Por: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana; Línea Paz, Posconflicto y Derechos humanos
Las subregiones del Norte, Nordeste y Bajo Cauca Antioqueño se han caracterizado por ser zonas de amplia explotación minera, principalmente de oro. Esta particularidad ha configurado distintas dinámicas de extracción que pasan por minería legal, minería ancestral e informal, y también minería ilegal a gran escala. Esta última ha sido impulsada y controlado por el Clan del Golfo, actor armado dominante en estas regiones del país, el cual ha logrado consolidar su control territorial en distintas esferas de la vida económica, social y política ante una institucionalidad que no ha logrado garantizar los derechos de la población que habita el territorio. Este escenario ha propiciado un espacio en el que convergen la ilegalidad, la vulnerabilidad económica y la violencia armada.
En este contexto, se viene adelantando el Paro Minero que, a dos semanas de su inicio, ha aumentado las tensiones entre la población, fuerza pública, Clan del Golfo, alcaldías, gobernaciones e incluso altos cargos del Gobierno Nacional. A continuación, se hace una recapitulación de registros de prensa que contribuyen a entender el conflicto en la región.
Como antecedente a la situación actual, se tiene una primera mención al Paro Minero en septiembre de 2022. Para entonces, el medio HSB Noticias recogió el testimonio de Rubén Darío Gómez Cano, vocero de la Confederación Nacional de Mineros, quien afirmó:
El punto de partida es lo que se presentó la semana pasada y antepasada, cuando las fuerzas operativas destruyeron una serie de dragas, minidragas y pequeñas balsas de mineros ancestrales y tradicionales en el marco de la supuesta minería ilegal y el Clan del Golfo en los municipios de El Bagre, Zaragoza y Caucasia (HSB Noticias, 24 de febrero de 2022).
Lo anterior, con referencia a las operaciones de la fuerza pública en contra de la explotación aurífera a pequeña escala. Adicionalmente, el 19 del mismo mes, actores armados ya habían obligado la suspensión del transporte fluvial entre los municipios de Nechí y Zaragoza (Bajo Cauca), afectando también los corregimientos de Charcón, en el municipio de Anorí.
Después de cuatro días de paro en ese momento, se logró llegar a un acuerdo para el levantamiento de los bloqueos. En la mesa de conversación instalada en Caucasia participaron funcionarios de la Defensoría del Pueblo, representantes del Ejército y la Policía Nacional, representantes del gobierno departamental en cabeza del secretario de Seguridad y Justicia, Oswaldo Juan Zapata Luján, y el secretario de Minas, Jorge Jaramillo Pereira, así como voceros de los mineros artesanales. Los acuerdos quedaron plasmados en un documento de siete puntos en el que se acordó “la suspensión de operativos contra minidragas hasta que no se cree un protocolo que identifique y caracterice tecnología, máquinas y sustancias empleadas por los participantes de las protestas en sus labores mineras, y también que se propiciará un diálogo vinculante para lo que será la construcción de reformas al Código Minero” (RCN Radio, septiembre 2022).
Imagen No. 1. Documento con los siete acuerdos entre el Gobierno y mineros del Bajo Cauca Antioqueño, septiembre 2022
Posterior a la firma del acuerdo, algunos mineros, inconformes con lo pactado, continuaron con los bloqueos de vías. Sin embargo, las protestas se apaciguaron rápidamente y no tuvieron un alcance mayor.
En el siguiente gráfico se muestra la variación de casos de intervención de minas ilegales en las subregiones de San Jorge (Córdoba), Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño (Antioquia) de enero de 2022 a enero de 2023:
Gráfico No. 1. Intervención de minas ilegales enero 2022 – enero 2023
Elaborado por: InfoVisible. Fuente: Ministerio de Defensa
Se observa una disminución de casos abrupta entre septiembre-octubre que pudo estar relacionada con el desarrollo del paro minero y la firma de los acuerdos. Aun así, a partir de noviembre vuelven a incrementar los casos, mostrando una tendencia creciente que va hasta enero de este año. Estos hechos se distribuyeron de la siguiente manera:
Mapa No. 1. Intervención de minas ilegales enero 2022 – enero 2023
Elaborado por: Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Ministerio de Defensa
También el mes de septiembre fue el que más casos de incautación de maquinaria amarilla por minería ilegal reportó, con un total de 109:
Gráfico No. 2. Incautación de maquinaria amarilla por minería ilegal enero 2022 – enero 2023
Elaborado por: InfoVisible. Fuente: Ministerio de Defensa
Mapa No. 2. Incautación de maquinaria amarilla por minería ilegal enero 2022 – enero 2023
Elaborado por: Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Ministerio de Defensa
Estos hechos podrían estar relacionados con el descontento de los mineros artesanales y las retaliaciones de los grupos armados. De todas formas, hasta febrero de este año las acciones de protesta por parte de los mineros cesaron.
El 11 de febrero de 2023, en el municipio de Nariño (Oriente Antioqueño), empezaron a circular mensajes en los que alias “Camilo”, cabecilla del grupo delincuencial Clan de Oriente, decretaba paro armado en el municipio. Según BluRadio, este paro “puede deberse a una retaliación, pues el día de ayer se destruyó una maquinaria con la que presuntamente el Clan de Oriente estaba realizando labores de minería ilegal en el río Samaná” (BluRadio, febrero 2023). La Policía desplegó un operativo en el municipio para garantizar el orden, de igual forma pidió a la población hacer caso omiso a estos mensajes. Por el momento, en esta región del departamento, el tema llegó hasta ahí.
El 21 de febrero el gremio de pequeños y medianos mineros del Bajo Cauca y Sur de Córdoba envió un pliego de peticiones al Gobierno Nacional en el que exponían su punto de vista y lo que solicitaban para darle solución a la problemática presentada, y anunciaron que se prepararían para dar inicio al Paro Minero en el Bajo Cauca y Sur de Córdoba a partir del 02 de marzo.
Imagen No. 2. Pliego de peticiones de pequeños y medianos mineros del Bajo Cauca y Sur de Córdoba al Gobierno Nacional, febrero 2023
El 25 de febrero 500 mineros informales restringieron la navegabilidad del río Nechí, evitando que la compañía Mineros Aluvial S.A. continuara con sus labores. Francisco Arrieta, vocero de la Mesa Minera del Río Nechí declaró lo siguiente:
Lo que estamos pretendiendo nosotros es que nos devuelvan tierras trabajadas por la minería, trabajadas por la empresa, tierras ya degradadas, donde produjeron un impacto ambiental enorme. No queremos tierras nuevas o vírgenes, las que ya trabajaron. Ya restringimos la navegabilidad para que Mineros Aluvial no pueda continuar con sus labores (Caracol Radio, febrero 2023).
A lo anterior se le sumaron las declaraciones del ministro de Defensa, Iván Velásquez, que luego de la realización de dos consejos de seguridad en el Bajo Cauca afirmó que las autoridades iban a seguir contrarrestando la minería ilegal. En el mismo sentido, la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad, anunció la reactivación de operativos en contra de la minería, anunciando mayores controles por parte del Estado. La ministra dijo:
No se puede aprovechar el acuerdo que se hizo durante el paro que hubo en esta región como excusa para destruir los bienes ambientales a través de esa minería. Haremos una oferta productiva seria, integral, territorial a todos esos mineros y los invitamos a hacer parte de la caracterización y formalización (Revista Semana, marzo 2023).
Frente estos anuncios algunas alcaldías del Bajo Cauca tomaron medidas preventivas, como suspensión de las clases en los colegios. Además, en Caucasia se instaló un Puesto de Mando Unificado por la Vida dado que el municipio sería centro de manifestaciones, pues hasta allí se movilizaron pequeños y medianos mineros de los municipios de Zaragoza y El Bagre.
El 02 de marzo en la vereda El Bagre, la Fuerza Pública desarticuló 39 minas informales que pertenecían a la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo y le dejaba rentas de más de 1.500 millones de pesos cada mes. En este operativo fueron destruidas 70 dragas, dos excavadoras, 110 motobombas y otros elementos de actividad ilegal. Según el coronel Manuel Gonzáles, comandante de la Brigada 14 del Ejército “esas intervenciones son la causa del paro” (BluRadio, marzo 2023).
Desde el 02 de marzo los municipios de Nechí, Segovia, Yolombó, Cáceres, Remedios, Zaragoza, El Bagre, Yalí, Tarazá, Caucasia y Vegachí, en Antioquia, se han visto afectados por los bloqueos. Los municipios La Apartada, Montelíbano, Puerto Libertador y el sector La Ye, de la región San Jorge (Sur de Córdoba), también se han unido a las protestas ya que, según uno de los manifestantes:
El Sur de Córdoba también viene involucrado en temas de quema de maquinaria, porque no es desconocido que en la parte de Ayapel se hace minería, entonces los pequeños mineros están trabajando y el Estado en su forma indiscriminada llega con su Ejército y Policía quemando las dragas, mini-dragas (El Tiempo, marzo 2023).
En los días siguientes, debido a los desmanes y disturbios que tuvieron lugar en algunos municipios, entre los que se vio afectada la infraestructura de la Alcaldía de Caucasia, el cierre de vías y demás, se decretó toque de queda y a su vez se declaró la alerta hospitalaria en los municipios de Caucasia, Tarazá y El Bagre.
Desde el inicio del Paro Minero el Bajo Cauca y Sur de Córdoba, el gobernador de Antioquia y las autoridades han manifestado la injerencia del Clan del Golfo en las protestas. Frente a esto, este grupo armado ha emitido alrededor de cuatro comunicados en los que afirma no estar haciendo parte o estar presionando a los mineros a que protesten; sin embargo, se han conocido videos y denuncias en las que al parecer las comunidades estarían siendo víctimas de presión por parte de grupos armados.
Mapa No. 3. Presencia del Clan del Golfo en Antioquia y Córdoba, en regiones afectadas por el Paro Minero
Elaborado por: Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: Sistema de Información de la Fundación Paz & Reconciliación (SIPARES)
La Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca RPG-BC, conformada principalmente por los seis alcaldes del Bajo Cauca, se pronunció en su momento haciendo un llamado al Gobierno Nacional para que hicieran presencia en el territorio. Además, el secretario del Interior de Córdoba, Jairo Baquero, afirmó que pobladores de Córdoba, Sucre y Bolívar apoyan el bloqueo de los mineros del Bajo Cauca.
En Córdoba, como respuesta a los bloqueos, la Policía Metropolitana y el Ejército Nacional instalaron un Comité de Orden Público Extraordinario, con el fin de articular operaciones para atender la seguridad en el territorio. La acción fue coordinada por la secretaria general de la Gobernación de Córdoba, Claudine Álvarez; al igual que el secretario del Interior, Jairo Baquero. De igual manera, se llevó a cabo un Consejo de Seguridad con un Puesto de Mando Unificado, el cual se mantiene activo desde la hora cero del bloqueo en las vías del Bajo Cauca Antioqueño y Alto San Jorge cordobés.
De esta manera, las acciones de “bloqueos de accesos o vías en protestas” se ha distribuido de la siguiente manera:
Gráfico No. 3. Bloqueos de accesos o vías en protestas agosto 2022 – marzo 2023
Elaborado por: InfoVisible. Fuente: seguimiento a prensa
Mapa No. 4. Bloqueos de accesos o vías en protestas agosto 2022 – marzo 2023
Elaborado por: Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: seguimiento a prensa
De igual forma se evidencia un aumento en los casos de protestas y manifestaciones en las cuatro subregiones analizadas:
Gráfico No. 4. Protestas y manifestaciones mayo 2022 – marzo 2023
Elaborado por: Infovisible. Fuente: seguimiento a prensa
Mapa No. 5. Protestas y manifestaciones mayo 2022 – marzo 2023
Elaborado por: Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: seguimiento a prensa
En este contexto, el 08 de marzo de 2023 el presidente de la República envío una comisión especial para atender el Paro. La comisión estuvo liderada por los ministros y ministras del Interior, Defensa, Minas y Energías y Medio Ambiente, así como del director del Departamento Nacional de Planeación. En un comunicado de prensa publicado ese mismo día, desde la presidencia se rechazaron los hechos de violencia que se estaban dando en el contexto del paro y, adicionalmente, se propuso como primer punto de la agenda un plan de acción inmediata para atender humanitariamente a las poblaciones afectadas:
Imagen No. 3. Comunicado de prensa de la Presidencia de la República sobre el Paro Minero
Posteriormente, el día 09 de marzo, el Gobierno Nacional lanzó las propuestas del Distrito Minero y el Plan de Formalización para superar el Paro en Antioquia y como estrategia para hacer frente a la problemática histórica presentada en la subregión.
Mientras se desarrollaban las mesas de conversación, sin evidentes soluciones al conflicto, miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional hicieron presencia en los distintos puntos donde se desarrollaban los bloqueos y llevaron a cabo operativos para desbloquear las vías de acceso y continuar con la destrucción de maquinaria aparentemente usada para la minería ilegal. Esto complicó aún más la situación de orden público, debido a que se presentaron disturbios y enfrentamientos con la fuerza pública por parte de manifestantes, principalmente en los municipios de Tarazá, Caucasia y Cáceres, lo que llevó al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, a decretar toque de queda durante los días 10 y 11 de marzo (Infobae, marzo 2023).
Hasta ese momento, en el marco de estos hechos de violencia habrían muerto dos personas y 25 habrían resultado heridas, siendo el municipio de Tarazá uno de los más afectados por la situación de orden público, en donde se reportó en la noche del domingo 12 de marzo el incendio de un peaje por parte de hombres encapuchados (El País, marzo 2023).
Durante este mismo día, pero en horas de la tarde, se realizó un consejo de seguridad en Montelíbano, al sur del departamento de Córdoba, en el que participaron el presidente Gustavo Petro, el ministro de Defensa Iván Velázquez, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, el alcalde de Caucasia, Jefferson Sarmiento, y los altos mandos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Tras el desarrollo de este consejo, el presidente Gustavo Petro, en una declaración pública, comunicó que, en primer lugar, las mesas de negociaciones se levantaron debido a las exigencias de detener los operativos en contra de las actividades mineras ilegales, lo cual aseguró que rechazaba. También agregó que, en el marco del Paro Minero, se han presentado situaciones de vulneración al Derecho Internacional Humanitario (DIH), como quema de ambulancias, confinamiento de la población civil, desabastecimiento y ataques a acueductos.
Igualmente, reafirmó el rol de la fuerza pública en el territorio, asegurando que esta va a mantener su presencia y posiblemente va a aumentar el número de efectivos movilizados a la zona, que hasta el momento suman más de 10 mil. También aclaró la nueva estrategia para desmontar la minería ilegal: “habrá una línea de control a la maquinaria amarilla en Colombia para rastrear su uso legal. Se destruirá la gran maquinaria que se utiliza en los ríos de Colombia para la minería ilegal”.
Finalmente, el mandatario comentó que habría serios indicios de la participación del Clan del Golfo como principal impulsor del Paro y como responsable de los hechos violentos ocurridos en este contexto, y que, de ser así, no habría voluntad de paz por parte de este grupo armado, por lo que al día siguiente desestimó la posibilidad de establecer negociaciones con el Clan del Golfo en el marco de la Paz Total, terminando de volatilizar el escenario del Paro en Antioquia.