Por: Laura Bonilla
Colombia tiene un sistema político en la sombra que se basa en la intermediación. Nuestro sistema ha desarrollado un espíritu mafioso donde las reglas son públicas, aunque no formales. Curiosamente, aunque todo el mundo las conoce y comenta, cuando alguien pone el dedo en la llaga, la sociedad actúa como si no existieran.
El centro del sistema es el operador político. Éste o ésta pueden tener distintos niveles de poder o de tamaño. Usualmente pertenecen a un clan, grupo político o partido. Pueden tener carisma y liderazgo o carecer completamente de éste. Lo que los caracteriza es que mueven los votos, los cuentan, los organizan y de cierta forma también los garantizan.
Cada operador tiene su grupo, su equipo de confianza, que es usualmente un grupo de funcionarios que ubica hábilmente en distintos niveles de gobierno, según el tamaño de su influencia. El buen operador debe garantizar que su gente no quede desempleada. Por eso odia los concursos de mérito y dice cosas como “uno gobierna con los amigos”. Algunos de los beneficiarios, contratistas o funcionarios de operadores, han contado con la suerte que su operador pertenece a las élites políticas más estables, y por eso fueron considerados “tecnócratas”.
Los operadores pueden ser alcaldes, concejales, ediles. Los más poderosos son Representantes a la Cámara y Senadores. Algunos incluso llegan a ser ministros. Conocen al dedillo lo que llaman “el manejo político” que no es otra cosa que la distribución de burocracia que se hace a la tapada en el Congreso de la República, con la promesa de ir amarrando congresistas y coaliciones. No es, ni de cerca una competencia entre partidos por el normal cogobierno en las democracias. Es la bolsa de empleo más costosa del país, donde contrato a contrato se arma la gobernabilidad de un presidente, de un alcalde o de un gobernador.
Los operadores – porque así los obliga la ley – tienen un partido político, pero pueden perfectamente cambiar a conveniencia de ideología y de proyecto. No quiere decir que no tengan ideas o pensamientos propios. Sólo que aquellos que llevan muchos años en la política aprendieron con el tiempo el sutil arte de la adaptación. Al final de cuentas, dentro de los partidos políticos los mejores lugares son para los operadores más exitosos.
Un operador debe garantizar los fondos para sus propias campañas, hoy en día costosísimas. No cualquiera puede ser operador. Incluso por esa razón hay más operadores que operadoras –nosotras no tenemos el mismo acceso a fondos-. Entre más costosa la campaña, el operador buscará con mayor ahínco aquellos contratos públicos que le permitan derivar recursos a su “proyecto político”, sea cobrando coima a aquellos funcionarios que ayudó a ubicar, o cobrando su intermediación. Hay regiones en las que ser operador es el nuevo “narco”.
Cada elección nacional los candidatos corren a buscar operadores. Sneyders, Olmedos, Yidis, Aídas, Musas, Ñoños, Gneccos. Aquellos políticos – ya asentados en Bogotá – y que posan de impolutos, pero controlan los recursos centrales y dan avales, siempre tendrán operadores prescindibles en las regiones. Entre más vulnerable sea el departamento o el municipio, mayor riesgo para el operador, que lo sabe y trata de protegerse. Ahí, cuando el operador se descubre es cuando se destapan los escándalos: El 8.000 con Santiago Medina o la Parapolítica con Miguel Pinedo. Olmedo con la UNGRD. Pagan cárcel, las cosas siguen su rumbo.
La política tradicional adora que seamos un Estado Contratista. Sin él, desde las OPS hasta tener que buscar operadores logísticos para cada reunión, pasando por grandes obras de infraestructura, la intermediación en la contratación es la que ha hecho de muchos de nuestros políticos una élite económica, mientras mantienen la pantomima de un sistema democrático. Con fallas, pero funcional. Para ellos.
Por eso, cuando el presidente Petro pedía perdón a la sociedad colombiana por haber nombrado a Olmedo López en la UNGRD una parte de mí sentía que por fin había reconocimiento de responsabilidad política por la corrupción. Me gustó también la forma en la que el presidente reconociera en ésta un problema endémico. No obstante, creo que seguimos encerrados en un mal diagnóstico: nos enfocamos en darle duro a las personas y suave a los problemas. Echamos la carne a los leones, vemos el circo y vamos a casa. A esperar el próximo.
PD: En Colombia los grupos armados han extorsionado y cobrado del erario público desde que tenemos guerra. Nada nuevo bajo el sol. Lo dijo el propio Juan Carlos Martínez – político preso por narcotráfico: En este país da más una alcaldía que un cargamento.