Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
El 17 de octubre de 2024, por fin se dio a conocer la Hoja de Ruta para la Participación de la Sociedad Civil en el Proceso de Paz Urbana en Medellín y el Valle de Aburrá. Las ideas para elaborar este documento comenzaron a gestarse y ponerse por escrito desde antes de la instalación de la Mesa de Conversaciones Socio-jurídica, a mediados de 2023, pero debido a la serie de dificultades que han rodeado este proceso de paz, solo pudo firmarse y darse a conocer un año y cuatro meses después.
Para el Gobierno nacional no era claro el camino que debía seguirse con el componente de paz con las Estructura Armada Organizada de Crimen de Alto Impacto que se considera en el artículo segundo de la política pública de la Paz Total o Ley 2272 de 2022. De allí que buscó, primero, avanzar en la discusión y aprobación en el Congreso de la República de una ley de sujeción a la justicia de estas estructuras, que permitiera tener claro los incentivos que se le ofrecerían para el sometimiento a la justicia, y luego pasar a dialogar con ellas teniendo claras las normas.
Sin embargo, esto no ocurrió, el proyecto de ley que presentó Gobierno no tuvo las discusiones y los respaldos esperados y, finalmente, el texto inicial se engavetó. Además, además en el primer año del gobierno de la Paz Total se presentaron cambios burocráticos —salió el Alto Comisionado para la Paz Camilo Rueda y entró Otty Patiño— lo que resultó un punto de quiebre en las relaciones que se tenía entre el Gobierno y los que lideraban el proceso. Generando un silencio de casi un año alrededor del proceso de paz, el cual solo terminó con el lanzamiento de está Hoja de Ruta.
En el documento firmado por más de 60 actores que participaron en su elaboración —entre los responsables están las múltiples organizaciones sociales y comunitarias, el Gobierno nacional, las iglesias y la academia—, se expresa la filosofía, las pretensiones y cada uno de los ocho asuntos que debe tenerse en cuenta en la construcción de paz urbana en este territorio. Se busca dejar configurado un camino para la participación de la sociedad civil en las dinámicas de la paz urbana en el Área Metropolitana Valle de Aburrá.
Entre los principios y valores que iluminan este camino están los deseos de que éste sea un proceso de paz participativo, amplio, incluyente e integral. Donde las personas y organizaciones involucradas que estén presentes logren participar e incidir en todo el proceso, tanto en la fase de diseño —como lo fue en la elaboración de está Hoja de Ruta— como en las etapas de diálogo, negociación e implementación de acuerdos —sean estos parciales o finales—.
En cuanto a los propósitos, el elemento más característico que tiene el acuerdo colectivo o Hoja de Ruta es que busca presentar la Mesa de Conversaciones Socio-jurídica, que se tienen entre el Gobierno nacional y voceros de las estructuras armadas, como un componente más de la construcción de la paz en Medellín y el Valle de Aburrá. El sometimiento a la justicia lo conciben como un proceso paralelo, simultáneo y complementario, con el que se busca “el desescalamiento de las violencias y la construcción de la paz urbana” (p. 2 de la Hoja de Ruta).
Para los firmantes del documento de paz urbana es fundamental que la sociedad civil tenga autonomía e independencia en este componente especial de la Paz Total. De allí que, desde la primera línea hasta la última, se señalan las obligaciones del Estado y los derechos de la ciudadanía en la construcción de este bien público y universal. Se resalta en la primera página que “como Constituyente Primario y Poder Soberano” —tal como lo enuncia el artículo 3 de la Constitución Política— la sociedad civil debe de estar en el “más alto nivel” de la construcción de la paz territorial.
También, explicitan y enfatizan que la paz no se alcanza simplemente con la “ausencia de la guerra o el silenciamiento de los fusiles” —como lo indicó la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia C-525 del 2023, donde ratificó la constitucionalidad de la Ley 2272 de 2022—. La construcción de la paz es un proceso de mediano y largo plazo que conlleva la “eliminación de las causas estructurales de la violencia institucionalizada y la construcción de condiciones duraderas para la garantía y disfrute efectivo de los derechos” (p. 2 de la Hoja de Ruta).
Estos dos reconocimientos iniciales —el papel fundamental de la sociedad civil y la concepción amplia e integral de la construcción de la paz— sirvieron para justificar la exigencia que la sociedad le hace al Estado y los involucrados en los procesos de paz urbana para el reconocimiento y respeto a la autonomía e independencia que deben tener en este proceso.
Autonomía que les permitió pensar, elaborar y acordar una Agenda de la Sociedad Civil para la Paz Urbana territorial y una Hoja de Ruta con la que buscan la “focalización y priorización de acciones, recursos, grupos poblacionales y territorios” (p. 2). Una herramienta con la que se quiere “establecer el conjunto de pautas y procedimientos asociados con las formas acordadas para que la sociedad civil participe en la construcción del proceso de paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá” (pág. 2).
Allí queda claro que es la misma sociedad civil la que determinó los mecanismos e instancias para garantizar la participación activa y plena de la sociedad civil en el proceso de paz urbana. Que son tres: 1) Asambleas por la paz urbana, 2) Espacio Asambleario de la Sociedad Civil para la Paz Urbana y 3) Comité de Impulso para la Paz Urbana. Construidos como un sistema de participación de abajo hacia arriba —Bottom-Up— o de la base hasta la punta de la pirámide —desde el habitante de un edificio o unidad residencial hasta la agrupación de ciudadanos en comunas y por municipio—. Para que se logre sintetizar todas las demandas y apuestas transformadoras que la ciudadanía desea auto-entregarse para la construcción de la paz urbana.
Igualmente, son enfáticos en advertir que en lo que respecta con “los aspectos organizativos y operativos requeridos para el funcionamiento de estos escenarios serán definidos de manera concertada entre las organizaciones y actores que los conforman”. Y que el Gobierno nacional deberá proveer los “recursos para el impulso de estos espacios de participación, de tal modo que puedan ser resueltas las necesidades logísticas y operativas del Espacio Asambleario y el Comité de Impulso” (pág. 4 de la Hoja de Ruta).
Finalmente, como exigencias para alcanzar la independencia deseada, en el documento se establecen los principios de confianza, respeto, reconocimiento y autonomía para el relacionamiento entre los actores de la sociedad civil. El deseo es que se generen espacios de participación donde la ciudadanía se sienta en libertad de hacer aportes o retirarse, si así lo desea; donde se les respete las diferentes posturas a los participantes —tanto de personas como organizaciones—; y donde las decisiones que se tomen sobre las agendas de paz se implementan, como una de las responsabilidades del Estado.
En síntesis, la sociedad civil en Medellín y el Valle de Aburrá continúan trazando el camino de la búsqueda de la paz en el país, insistiendo en el derecho que tienen a que de manera independiente y autónoma estructuren la forma de aportar a los procesos de paz. Un derecho a participar e incidir en las dinámicas de paz que se la ha ganado en las últimas cuatro décadas en Colombia y que hoy sirven de bandera para que se les reconozca como actor prioritario y que puede usar los recursos —físicos, económicos e intelectuales— para agenciar sus propios procesos y espacios en la arena de la construcción de paz.
Esperemos entonces que la firma de esta hoja de ruta sirva como punto de inflexión para que la paz urbana, no solo la de Medellín y los municipios circundantes sino la de los demás procesos abiertos con las Estructuras Armadas Organizadas, adquieran otra dinámica y avances en el logro de resultados. Además, para que se logre identificar las formas de violencia urbanas; se promueva el diálogo social e integral; se avance en la construcción de la verdad, la reconciliación y no repetición; y se generen aportes para crear nuevas economías y desmontar estas organizaciones criminales.
* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.
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