Por: León Valencia
Fotos tomadas de: W Radio y El Colombiano
En la próxima Feria del Libro de Bogotá, el 20 de abril del 2024 a las cinco de la tarde en el Gran Salón C, se llevará a cabo el lanzamiento del libro Parapolítica, Historia del mayor asalto a la democracia en Colombia, un estudio editado por Planeta y liderado por León Valencia que aborda los últimos 20 años después de que estallara el escándalo que terminó con 86 congresistas condenados y por el que las AUC intentaron legitimarse como un actor político. Éste es, en exclusiva, un aparte del libro que describe el momento en el que Álvaro Uribe fue detenido en el 2020 culpado de haber manipulado testigos para que incriminaran a uno de sus enemigos políticos, el senador Iván Cepeda.
IVÁN CEPEDA LLEVA A URIBE A PRISIÓN
Iván Cepeda Castro siguió la senda de Gustavo Petro en el Congreso de la República. Llegó a la Cámara de Representantes en el 2010 en las listas del Polo Democrático Alternativo; luego, en 2014, saltó al Senado donde se mantiene hasta hoy. En ambas cámaras ha dedicado sus esfuerzos a buscar protección para las víctimas del conflicto armado, a investigar las andanzas de los paramilitares y los desmanes de la fuerza pública; y, al mismo tiempo, ha buscado con afán la paz del país. En cumplimiento de esas tareas ha adelantado vibrantes debates en el Congreso, ha incubado procesos judiciales de gran alcance y ha contribuido de manera especial a los acuerdos de paz con las Farc y el ELN.
Se vinculó a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes y en esas funciones empezó a visitar las cárceles del país para indagar sobre la crisis carcelaria y la grave situación que viven la mayoría de las personas privadas de la libertad. En 2011 se entrevistó con Juan Guillermo Monsalve y con Pablo Hernán Sierra en las cárceles de Itagüí y Cómbita. Eran reconocidos paramilitares que querían dar testimonio sobre lo acontecido en Antioquia. Fueron ellos los que pidieron la entrevista. Cepeda acudió con todas las precauciones legales y éticas.
Juan Guillermo Monsalve, hijo de Óscar Monsalve, antiguo administrador de la hacienda Las Guacharacas, contó cómo Álvaro Uribe Vélez, junto con sus socios Gallón Henao y Villegas Uribe, habían conformado el grupo paramilitar Bloque Metro, autor de masacres y asesinatos en el municipio de San Roque, Antioquia.
Pablo Hernán Sierra, jefe del Bloque Cacique Pipintá, de las Autodefensas Unidas de Colombia, que hizo presencia en algunas regiones de Antioquia, Risaralda y Caldas, también aseguró que Álvaro Uribe había contribuido a la fundación de las autodefensas y presentó pruebas de esta acusación.
Con esas declaraciones Cepeda se fue a la Fiscalía General de la Nación y le pidió a la fiscal Viviane Morales que investigará la verdad sobre estas afirmaciones. Morales inició las indagaciones, pero a los pocos meses renunció a su cargo y estas investigaciones quedaron en suspenso. También propició los primeros debates en la Cámara dándole mayor vuelo y veracidad a todas las acusaciones que había realizado Gustavo Petro en 2007.
Muy pronto empezaron las presiones sobre estos dos testigos y se produjo el primer atentado contra Juan Guillermo Monsalve. Cepeda se puso en la tarea de buscar el traslado de Monsalve a la Cárcel La Picota de Bogotá donde se produjeron una diversidad de acontecimientos que convirtieron a este reo en el hombre clave de las enormes dificultades judiciales que ha vivido Álvaro Uribe en los últimos años.
Se supo también que Uribe estaba muy inquieto con las declaraciones de Monsalve y Sierra y que se estaba moviendo para conseguir testigos que desvirtuaran las afirmaciones de estos dos paramilitares o, incluso, encontraran la manera de que ellos se desdijeran de sus afirmaciones. Logró lo primero, pero no lo segundo. A lo largo de diez años Uribe le ha encomendado su defensa a una variedad de abogados entre los más hábiles y astutos del país, y ha presentado cerca de veinte testigos para echar al suelo los testimonios presentados por Iván Cepeda.
Cepeda tuvo sus dos mejores momentos en 2014 y en 2018. En septiembre de 2014 organizó un potente debate en el Senado. Lo que había denunciado Petro adquirió un nuevo sentido con las múltiples declaraciones de los paramilitares en los proceso de Justicia y Paz; con las condenas a decenas de líderes políticos y funcionarios públicos cercanos al expresidente; con la aparición de Monsalve y de Sierra como testigos estelares; y con un extraño hallazgo en el allanamiento al llamado “Parqueadero Padilla” en la ciudad de Medellín. Las denuncias sobre las fincas Guacharacas y La Carolina; las acusaciones sobre las responsabilidades en las masacres de La Granja y El Aro; las “chuzadas del DAS”; y el enfrentamiento con la Corte Suprema de Justicia; todo tenía una nueva lectura.
Lo encontrado en el Parqueadero Padilla. En 1998 hombres del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía, bajo el mando de Iván Velásquez, allanaron un parqueadero de motos esperando encontrar en sus instalaciones una fábrica de uniformes camuflados para los paramilitares. Los funcionarios recibieron una enorme sorpresa. No había uniformes. En su lugar encontraron una variedad de documentos comprometedores. Jacinto Alberto Soto Toro, conocido con el alias de Lucas, en compañía de varias mujeres, destruía presuroso toda clase de papeles y disquetes con información y evidencia del manejo financiero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, también los listados de contactos de los grupos paramilitares con miembros de las fuerzas armadas y políticos. Encontraron cerca de 500 cuentas de banco y evidencias de 40.000 transacciones, así como un listado de empresas privadas que financiaban el paramilitarismo. Allí estaban registrados los dineros con los que se financiaron las masacres de La Granja y El Aro y los que sirvieron para dar vida al Bloque Metro de las Autodefensas. El hombre que trataba de destruir afanosamente las pruebas era, de acuerdo con los documentos, el “comandante financiero”, un poderoso paramilitar.
Esa contabilidad registraba que el periodo de mayor movimiento se ubicaba claramente en los años en que Álvaro Uribe se desempañaba como gobernador de Antioquia y alias Lucas, el financiero, presuntamente, sostenía una relación estrecha con el mandatario. En los expedientes de Justicia y Paz se registra el testimonio de Hébert Veloza, alias HH, quien dice lo siguiente sobre Jacinto Alberto Toro, alias Lucas: “Para el año de 1995 manejaba todas las relaciones en Medellín, él cargaba un beeper y decía que era el beeper del gobernador, que en ese momento era Álvaro Uribe. Alias Lucas era la persona que manejaba las relaciones con políticos, empresarios y fuerza pública, cuando ellos querían montar un grupo, él manejaba las finanzas de los Castaño en Medellín”.
Iván Cepeda lleva en su corazón el dolor de las víctimas. Esa ha sido la motivación principal de su vida pública. Cuando apenas tenía tres años salió del país con su familia huyendo de las persecuciones que se desataron a mediados de los años sesenta del siglo pasado. Volvió al país en la adolescencia y salió de nuevo en la juventud a estudiar su carrera de Filosofía en Bulgaria. En 1994 fue asesinado su padre, Manuel Cepeda Vargas, en las calles de Bogotá, pero antes había visto caer a Bernardo Jaramillo, candidato presidencial de la Unión Patriótica, con quien había librado sus primeras batallas políticas y a miles de miembros de ese partido en acciones que han sido calificadas por los organismos internacionales como un pavoroso genocidio.
Con esa angustia a cuestas participó primero en la creación de la Fundación Manuel Cepeda Vargas para esclarecer el crimen de su padre y buscar justicia; y luego, en junio de 2005, en el Segundo Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad y Violaciones a los Derechos Humanos, se puso a la cabeza del Móvice, Movimiento de Crímenes de Estado.
Después, cuando empezó el acoso judicial, buscó el amparo del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el más avezado equipo jurídico en el campo de la defensa de los derechos humanos. De esos movimientos ha sacado la fuerza y la entereza para acudir a los debates, pero también la copiosa información con la que se ha ganado un puesto de honor en el Congreso y en los estrados judiciales.
En el debate de septiembre de 2014 dio, además, muestras de enorme paciencia y de una probada serenidad. El expresidente Uribe había llegado al Senado a la cabeza de una gran bancada y movió cielo y tierra para impedir que Cepeda presentara ante el Congreso y ante el país las numerosas pruebas de las alianzas del uribismo con los paramilitares. El Centro Democrático no pudo impedir el debate, pero logró que la Comisión de Ética interviniera para ponerle límites a los temas y a las alusiones al uribismo. Aun así, la bancada uribista se retiró del recinto apenas empezaron las disertaciones. De otro lado, los encargados de llevar al recinto y a la transmisión pública las imágenes y las palabras de los testigos y de notas de los medios de comunicación, se dedicaron a sabotear la tarea. Entre tanto el presidente del Congreso, Jimmy Chamarro, interrumpió frecuentemente a Cepeda para recordarle lo dicho por la Comisión de Ética. En ese ambiente confuso y crispado, Cepeda, con la calma de un monje tibetano, fue desgranado datos y testimonios sobre el grave daño que le había hecho y le seguía haciendo la parapolítica a la democracia colombiana.
Álvaro Uribe salió furioso del recinto y se fue a la Corte Suprema a mover las cartas y las grabaciones recolectadas por sus abogados que señalaban a Iván Cepeda de acciones ilegales para obtener los testimonios de los paramilitares Monsalve y Sierra. Sus gestiones ante la Corte habían empezado en 2012, con ocasión del primer debate en la Cámara de Representantes, donde Uribe acusó a Cepeda de los delitos de abuso de la función pública, calumnia, fraude procesal y falso testimonio en calidad de determinador. La Corte, avisada de graves irregularidades en la acción de los abogados de Uribe, empezó a indagar a doble vía. Por un lado, a buscar la verdad de las acusaciones sobre Cepeda y, por otro lado, a verificar la autenticidad de los testigos del expresidente y en ese momento senador.
La acusación de Uribe se convirtió en un búmeran. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de abrir investigación penal en contra del senador Iván Cepeda Castro. La Corte encontró que no había mérito para investigar al senador Cepeda por tales delitos, y que, en cambio, sí lo había para ordenar la investigación contra al senador Álvaro Uribe Vélez por, presuntamente, haber manipulado testigos contra Cepeda. De igual forma solicitó al magistrado ponente un informe sobre los avances en la investigación del caso sobre la masacre de La Granja, en el cual se investigan las actuaciones de Uribe Vélez cuando se desempeñó como gobernador de Antioquia, y que se encuentra engavetada en el despacho del magistrado Malo Fernández desde el 2014, quien fue condenado posteriormente por corrupción.
En la mañana del jueves 1 de febrero de 2024 llamé a Iván Cepeda, estaba en La Habana en uno de los ciclos de negociación con el ELN, quería saludarlo, reiterarle mi agradecimiento por los esfuerzos que hace por la paz del país y preguntarle algunos detalles de lo que ha sido su larga batalla por esclarecer muchos de los episodios oscuros de la parapolítica. Aludí al sacrificio y al riesgo que había implicado su dedicación. “Sí, amigo León”, me dijo, “ha sido duro. Pero también ha tenido muchas satisfacciones y alegrías. Debe saber que, en 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia se inhibió de investigarme y abrió la indagación sobre las acciones de Uribe en mi contra, estaba en el momento más difícil del cáncer que afrontaba, la noticia fue como un extraño remedio, empecé a mejorar a pasos acelerados”. Me conmovió saber estas intimidades de su lucha.
Uribe, por primera vez, sintió pasos de animal grande. En este caso la Corte contaba no solo con testimonios sino con pruebas fotográficas y audios que lo comprometían, obtenidos mediante la sala de interceptaciones Esperanza de la Fiscalía General de la Nación a paramilitares involucrados en el montaje. Por otra parte, la orden de investigación no se dirigía a la Comisión de Acusaciones donde reposan sin resultado alguno cientos de órdenes similares, sino a la misma Corte, dado que se trata de actuaciones de Uribe Vélez como senador y no como presidente.
En efecto, el 4 de agosto de 2020, la Corte Suprema ordenó la detención de Álvaro Uribe y le concedió el beneficio de domicilio por cárcel. Lo acusa de los delitos de soborno, manipulación de testigos y fraude procesal. El 18 de agosto el senador Uribe renunció al Congreso para evadir el proceso ante la Corte Suprema de Justicia y pedir el paso de su expediente a la Fiscalía General de la Nación. Así empezó el tortuoso camino de investigar y juzgar a Uribe en la justicia ordinaria. En el momento en que escribimos este libro asistimos a una de las tantas dilaciones y maniobras del proceso.
No sabemos cómo terminará este proceso contra Uribe. Lo que sí sabemos es que en estos doce años Iván Cepeda ha brillado por su transparencia, su tenacidad y su capacidad para acopiar información cierta sobre la parapolítica.