Por: Katerin Erazo, Periodista
Foto tomada de: AS Colombia
El Congreso de la República de Colombia se prepara para una etapa crucial en su segunda legislatura del año, donde la agenda política se concentra en la aprobación de reformas sociales propuestas por el Gobierno. En un país marcado por profundas divisiones políticas y sociales, el proceso legislativo se convierte en un reflejo de las tensiones y aspiraciones de la sociedad colombiana.
El pasado martes 4 de junio marcó el inicio de tres semanas intensas en las que el Ejecutivo buscará aprobar proyectos fundamentales, siendo la reforma pensional el principal caballo de batalla. Esta reforma ha escalado tres debates y ahora se enfrenta a su prueba final en la plenaria de la Cámara de Representantes. Sin embargo, el camino hacia su aprobación no está exento de obstáculos, ya que sectores de la oposición y grupos independientes han anunciado su intención de proponer cambios sustanciales al texto.
A la par, otros proyectos cruciales como la ley estatutaria de educación y la implementación de la Jurisdicción Agraria enfrentan resistencia en el Senado. La complejidad de estas reformas radica en su impacto directo en áreas sensibles de la sociedad colombiana, como el sistema de pensiones, la educación y la distribución de tierras.
En medio de este escenario, el presidente Gustavo Petro ha adoptado una postura cada vez más confrontacional, abogando por una Asamblea Nacional Constituyente como vía para impulsar cambios estructurales en el país. Esta propuesta ha generado un intenso debate político y ha polarizado aún más la opinión pública colombiana.
A pesar de las críticas y los desafíos, varios proyectos del Gobierno han logrado avanzar en el Congreso gracias al pragmatismo y la capacidad de negociación de figuras clave como los ministros del Interior, Trabajo y Educación. Aunque en público Petro mantenga un tono radical, en los pasillos del Capitolio sus funcionarios trabajan arduamente para construir consensos y garantizar la aprobación de las reformas propuestas.
Sin embargo, la sombra de la corrupción ha ensombrecido estos avances, con denuncias de supuestos sobornos y coimas para asegurar la aprobación de las reformas. Estas acusaciones han generado desconfianza y han alimentado la percepción de que el proceso legislativo está influenciado por intereses oscuros.
En este complejo escenario político, la oposición continúa desplegando sus estrategias para frenar el avance de las reformas del Gobierno. Acciones legales, críticas públicas y maniobras parlamentarias son algunas de las armas utilizadas por los partidos contrarios al oficialismo para obstaculizar el curso de las reformas propuestas.
A pesar de estos obstáculos, algunas reformas han logrado avanzar en el Congreso. La reforma pensional y la reforma educativa se encuentran en etapas avanzadas de su trámite legislativo, mientras que la reforma laboral podría ver la luz antes del cierre de la legislatura. Estos avances son un reflejo del compromiso del Gobierno y de los esfuerzos realizados por las fuerzas políticas para encontrar puntos de acuerdo en medio de la polarización.
Según Alejandro Chala, investigador de la Línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), las reformas actualmente en discusión plantean incertidumbres sobre su aprobación. La gran pregunta en el Congreso es qué reformas serán aprobadas antes del 20 de junio, fecha límite, o en las sesiones extraordinarias de la semana siguiente. Algunas reformas, como la laboral, están estancadas por trámites, mientras que otras, como la educativa, han perdido su impulso progresista tras renegociaciones. Sin embargo, el investigador menciona que las reformas como la pensional tienen “viento en popa”, aunque pueden ser afectadas por eventos políticos complejos, como las recientes declaraciones sobre la Unión de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres.
La estrategia del gobierno para lograr la aprobación de estas reformas implica una intensa negociación en el Congreso. Se observa un cambio en la forma de negociar, pasando de la radicalización inicial a una negociación más agresiva, donde el gobierno se ve obligado a adaptarse a propuestas independientes y de la oposición.
Según el investigador de Pares, es crucial reflexionar sobre qué está dispuesto a ceder el gobierno para obtener la aprobación de estas reformas. La capacidad de negociar incluso con la oposición, como se evidencia en el caso de la reforma educativa, plantea preguntas sobre hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno en estas negociaciones. Sin embargo, estas concesiones pueden afectar el núcleo de las reformas y generar preocupaciones sobre la línea roja que el gobierno está dispuesto a cruzar.
En cuanto al futuro, Alejandro Chala menciona que se espera que el gobierno continúe buscando la aprobación de sus reformas durante el último año legislativo. Sin embargo, con la cercanía de las elecciones de 2026, es probable que el Congreso entre en otras dinámicas, lo que podría limitar la capacidad del gobierno para avanzar en su agenda legislativa. Es necesario observar detenidamente cómo el gobierno gestionará esta situación y qué estrategias implementará para lograr sus objetivos.
El Congreso de Colombia se encuentra inmerso en un complejo entramado político, donde se entrecruzan intereses, ideologías y disputas de poder. El destino de las reformas propuestas por el Gobierno está en juego, y el resultado de este pulso político definirá el rumbo del país en los próximos años.