Audiencias, juicios y nuevos audios: así se mueve el escándalo de la UNGRD

Por: Diego Alejandro Pedraza, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad

En el inicio del año 2025, la situación de orden público en Colombia ha sido afectada por la crisis humanitaria en el Catatumbo, la relación diplomática complicada con los Estados Unidos, los ajustes en el gabinete ministerial y las medidas adoptadas para enfrentar un presupuesto desfinanciado. En este contexto, persiste la pregunta sobre el manejo del escándalo en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo.

Este asunto sigue siendo relevante, en tanto los fondos desaparecidos continúan sin ser recuperados, sin una identificación clara de los responsables, y se mantiene una atmósfera de incertidumbre en las instituciones políticas del país, especialmente en los pasillos del Capitolio y los fríos espacios de la Casa de Nariño.

El caso de la UNRGD es un ejemplo de corrupción y representa un punto significativo en la gestión del gobierno de Petro y el proyecto de cambio. En este caso, se presentaron conductas que se habían criticado anteriormente, y se priorizaron intereses personales en lugar de las necesidades públicas, con el fin de asegurar el apoyo necesario para la aprobación de las reformas del gobierno en un Congreso que enfrenta un creciente cuestionamiento.

A pesar de que la atención pública se ha dirigido hacia otros temas, la justicia ha comenzado a actuar en las dos semanas posteriores al final de la vacancia judicial de fin de año. Nuevas investigaciones, audios filtrados y declaraciones de los involucrados indican que el caso está siendo reactivado y podría seguir siendo relevante en el transcurso de este año.

Por ahora Olmedo López y Sneyder Pinilla, mantienen sus preacuerdos y siguen hablando de todos los implicados dentro del escándalo. El contratista Luis Eduardo López Rosero, un exasesor, Pedro Andrés Rodríguez Melo; el exdirector de conocimiento de la UNGRD, Luis Carlos Barreto Gantiva; y Édgar Eduardo Riveros Rey, abogado involucrado en el escándalo, también mantienen sus preacuerdos, se presentan a declarar ante las instancias judiciales y han comenzado a reintegrar parte de los dineros prometidos. 

Pero este escándalo tiene más implicados y muchas líneas que hoy en día todavía no han terminado de esclarecerse. 

Primera línea de investigación: Name, Calle y Sandra Ortiz

Fuente: Semana.com

Pero recapitulando, debemos volver al final del 2024 y a las tres líneas de investigación abiertas que tiene este entramado de corrupción. La primera de estas líneas relaciona a los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, a quienes la Corte Suprema les abrió investigación el 5 de noviembre, tal y como lo reseñamos desde La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) en este artículo.

En el auto de apertura, la Corte señalaba a Name y a Calle de ser los receptores de un soborno de 4 mil millones para impulsar el trámite de las reformas del gobierno en el Congreso. Y es aquí en donde entra uno de los primeros eslabones de la cadena, Sandra Ortiz, la exconsejera presidencial para las regiones y exsenadora por el Partido Verde, quien, para la fiscalía, actuó como “la mensajera” y que por estos hechos está privada de la libertad desde el 18 de diciembre de 2024.

Los expresidentes del legislativo rindieron indagatoria ante la corte, primero Name el 25 de noviembre y luego Calle el 27 de noviembre. Ambos negaron los cargos y presentaron declaraciones para defender su inocencia, tras lo cual desaparecieron del foco público durante el fin de año. Sin embargo, sus nombres volvieron a ser mencionados por dos razones: primero, porque el Consejo de Estado fijó la audiencia de pérdida de investidura contra Name para el 3 de febrero, audiencia que había sido aplazada debido a la indagatoria de Name ante la corte el 25 de noviembre; y segundo, por las declaraciones de la exconsejera presidencial, Sandra Ortiz, en una entrevista con Noticias Caracol y Blu radio, en la que reiteró la acusación que la vincula como “la mensajera” en el caso de la UNGRD.

En esa misma entrevista, Ortiz hace una serie de afirmaciones, como que todo ha sido orquestado desde un sector de la presidencia, que se han destinado más de 3 millones de dólares para desacreditar su nombre, que un hermano de una alta funcionaria del gobierno está involucrado y que el principal testigo del caso fue asesinado.

Asegura que desea hablar, pero hasta el momento no ha proporcionado detalles concretos. Su defensa se limita a mencionar pruebas que la fiscalía desestimó durante el proceso. Asimismo, dirige su atención hacia Pinilla, como si intentara señalar un “eslabón débil”, pero no ha presentado la información que había prometido compartir, la cual sigue siendo esperada, especialmente considerando que, tras Olmedo, ella es la primera alta funcionaria implicada en el caso.

Hasta ahora, el primer frente se mueve con cautela. Name se defenderá ante el Consejo de Estado por las acusaciones en su contra por tráfico de influencias. Calle se mantiene en el ojo del huracán por cuenta de las declaraciones de Sneyder Pinilla, quien presuntamente le llevó mil millones de pesos hasta Córdoba (lugar de residencia del representante), y Sandra Ortiz sigue privada de la libertad en la Escuela de Carabineros de la Policía, camino a juicio en las próximas semanas.

Segunda línea de investigación: La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público

Fuente: La Silla Vacía

La segunda línea de investigación también reposa en los despachos de la Corte Suprema de Justicia y es contra los congresistas Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado y Karen Manrique, así como también contra el excongresista Juan Diego Muñoz a quienes la sala de instrucción les abrió formalmente investigación el día 12 de noviembre de 2024, tal y como reseñamos desde Pares anteriormente.

Todos los congresistas implicados rindieron indagatoria ante la Corte Suprema entre finales de noviembre e inicios de diciembre de 2024. Todos optaron por guardar silencio, se declararon inocentes y sus declaraciones dejaron interrogantes. 

Pese a lo anterior, los registros del Ministerio de Hacienda revelan cómo estos congresistas ingresaron al ministerio. Aunque en su momento argumentaron que su presencia respondía a asuntos relacionados con sus regiones, el 15 de diciembre de 2024, en una investigación de Noticias Caracol, se revelaron imágenes de las cámaras de seguridad del ministerio que registraron a los congresistas en compañía del exministro Ricardo Bonilla, la exasesora María Alejandra Benavides y el asesor de presidencia Jaime Ramírez Cobo, precisamente en los días en que se aprobaban los créditos en la comisión. Estos créditos, presuntamente, se utilizaron para ampliar el cupo de endeudamiento del Estado colombiano y el presupuesto de la UNGRD, que sirvió para asignar contratos en Arauca, Bolívar y Córdoba, los cuales al parecer fueron otorgados a estos congresistas.

Desde entonces, se tiene poca información sobre ellos. Algunas fuentes en redes sociales han señalado que no aspirarán en 2026 para enfocarse en sus defensas, otros se han declarado inocentes en medios y otros más han desaparecido, como es común en los congresistas a quienes la Corte pone bajo investigación. Sin embargo, los rumores continúan y la posibilidad de que se emitan órdenes de captura en su contra aumenta conforme pasan los días.

Tercera línea de investigación: Los ministros y Carlos Ramón

Fuente: Infobae.

La última línea de investigación está en manos de la Fiscalía y se centra en los exministros, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco y el exdirector del DAPRE e Inteligencia, Carlos Ramón González. Según las investigaciones adelantadas por el ente acusador y los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, fueron ellos tres quienes presuntamente ordenaron la compra de los congresistas con el fin de mantener el trámite de las reformas en el Congreso. 

Los testimonios de López y Pinilla fueron ampliados por María Alejandra Benavides, exasesora de Ricardo Bonilla, quien afirmó ante la fiscalía que las órdenes relacionadas con las irregularidades investigadas fueron presuntamente emitidas por el exministro Ricardo Bonilla y que los llamados cupos indicativos eran asignados bajo la dirección del exministro de Interior, Luis Fernando Velasco, tal y como se mencionó anteriormente en este artículo.

En medio de estos eventos, Bonilla y Velasco fueron apartados de sus cargos. Aunque han permanecido en silencio, en un reportaje exclusivo de la Revista Semana del 25 de enero de 2025, se dieron a conocer audios y declaraciones en los que Olmedo López afirmó que el exministro Velasco mencionó que le estaban solicitando 80.000 millones en contratos para los congresistas, con el fin de obtener los votos necesarios para la aprobación de las reformas pendientes del gobierno.

En esa misma declaración, Olmedo afirma que en el “conclave” en el que se dieron las órdenes de comprar congresistas, fue el exdirector de Inteligencia, Carlos Ramón González, quien ordenó y distribuyó los contratos según la negociación previa. Carlos Ramón también ha sido mencionado por la Fiscalía en la acusación contra Sandra Ortiz, quien presuntamente actuaba bajo las órdenes del exlíder del Partido Verde.

Por ahora, todos se defienden desde los estrados judiciales, alegando su inocencia y señalando a Sneyder y a María Alejandra Benavides como fuentes de información falsa. Sin embargo, el alcance de las acusaciones en su contra es significativo, al punto que se ha sugerido que el modus operandi en el caso de la UNGRD es el mismo utilizado en la Comisión Primera del Senado.

Esta situación ha puesto en entredicho los valores éticos con los cuales se negocia en el Congreso y ha abierto el debate sobre la necesidad de reformular los ejercicios de lobby institucional y las dinámicas de negociación entre ramas del poder público, para garantizar mayor transparencia.

La “teoría” de los eslabones débiles

Fuente: msn.com

Hasta ahora, todos han apuntado a lo que se podría considerar los “eslabones débiles”, aquellos que ocupan posiciones inferiores en la cadena de poder y que, aparentemente, están siendo señalados por los actores con mayor poder. Actualmente, parece que todos los focos se centran en María Alejandra Benavides, Sneyder Pinilla y Sandra Ortiz, quienes, como antiguos funcionarios, son los más cuestionados tanto por la opinión pública como por las acusaciones en su contra.

Aunque la estrategia jurídica parece enfocarse en aquellos que se perciben como partes más vulnerables dentro de la jerarquía de poder, las acusaciones contra los altos funcionarios son relevantes. La responsabilidad de estos como tomadores de decisiones podría constituir la prueba clave de que ellos fueron los que emitieron las órdenes. El núcleo de este proceso radicará en la veracidad de las evidencias y en la capacidad del sistema judicial para cuestionar y evaluar la actuación de aquellos involucrados en la alta estructura del gobierno, así como aquellos en el Congreso que pudieron haber comprometido la función legislativa.