Por: Ghina Castrillón Torres
Politóloga feminista, investigadora Pares
Buenaventura ha estado en los titulares de los medios durante meses debido a la violencia por las disputas de grupos armados. Sin embargo, recientemente se han producido avances importantes en el espacio de diálogo sociojurídico entre "Shottas" y "Espartanos". A pesar de estos logros, la Gobernación del Valle ha brillado por su ausencia, tanto en el anuncio que se hizo el pasado 04 de septiembre de ampliación de la tregua entre los grupos, como también en el proceso de diálogo en general. La gobernadora Clara Luz Roldán se quedó en su lugar de pedir militarización y punto final.
Recordemos que el 18 de julio de este año se marcó un hito importante para la paz en Buenaventura. Ese día se instaló el "espacio de conversación sociojurídica para la construcción de paz urbana en Buenaventura", un espacio que reunió al Gobierno Nacional y a los voceros de los grupos armados "Shottas" y "Espartanos". Ahí se dio inicio al proceso de diálogo, cuyo objetivo es lograr el sometimiento a la justicia de los miembros de estos grupos que se han disputado el control territorial en los últimos años.
El pasado 04 de septiembre se llevó a cabo una rueda de prensa lidereada por el congresista Alejandro Ocampo, acompañada por otros miembros de la delegación de paz del Gobierno Nacional que hacen parte de dicha mesa, en la que anunciaron la ampliación de la tregua entre los dos grupos ya mencionados, la cual será, por ahora, hasta el 04 de noviembre, para avanzar en su proceso de diálogo y fortalecimiento de la confianza, así como también asumiendo el compromiso de poder lograr que la jornada electoral del próximo 29 de octubre se desarrolle en calma.
Esta mesa sociojurídica, liderada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, busca desmantelar estas estructuras armadas de alto impacto, y si bien la ley de sometimiento para bandas criminales no ha sido aprobada por el Congreso de la República, aun así, el compromiso de las partes es evidente. Tanto que dichas estructuras armadas han expresado públicamente su intención de paz.
Organismos internacionales y la sociedad civil han brindado su respaldo a este proceso, reconociendo su importancia para la ciudad y el país en su conjunto. Incluso se han logrado acuerdos iniciales que han reducido significativamente la violencia en Buenaventura, especialmente en temas como los homicidios, las fronteras invisibles y los enfrentamientos en los barrios.
Sin embargo, en medio de estos avances, la Gobernación del Valle ha optado por pedir la militarización de la zona, en lugar de sumarse a los esfuerzos de paz. El pasado mes de julio, la gobernadora Clara Luz Roldán solicitó mayor despliegue de la fuerza pública en Buenaventura, en lugar de rodear la oportunidad de trabajar por la paz desde el diálogo sociojurídico, lo cual es insuficiente.
Si bien es crucial mantener la seguridad en la región, no se puede dejar de lado el esfuerzo por lograr una paz sostenible que trabaje desde el concepto de seguridad humana propuesto por el actual Gobierno Nacional. La ampliación de la tregua anunciada entre "Shottas" y "Espartanos" demuestra que los grupos armados pueden encontrar caminos hacia la paz, pero que deben ser acompañados realmente por la institucionalidad. En lugar de pedir más militares en las calles, la Gobernación debería estar respaldando y participando activamente en estas iniciativas de paz.
La ausencia de la Gobernación en este proceso es una oportunidad perdida. La paz es posible, pero es necesario que todas las partes interesadas, incluida la Gobernación, se comprometan de manera decidida a construirla. La comunidad internacional, la sociedad civil y los propios grupos armados han expresado su compromiso con la paz en Buenaventura y es hora de que la Gobernación del Valle demuestre, sin demagogias, que también está comprometida con esta causa.
Clara Luz dijo: “no están solos los bonaverenses, pero se requiere una intervención especial”, y los avances logrados demuestran que, como dice la canción, “CLARAmente no es como suena”, porque los y las bonaverenses no estamos solos, pero la intervención especial que requerimos, precisamente no la acompaña la gobernadora.