Por: Sebastian Solano
Coordinador de la Línea de Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil
La reforma a la educación en Colombia ha sido uno de los temas más candentes en el escenario político y social del país en las últimas semanas. Impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, esta reforma busca transformar el sistema educativo colombiano, convertir la educación en un derecho fundamental y garantizar una mayor equidad y calidad en la educación pública. Sin embargo, el proceso legislativo ha estado marcado por intensos debates, marchas y controversias, aumentando las tensiones de los intereses diversos que convergen en el sector.
Contexto de la Reforma a la Educación
El Proyecto de Ley Estatutaria No. 224/2023C, cuyo objetivo principal es garantizar el derecho fundamental a la educación en todos sus niveles y que busca reformar el modelo educativo para convertir la educación en un derecho fundamental en todos los niveles, ha sido objeto de debate en la Comisión Primera del Senado de la República. Al ser una ley estatutaria, debía pasar por votación mayoritaria de esta Comisión, encargada de velar por la constitucionalidad de las ponencias y proyectos de ley. Fueron tres ponencias las que se debatirían en la Comisión Primera: la ponencia de la Senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, la segunda liderada por el Senador David Luna de Cambio Radical; estas dos primeras pertenecientes a la oposición, y la tercera ponencia liderada por la Coalición de Gobierno y respaldada por el Ministerio de Educación Nacional. Las sesiones de la Comisión Primera fueron escenario de prolongadas discusiones que finalmente llevaron a una conciliación entre las tres propuestas, anunciando un proyecto de ley que integró la visión de los diferentes sectores en un modelo educativo mixto. Sin embargo, esta conciliación generó reacciones negativas de diversos sectores educativos.
Reparos de FECODE:
Las críticas y preocupaciones de diversos sectores educativos llevaron a movilizaciones masivas el 12 de junio, organizadas por FECODE y otros grupos sindicales. Estos fueron los principales puntos cuestionados:
Creación de un modelo mixto: Poner la educación pública y privada en una misma bolsa desconoce las necesidades históricas de la educación pública en Colombia.
Bonos Escolares: Inspirados en las aspiraciones del presidente argentino Miley, que fue criticado por propiciar la privatización y mercantilización de la educación.
Aumento de la autonomía de las IES: Esto limita progresivamente la participación en escenarios democráticos de la comunidad educativa en las Instituciones de Educación Superior.
Educación primaria obligatoria: La exclusión de los grados de transición, jardín y pre jardín de la obligatoriedad de la educación para la primera infancia.
Reparos de la comunidad filosófica
La Sociedad Colombiana de Filosofía y la Red de Docentes de Filosofía manifestaron dos puntos críticos sobre la propuesta:
Formación integral: El proyecto de ley reducía la presencia de las humanidades de las mallas curriculares, siendo esto una regresión en la ley, pues bajo la Ley 30 de 1992 y la Ley 115 de 1994, se reconocen las humanidades y la filosofía como componentes esenciales para la formación integral de los estudiantes como individuos reflexivos, éticos y críticos, capaces de contribuir al desarrollo social y cultural del país.
Educación como derecho esencial y servicio público: La propuesta de reformar la educación en Colombia para ser considerada un derecho esencial y un servicio público ha generado intensos debates, especialmente en cuanto a sus posibles implicaciones para la participación y el derecho a la protesta de las comunidades educativas. El conflicto surge cuando la prestación de un servicio público esencial, como la educación, se enfrenta a las acciones de protesta que pueden interrumpir su funcionamiento. Al clasificar la educación como un servicio público, se podría argumentar que cualquier interrupción en su prestación afecta directamente a un derecho esencial, lo que podría justificar medidas restrictivas contra las protestas del sector educativo. Sin embargo, esto es modificado en estas dos nuevas ponencias donde al ser categorizada como un derecho fundamental, no restringe la movilización social del magisterio.
La oposición a la conciliación propuesta culminó el 13 de junio con el rechazo de la misma, dividiendo nuevamente las ponencias en dos propuestas distintas que se presentarán el 17 de junio en el Senado.
La reforma educativa en Colombia se encuentra en una encrucijada, con profundas implicaciones para el futuro del sistema educativo del país. La polarización política y las diferentes visiones sobre el papel de la educación serán las tensiones inherentes a este proceso. El enfoque del gobierno en fortalecer la educación pública y garantizarla como un derecho fundamental responde a una necesidad crítica en Colombia. La educación pública ha sido históricamente subfinanciada y desatendida, lo que ha perpetuado las desigualdades sociales. Sin embargo, la implementación de esta reforma requiere un compromiso significativo de recursos y una visión clara para evitar la burocratización y asegurar una educación de calidad.
Escenarios posibles
Ante la radicación de las dos ponencias el día de hoy, se perfilan tres escenarios posibles en la última semana legislativa que tendrá el Congreso en el cierre de este periodo:
Aprobación de la ponencia de la oposición: Ante la votación mayoritaria del Senado de esta ponencia, se implementaría un modelo que pone en riesgo la educación pública, limita la formación en humanidades y propicia la privatización progresiva de la educación.
Aprobación de la ponencia del Gobierno: Ante la votación mayoritaria del Senado de esta ponencia respaldada por el gobierno, sería un logro para los sectores que se movilizaron y manifestaron sus desacuerdos y la educación serían un derecho fundamental para todos sus niveles. Además, sería un logro del gobierno al lograr tramitar de manera efectiva esta reforma.
Caída de ambas ponencias: Si ninguna de las dos ponencias logra el quorum o la votación necesaria, la reforma educativa podría fracasar siendo archivada, sumándose a otras reformas no concretadas por el gobierno.
El debate continuará en el Senado, y el resultado de esta reforma tendrá implicaciones duraderas para el futuro de la educación en Colombia. Es fundamental que se prioricen los intereses de los estudiantes, el magisterio y las comunidades académicas e intelectuales para que se promueva la idea de una educación que fomente el pensamiento crítico, la equidad, la inclusión social y la defensa de la educación pública.