Por: Centro de Pensamiento - Oficina Caribe
Fuente: CVC. Situación actual y proyecciones del sistema regional eléctrico regional. Cali, Corporación Autónoma Regional del cauca 1983.
La central hidroeléctrica de Bajo Anchicayá está ubicada en el suroccidente del departamento del Valle del Cauca, entre los municipios de Buenaventura y Dagua, a 95 km al oeste de Cali y a 2 km de la población de El Danubio. Esta central inició operaciones en 1955 y se encuentra en el Cañón del río Anchicayá.
Desde su construcción, la central hidroeléctrica de Bajo Anchicayá ha enfrentado diversos conflictos con las comunidades locales, principalmente debido a la gestión inadecuada del embalse y la falta de mantenimiento de las máquinas para la remoción de sedimentos. En 2001, la acumulación de sedimentos putrefactos en el embalse llevó a la apertura de las compuertas, provocando una avalancha de lodo que devastó el río Anchicayá aguas abajo.[1] Esto resultó en la destrucción de la flora y fauna acuática, afectó gravemente los cultivos y eliminó la principal ruta de navegación de la comunidad, además de causar enfermedades en las mujeres que trabajaban con la piangua.
Tras la destrucción medioambiental, la autoridad medioambiental estatal, la Corporación Autónoma del Valle (CVC), declaró estar impedida para investigar al ser accionista de la empresa de energía. Por ello, el caso se trasladó al Ministerio de Medio Ambiente que, tras verificar los daños, impuso a EPSA una multa de 200 millones de dólares, así como la obligación de duplicar el número de especies de acuáticas y proporcionar alimentos diarios a la población afectada. La comunidad no se conformó con estas sanciones e inició una batalla judicial para obtener una mayor compensación monetaria. En 2009 hubo dos fallos, el primero ante el Tribunal Administrativo Primero de Buenaventura el 20 de mayo, después pasó a segunda instancia ante el Tribunal Administrativo del valle quien fallo a su favor el 7 de septiembre. [2]
En ese mismo año, Unión Fenosa condenada a pagar 169 mil millones de pesos, vendieron los derechos al sindicato antioqueño y dejaron en reserva la plata para pagar esa indemnización. Pero las acciones del sindicato fue impugnar el fallo en lugar de acatarlo, aun cuando se contaba con el dinero. Luego la Corte Constitucional lo tomó para revisión eventual, echando para atrás los 10 años de lucha judicial de las comunidades, y pasó mucho tiempo hasta que se declaró la nulidad del proceso con la sentencia T – 274 de 2012 [2]. En la sentencia, le ordenan al Tribunal Administrativo del Valle que vuelva a realizar las pruebas, pero esta vez a una "organización con formación técnica y científica para establecer los daños y la cuantía de los mismos".
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrió un capítulo para investigar el asunto, el fallo se considera una decisión perversa que omite muchos de los aspectos clave de la primera y segunda instancia. Cabe señalar que la maquinaria de mantenimiento de la planta no se ha vuelto a poner en marcha desde 2001. En 2021 había más sedimentos de los que se vaciaron hace 20 años y la central colmada de sedimentos. La preocupación de las comunidades es que haya una dilación en el cumplimiento de la sentencia y se pueda repetir la historia. [1]
En palabras de Benjamín Mosquera asesor del Consejo Comunitario Mayor del río Anchicayá
“Durante estos veinte años la comunidad ha estado movilizada por el país, en Cali, en Buenaventura, en Bogotá, haciendo marchas, denuncias. La plata es importante, pero lo que nos ha movido más es la defensa de los recursos naturales y el derecho a la vida de la gente y la comunidad, que ha sido vulnerado”.[1]
Los conflictos no se han limitados a ser de carácter social, ambiental y cultural, en el tiempo transcurrido desde que la comunidad interpuso la demanda hasta el día de hoy, se ha producido la masacre de Zabaletas, la ocupación de la central hidroeléctrica por parte de la guerrilla, la ruptura de las relaciones entre la comunidad y la empresa por exigir el cumplimiento de los fallos, además de existir amenazas y propuestas de sobornos a líderes de la comunidad, también existen casos de desplazamiento como consecuencia de las amenazas de los grupos ilegales. Incluso el abogado que lleva el caso Germán Ospina ha sufrido extorsiones y tuvo que abandonar Buenaventura. [1]
En febrero del 2024 la Corte Constitucional dejó en firme una condena contra varias entidades públicas por el daño ocasionado a las comunidades aledañas al Río Anchicayá, en el año 2001. Esta condena cobija a la Empresa de Energía del Pacífico, a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y al Ministerio de Ambiente por el daño causado por el vertimiento de sedimentos al río durante las labores de mantenimiento realizadas a la hidroeléctrica del bajo Anchicayá. [3]
La central hidroeléctrica tiene una capacidad instalada de 74 MW. Utiliza un caudal de 104 m³/s del río Anchicayá y del río Dagua, abarcando una superficie de 241 km² con un caudal medio de 9,8 m³/s y un área de drenaje de 777 km². El embalse tiene una capacidad total de 5 Mm³ y una capacidad útil de 3 Mm³, con una longitud de 2,5 km. La presa, construida con concreto macizo tipo arco de gravedad, tiene una altura de 60 metros y una longitud de estribos de 206,5 metros. La casa de máquinas está equipada con cuatro turbinas tipo Francis, dos de 17 MW y dos de 28 MW.
Según XM, operador del sistema de interconexión nacional (SIN) y administrador del mercado eléctrico mayorista colombiano, las empresas hidroeléctricas suministran 11.834,57 megavatios (MW).[5] Esto corresponde al 68% de la oferta energética del país, que proviene de centrales hidroeléctricas como la de Bajo Anchicayá. Estas cifras demuestran la dependencia de energía hidroeléctrica en Colombia. No sólo es una de las formas más limpias de generación de energía en el mundo, representando para el gobierno la alternativa más viable para la generación de energía renovable en Colombia debido a larga vida, sino que también es una importante perspectiva para el futuro, ya que alrededor del 80% del potencial hidroeléctrico del país aún no se ha explotado.
Desde la Pares oficina caribe, pensamos que es crucial implementar y seguir estrictos planes de manejo ambiental desde el inicio del proyecto e incluir a las comunidades locales en el proceso de planificación y operación de estos proyectos de energías renovables, lo que permitirá mitigar los conflictos y asegurar que los derechos los habitantes y sus medios de vida sean respetados.
REFERENCIAS
[1] Colombia +20, “La historia de cómo una hidroeléctrica acabó con el río Anchicayá, en Buenaventura,” El Espectador. Accessed: Mar. 31, 2024. [Online]. Available: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/la-historia-de-como-una-hidroelectrica-acabo-con-el-rio-anchicaya-en-buenaventura/
[2] A. Marín Correa, “Río Anchicayá, a empezar de cero,” El Espectador, Dec. 23, 2012. Accessed: Apr. 01, 2024. [Online]. Available: https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/rio-anchicaya-a-empezar-de-cero-article-376966/
[3] M. C. Idrobo Munevar, “Confirman condena a varias entidades públicas por daños al río Anchicayá,” RTVC Sistema de Medios Públicos. Accessed: Mar. 31, 2024. [Online]. Available: https://www.radionacional.co/actualidad/medio-ambiente/confirman-condena-por-dano-al-rio-anchicaya
[4] “PIS - Central Hidroeléctrica Bajo Anchicayá,” ANLA. Accessed: Mar. 31, 2024. [Online]. Available: https://www.anla.gov.co/proyectos-de-interes-en-seguimiento/pis-central-hidroelectrica-bajo-anchicaya#:~:text=Capta%20un%20caudal%20de%20104%20m3%2Fs%20del%20r%C3%ADo,energ%C3%ADa%20el%C3%A9ctrica%20a%20la%20zona%20suroccidente%20de%20Colombia
[5] “Hidroelectricidad, la mayor fuente de energía renovable” La Republica, Feb. 19, 2020. Accessed: May. 18, 2024. [Online]. Available: https://www.larepublica.co/especiales/colombia-potencia-energetica/hidroelectricidad-la-mayor-fuente-de-energia-renovable-2966269#:~:text=Estos%20datos%20demuestran%20la%20importancia%20de%20la%20hidroelectricidad,aprovechar%2C%20lo%20que%20genera%20grandes%20oportunidades%20a%20futuro.