Por: Línea de Gobernabilidad y democracia
Desde 2002 el Programa de Alimentación Escolar se institucionalizó como un programa social del Gobierno Nacional a cargo del Ministerio de Educación en un ejercicio de responsabilidades administrativas concurrentes con municipios y departamentos para reducir la deserción escolar en las instituciones educativas públicas.
Implementaciones del programa tan exitosas como el que hizo la alcaldía de Lucho Garzón en Bogotá, invitaron a que el PAE se volviera nacional. Estandarizar el programa facilitó la expansión de la iniciativa que para el año 2011 pasó definitivamente del ICBF al Ministerio de Educación Nacional, asociando su desarrollo a la meta de tener coberturas universales, incrementar la matrícula, reducir el ausentismo y mejorar la función cognitiva de los escolares
Durante el año 2023 el presupuesto del orden nacional destinado al financiamiento del Programa de Alimentación Escolar aumentó, pasando de un poco más de 1 billón de pesos, a 1.2 billones, aumentando la cobertura al 79.4% de estudiantes vinculados al sistema.
En este basto informe se toman los departamentos de Atlántico, Valle del cauca, Norte de Santander Antioquia y Chocó para evidenciar uno de los escándalos de corrupción que más indignan a los colombianos: el robo a los niños más pobres del país. Hay municipios, como Soledad, que están completamente dominados por políticos locales como es el caso de Eduardo Pulgar. Los contratistas del PAE salieron de su larga manga. El futuro del Programa de Alimentación Escolar tiene para Soledad un panorama de incertidumbre en manos de una operadora política de un ex senador condenado por corrupción que cada vez está más vigente detrás del telón de la política del país. En Barranquilla los que siguen manejando el PAE son los Char, amos y señores de la ciudad a pesar de los ruidos que generan. La capital del Atlántico ejecutó entre 2020 y 2023 un presupuesto superior a los 150 mil millones de pesos y que para 2024 espera llegar a los 99 mil millones de pesos, con un aumento de un 33% con respecto a los 66 mil millones que costó en la vigencia 2023. Dirigido, además, para atender a 130.000 estudiantes, ubicados en las 154 instituciones educativas certificadas por el Ministerio de Educación Nacional.
Los grandes contratistas del PAE en Barranquilla son familias como los Navarro Polanía quienes siguen mandando la parada a través de empresas suyas como la Vianda.
En Antioquia uno de los grandes barones electorales, el senador conservador Carlos Andrés Trujillo es quien ha manejado buena parte del PAE. En Antioquia este programa se convierte en una suculenta torta por lo cuantiosos de sus recursos. Tan solo en los municipios de Bello, Itagüí y el Distrito de Medellín se gastaron aproximadamente 730 mil millones de pesos entre los años 2020 a 2024. En Itagüí el control ejercido por el senador Trujillo es total. La comunidad se quejó del mal manejo del PAE en ese municipio e incluso en el 2022 el diario El colombiano tituló “La comida del PAE en Itagüí es incomible”. En dicha nota se mencionan diferentes irregularidades en la prestación del servicio del Programa de Alimentación Escolar de Itagüí (PAE), como demoras en la operación del programa y malas prácticas en la preparación de las raciones en sitio, evidenciando la inconformidad de los estudiantes, padres y docentes.
En Medellín la llegada en el 2018 de Daniel Quintero constituyó cualquier otra cosa menos que el cambio que se esperaba. El caso de la Secretaría de Educación es uno de los más relevantes alrededor de la alcaldía de Quintero, ya que se vio inmersa en múltiples escándalos por la contratación del Programa de Alimentación Escolar. El más sonado fue por el contrato No. 4600085448 del 2020, efectuado con Colombia Avanza, donde se ve implicada la ex secretaria de Educación, Alexandra Agudelo Ruíz por presuntas irregularidades.
Conforme al análisis realizado durante el año 2020 hasta 2024, se evidencia que siempre participan las mismas empresas y en la mayoría de los casos se presentan como únicos proponentes, lo cual genera inquietudes en el proceso de contratación pues no hay más empresas interesadas en ejecutar el PAE de Medellín, siendo un PAE que ostenta valores bastante considerables.
Este informe tiene un capítulo especial sobre el Chocó en donde le mete la lupa a uno de los departamentos más saqueados por la corrupción.
Cúcuta no es la excepción. Lleva muchos años en manos de unos pocos contratistas. Durante los últimos 4 años, el PAE de la ciudad de Cúcuta ha tenido un valor de $139.418.780.300, habiendo sutiles variaciones a lo largo de cada año, siendo 2022 el año en el que más recursos tuvo (pues el valor inicial del contrato fue de $ 35.453.087.586), pero con un incremento cercano de $10 mil millones durante toda la gestión del alcalde Jairo Yáñez.
Un denominador común a lo largo de estos años analizados ha sido la presencia de empresas y fundaciones vinculadas a megacontratistas y cárteles empresariales que han sido cuestionados en diversas regiones del país. Es reseñable la cantidad de lazos existentes con empresas y figuras relacionadas con el "zar de la contratación", Juan Carlos Manosalva, así como Carlos Duarte Valenzuela, quien hace parte de la red de contratistas y políticos que tiene control sobre el PAE en Santander, hasta la participación constante y permanente de empresas como Multiservicios Danisan S.A.S. en todos los procesos contractuales, por lo que las alertas activadas por veedores ciudadanos y otros proponentes sobre posibles conflictos de intereses y monopolización del programa no han cesado.
Cali al ser una ciudad con más de 2 millones de habitantes cuenta con uno de los Programas de Alimentación Escolar más grandes del país, alrededor de más de 60 mil millones de pesos por año, son invertidos, con el propósito de suministrar raciones alimentarias a más de 150.000 estudiantes. Cali, como veremos en el exhaustivo informe, también presenta varias irregularidades en contratación.
En este informe se encontrarán casos exóticos como la manera en la que se contrata en Itagüí, tierra del todopoderoso Julián Trujillo, senador conservador padrino de Olmedo López. Para hacer este informe se hicieron 75 derechos de petición y, esperamos, sirva de panorámica para contemplar el escándalo de corrupción más asqueante que pueda sufrir Colombia.