente a los procesos de negociación. Y, por otro lado, la arremetida del ELN, en el Catatumbo, contra el Estado Mayor de Bloques y Frentes -EMBF- la cual dejo gran impacto en las filas de esta organización armada. Sin embargo, el fin de semana del 15 de marzo, se empezaron a ver salidas ante estos escenarios de crisis.

¿En que va la negociación con la Coordinadora Nacional – EB?

Los días 14 y 15 de marzo del 2025, se reunieron nuevamente las delegaciones del Gobierno Nacional y la Coordinadora Nacional EB, con el fin de reactivar la mesa de negociación entre las partes. Dentro de los acuerdos, se resalto la necesidad de retomar los compromisos firmados el 12 de febrero del 2025. Entre estos compromisos, se destaca la instalación de tres subcomisiones claves: la subcomisión del Acuerdo #3 sobre Transformaciones Territoriales, que identificará los polígonos donde se ejecutará un Plan Piloto de transformación territorial para la transición a economías legales en los departamentos de Putumayo y Nariño; la subcomisión del Acuerdo #4 de Garantías de Seguridad para los diálogos de paz, orientada a la construcción de los documentos necesarios para la planificación y puesta en marcha de un Cese al Fuego Bilateral, Temporal y local/territorial; y la subcomisión del Acuerdo #5 sobre el Marco Judicial de la Paz Total, que abordará la situación jurídica de los combatientes pertenecientes a la Coordinadora Nacional EB, en conformidad con los instrumentos internacionales y las disposiciones constitucionales y legales vigentes.

Para la implementación de estos acuerdos, se establecieron fechas específicas y mecanismos de trabajo. Se adelantará un Taller de Capacitación sobre el Cese al Fuego dirigido por la Embajada de Suiza y la ONU, programado para los días 1 y 2 de abril de 2025, seguido por una sesión de la subcomisión el 3 de abril. Posteriormente, la sesión #4 de la Mesa de Diálogos de Paz se llevará a cabo entre el 7 y 9 de abril con la participación de los Países Garantes, Entidades Acompañantes y Observadores Militares. Finalmente, el 10 de abril se realizará el relanzamiento oficial de la Mesa de Diálogos para evaluar los avances y presentar los compromisos alcanzados, con el respaldo de las comunidades como un factor clave para la sostenibilidad del proceso de paz.

[1] https://www.pares.com.co/post/la-detenci%C3%B3n-de-la-ara%C3%B1a-pone-en-jaque-los-di%C3%A1logos-territoriales-con-la-coordinadora-nacional-ej%C3%A9

Seguramente, uno de los avances más significativos se dará en el marco de la instalación de la subcomisión del Acuerdo #5 sobre el Marco Judicial de la Paz Total, que abordará la situación jurídica de los combatientes. Debido a que hasta el momento no se ha establecido un marco normativo claro que garantice una salida jurídica viable, al igual que la construcción de un mecanismo definido que regule su tránsito a la legalidad genera incertidumbre tanto para los miembros de la Coordinadora como para el propio Estado, especialmente en lo referente a su responsabilidad penal, los beneficios jurídicos a los que podrían acceder y la compatibilidad de su proceso con instrumentos como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Transformaciones territoriales en el marco de las negociaciones con Calarcá.

Por su parte, las delegaciones negociadoras del EMBF y de gobierno nacional, se reunieron en La Macarena, Meta, el fin de semana. Junto con entidades estatales, gubernamentales y organizaciones campesinas de diferentes partes de la región de la Amazonia, para participar de la construcción de propuestas territoriales conjuntas.

Del espacio que tuvo una duración de 3 días, permitió consolidar compromisos fundamentales en la defensa de los derechos humanos y la garantía de los derechos campesinos en consonancia con la protección de las áreas naturales. En este sentido, las organizaciones resaltaron la necesidad de avanzar en un equilibrio entre el desarrollo rural y la conservación ambiental, asegurando mecanismos que permitan la sostenibilidad del territorio y el bienestar de sus habitantes. Reiterando la importancia de acelerar procesos de ordenamiento territorial y delimitación de parques, aspectos cruciales para evitar conflictos socioambientales y consolidar una gobernanza participativa en la región.

Entre los puntos centrales de la discusión, la población manifestó la urgencia de avanzar en la consolidación de Zonas de Reserva Campesina como una estrategia clave para el reconocimiento de los derechos territoriales y productivos de las comunidades. Además, de insistir en la necesidad de fortalecer el diálogo y ampliar el cese al fuego bilateral entre el Gobierno y el EMBF, dado que su vigencia está próxima a concluir el 15 de abril. La continuidad de este mecanismo es un paso fundamental para generar confianza en las negociaciones y evitar una escalada del conflicto en las regiones donde este actor armado tiene presencia.

En las próximas semanas, se espera la realización del séptimo ciclo de diálogos entre el Gobierno y el EMBF, en el que se abordará la posibilidad de prorrogar el cese al fuego, junto con otros temas clave para la consolidación de acuerdos. Este nuevo ciclo representa una oportunidad para profundizar en los compromisos adquiridos en La Macarena y avanzar en la construcción de un marco de garantías que permita una paz más estable y duradera en los territorios. La expectativa de las comunidades y organizaciones presentes en el evento es que estas negociaciones conduzcan a resultados concretos en materia de protección territorial, derechos campesinos y desescalamiento del conflicto armado.

Finalmente, es importante resaltar que en el marco de los diálogos territoriales y como parte de los compromisos adquiridos para fortalecer la paz y la seguridad jurídica en las zonas rurales, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con el apoyo de la Mesa de Diálogos de Paz, entregó 63 títulos de propiedad a campesinas y campesinos en la región del Yarí, Caquetá. Desde la década de los 80’s no se entregaba un título de propiedad de tierras en la región. Por eso, este hecho se constituye en un hecho histórico, con la legalización de 8.200 hectáreas en la vereda El Triunfo de San Vicente del Caguán. Sin lugar a duda, esto representa un avance significativo en el reconocimiento de los derechos de las comunidades rurales que han habitado estos territorios por más de cinco décadas. La entrega de títulos no solo garantiza estabilidad y arraigo para 315 familias campesinas, sino que también sienta las bases para una política de acceso a la tierra en favor de la paz territorial. Este proceso se complementará con la legalización de 4.000 hectáreas adicionales, en respuesta a las solicitudes de campesinos que aún esperan la formalización de sus predios.