Por: Laura Cano. Periodista Pares.
El descontrol y la arbitrariedad desbordada de la Policía continúa. Hasta ayer se habían realizado alrededor de 26 protestas en rechazo al asesinato de Javier Humberto Ordóñez, quien además de las descargas de pistola taser que le propinaron dos policías, recibió en el CAI de Villaluz -según lo informó en la mañana de hoy Noticias Caracol-, “golpes contundentes en el pómulo izquierdo, cuello y hombros, así como lesiones que se extendieron hasta el tórax. Además, en la parte occipital derecha presentaba una herida que sería la que provocó su muerte”. Adicionalmente, en este hecho no solo estarían relacionados los dos (2) uniformados, sino, como lo informó el medio, serían siete (7).
En el estallido que provocó este hecho el balance fue que completamente crítico. A la tarde del jueves la cifra de personas asesinadas ascendió a 11: Alexander Fonseca (17 años), Julieth Ramírez (18 años), Angie Baquero (19 años), Andrés Rodríguez (23 años), Fredy Mahecha (20 años), Germán Puentes (25 años), Cristián Hernández (24 años), Julián González (27 años), Cristian Meneses (27 años), Marcela Zúñiga (36 años) y Lorwuan Stiven Mendoza (26 años). Como un nuevo capitulo de los hechos ocurridos contra jóvenes en las últimas semanas, este suceso registró que la edad promedio de las personas asesinadas es de 23 años, además, preocupa que esta cifra puede seguir aumentando.
Hay varias cosas que señalar. Con lo ocurrido entre el 09 y el 10 de septiembre hay, al menos, 209 civiles heridos/as, de estos, el primer día, el número de heridos por arma de fuego fue de 68, mientras que ayer fue de 08, según lo informado por Claudia López. Por otra parte, en ambas noches en los barrios los disparos descontrolados por parte de la Policía fueron el panorama que acompañó a la gente, la misma que gritaba para no ser asesinada, desaparecida.
Ayer, en barrios de Bogotá como el 20 de julio, el Perdomo, algunas zonas de Suba, Usaquén y Fontibón se denunciaba desde organizaciones y la comunidad que la Policía estaba arremetiendo y actuando con armas de fuego sin importar la vida de quienes estaban en las protestas y en la vía pública. Adicionalmente, esta situación se vivió en otros puntos como en Cajicá.
Por otra parte, se alertó que la Policía estaba violentado de forma indiscriminada también con canicas, tufly, balas de goma, recalzadas, piedras, gases lacrimógenos y aturdidoras -sin dejar de nombrar los golpes con los que abusaron de muchas personas-. No siendo poco, a través de Temblores ONG se denunció, como se había hecho el día anterior, que nuevamente miembros de la Policía estaban entregando armas de fuego a civiles para que también atacaran a la gente que estaba en las calles.
https://twitter.com/TembloresOng/status/1304263532079386624?s=20
Asimismo, uno de los escenarios que más preocupa es que la mayoría de estas agresiones fatales se dieron contra jóvenes de barrios populares de la ciudad, lo que en este momento debería tener rodeadas de protección a las personas que allí habitan, pues de nuevo, la arremetida y criminalización se está centrando contra los/as mismos/a.
“Desde Temblores siempre hemos sostenido que la Policía Metropolitana de Bogotá perfila y criminaliza la pobreza en las personas jóvenes de una manera muy fuerte, no solamente a través de requisas constantes o el perfilamiento por uso de sustancias, sino también perfila a la gente que se encuentra en los barrios y lugares periféricos. Desde Temblores hemos documentado cómo durante la emergencia sanitaria la violencia policial se ha concentrado en los sectores populares y en los barrios donde habitan personas de estratos 1 y 2, principalmente. Además, hay que decir que hay un riesgo mucho más grande de muerte por violencia en jóvenes entre 18 y 24 años”, afirmó Alejandro Lanz, de Temblores ONG.
A esto se suma que en la jornada del #10S también se realizaron protestas, casi todas con abuso de fuerza por parte de la Policía, en Mosquera, Medellín, Cali, Cúcuta, Ibagué, Neiva, Manizales, Barranquilla, Armenia, Fusagasugá y Soacha. Además, también se llevó a cabo la manifestación feminista frente a la EPS Sanitas en Puente Aranda.
Esta contra el abuso sexual cometido por un ginecólogo contra una paciente de 21 años, y también contra el silencio y encubrimiento de la entidad. Tras esto se alertó que había mujeres que en horas de la noche además de ser agredidas, no aparecían.
Detenciones: el miedo como arma
Otro de los balances del #10S fueron las detenciones que se reportaron. Desde Defender la Libertad se informó que siendo las 10:30 p.m. habían sido detenidas 138 personas. Adicional, también se alertó que cuatro (4) defensores de Derechos Humanos de la campaña habían sido trasladados a la Estación de Policía de Usaquén.
Diego Henao, defensor de Derechos Humanos que fue detenido durante la jornada le contó a Pares que “una vez salimos hacia Alcalá escuchamos a lo lejos la explosión de aturdidoras. Al comunicarnos con compañeras nos dicen que el ESMAD intervino la protesta en esa zona del norte. Cuando vamos hacia el CAI de Alcalá vemos que están capturando a un joven, que luego es llevado a una esquina donde había 9 personas más. Mientras les tomábamos los datos llegó un policía que nos pidió identificarnos, le decimos que somos de Derechos Humanos, pero nos sigue insistiendo en los mismo, desconociendo que el chaleco que llevábamos surte el efecto de identificación.«
Nos dicen que sin identificación no podemos hacer nada. A la compañera que estaba conmigo trataron de tumbarle el celular, nos tiraron al suelo y a mí me arrastraron de la calle hacia una pared. Nos decían en tono de intimidación que nosotros solo nos preocupábamos por los ‘vándalos’. Al llegar otros dos compañeros, a quienes les habíamos avisado de la situación, les trataron igual, incluso un agente del ESMAD los amenazó con el arma de dotación. Nunca nos dijeron porqué nos retenían. Nos hacían afirmaciones como que estábamos lanzando piedras y corriendo, como si correr fuera un indicio de estar en la confrontación. A mis compañeros los golpearon en la cara y a quienes estábamos de Derechos Humanos nos empadronaron y nos hicieron interrogatorios absurdos como que de qué universidad somos y qué estudiamos.
https://twitter.com/TembloresOng/status/1304273406544748545?s=20
Al final había 13 personas capturadas, entre nosotros dos compañeras que debieron ser tratadas por la Policía femenina, pero eso nunca pasó, vulnerándoles en especial su integridad. A las 13 personas nos metieron en una sola patrulla. De ahí nos llevaron al CAI de Usaquén. Allá un oficial nos pregunta que si se nos ha perdido algo, un compañero dice que el ESMAD le quitó el celular y el oficial le dice que él responde de ahí para adelante, pero que de donde estábamos y de donde veníamos no respondía nada. Todo eso mientras nos mantenían en la patrulla, sin ningún tipo de distanciamiento.
De ahí nos llevaron a la Estación de Usaquén, allá había otros 11 compañeros/as que estaban en la concentración de Alcalá. En todo esto afortunadamente teníamos los chalecos de Derechos Humanos y eso hizo que se respetara la integridad de las personas que estaban con nosotros/as, en vista que teníamos la posibilidad de denunciar los hechos que pasaran. Ahí adentro fueron amables, paternalistas.
«Allá nos piden la cédula por alrededor de una hora, nos dicen que es para hacer los comparendos, – comparendos que las personas detenidas tuvieron que firmar para que los dejaran salir-. En un momento el subintendente de Derechos Humanos de la Estación nos llama a los cuatro y nos dice que no nos van a hacer comparendo. Le cuestionamos eso y sobre porqué no nos dejaron ejercer nuestra labor. Nos dijo que él no tiene control sobre los otros agentes.»
Antes de salir miembros de la Sijin nos volvieron a pedir la cédula y a interrogar sobre qué estudiamos y en dónde. Nos dejaron ir, pero tomamos la determinación que no íbamos a dejar de hacer acompañamiento hasta que todas las personas con las que entramos salieran, nos lo permitieron y finalmente les dejaron salir casi a las 11 de la noche. Al momento de salir escuchamos el comentario hacia nosotros/as, diciéndonos que por culpa de ‘los de los chalecos’ no pudieron hacer nada”.
Adicionalmente, también se alertó desde Defender la Libertad que entre las personas detenidas en la jornada del #10S había varios niños, niñas y adolescentes. Incluso se denunció que en la Estación Sexta de Tunjuelito estaban tres menores de edad, y uno de ellos manifestó haber sido golpeado, sin acompañamiento de la Policía de Infancia y Adolescencia o del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
A esto se suma, como lo aseveró la campaña, que a las personas detenidas en Puente Aranda no se les había permitido entrevistarse con abogados defensores de derechos humanos, incluso se informó que cinco de ellos iban a ser presentados ante un juez para la legalización de su captura sin tener la oportunidad de hablar con un abogado.
“Adicionalmente hemos recibido denuncias por violencia basadas en género. En la localidad de Engativá una joven menor de edad denunció que un motorizado se bajó de la moto en la que iba y le tocó sus partes íntimas, posteriormente le golpeó la cola. Otros dos jóvenes que iban con ella fueron golpeados en el tórax con tablas”, comunicó Defender la Libertad.
Con todo esto es reiterativo el llamado a que urge una reforma a la Policía. En este momento hay un importante cuestionamiento sobre quién está controlando a esta institución, pues en Bogotá se está prácticamente ‘sin dios, ni ley’, mientras que se siguen contando vidas perdidas, familias sufriendo y gente que sigue en hospitales.
“Nos preocupa mucho que, o hay un desgobierno muy grande y la Policía le está haciendo casi un golpe de Estado a la alcaldesa, o que se están cumpliendo órdenes directamente del Ministerio de Defensa y del presidente del país para generar estos niveles de violencia tan altos como los que hemos visto en estos dos días”, concluyó Alejandro Lanz.
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