Por: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana
La seguridad ciudadana a nivel urbano se ha posicionado como uno de los temas más importantes, tanto en las agendas locales como en las del nivel nacional durante los últimos años; tuvo especial relevancia en el marco de las elecciones de alcaldes y gobernadores durante el 2023, año que estuvo marcado por una tendencia al aumento en delitos como el homicidio, la extorsión y el hurto (Pares, 2024a). Las nuevas administraciones locales y departamentales que iniciaron en 2024 se encontraron frente a importantes retos en materia de seguridad en las ciudades, relacionados, por un lado, con la consolidación de organizaciones delincuenciales y el aumento en las cifras de delitos de alto impacto, y por otro, en la proliferación de problemáticas asociadas a la convivencia, en especial las violencias basadas en género y la violencia intrafamiliar.
Por esto, si bien las nuevas administraciones han tenido poco tiempo de respuesta ante las problemáticas de seguridad, y sus Planes Integrales de Convivencia y Seguridad Ciudadana (PISCC) tienen poco tiempo de haber sido formulados, vale la pena hacer una revisión general de lo que ha sido el año 2024 en términos de seguridad y convivencia urbana a nivel nacional.
Los delitos en cifras:
El año 2023 cerró con un comportamiento en las cifras delictivas que generaban advertencias de cara al nuevo año y las nuevas administraciones. El delito de alto impacto con el crecimiento en cifras más preocupante durante 2023 fue la extorsión, presentando una tendencia al incremento que continuó hasta 2024, y hacia octubre de este año se registró un aumento del 20%, evidenciando la persistencia de esta problemática a nivel nacional y una preocupante tendencia al aumento.
Los municipios que más denuncias de extorsión registraron durante 2024 son Bogotá, Medellín, Barranquilla, Villavicencio y Cali. De estos, el caso más preocupante es el de Bogotá, con un aumento en las cifras de un 79% al mes de octubre, comparado con el mismo periodo de 2023, esto en un contexto en el que organizaciones como el Tren de Aragua, Satanás y Los Camilos son algunos de los principales responsables de la dinamización de este delito, que afecta principalmente a comerciantes.
Con respecto otras ciudades, se considera preocupante la situación de Quibdó y Villavicencio, pues se posicionan como las ciudades capitales con una mayor tasa de extorsión por cada cien mil habitantes en 2024. Quibdó tuvo un aumento en las cifras de un 20% con respecto al año anterior, y tiene una tasa de 234,2, convirtiéndose en la más alta del país; por su parte, Villavicencio registró un alarmante aumento del 102% en los casos, y tiene una tasa de 73,2. También se puede mencionar el caso de Barranquilla con una tasa de 59,7, y los municipios de Tuluá, Soledad y Buenaventura con 55,2, 48,1 y 48,2 respectivamente. En estos lugares es posible identificar actores criminales claves para entender la problemática de la extorsión a nivel local, como Los Costeños y Los Pepes en Barranquilla y Soledad, Los Mexicanos y Los Zetas en Quibdó, La Inmaculada en Tuluá y grupos subcontratados por el Clan del Golfo en Villavicencio.
Ante esta situación, vale la pena aclarar que un aumento en el número de casos de extorsión podría deberse a un aumento en los niveles de denuncia, y esto podría ser respuesta de la implementación de estrategias por parte de las autoridades para motivar la denuncia y fortalecer canales seguros. Sin embargo, como se ha mencionado en anteriores informes de la Fundación Pares (2024b) la extorsión parece estar consolidándose como una de las actividades ilícitas más rentables, y al mismo tiempo como un mecanismo de control social efectivo por parte de las organizaciones delincuenciales, lo cual ha llevado a que en muchos casos esta práctica se normalice, y en otros, que se genere temor a denunciarla, debido a las represalias que las organizaciones puedan tomar. Por esto, se considera necesario generar alerta sobre el comportamiento de las cifras, planteando la posibilidad de que estas efectivamente reflejen un aumento en la comisión del delito.
En cuanto al homicidio, que se configura como uno de los indicadores más importantes para medir los niveles de violencia e inseguridad, se tiene que hasta octubre del 2024 se presentó una leve reducción del 2% en los casos a nivel nacional con respecto al año anterior, con diferencias más evidentes en meses como junio y julio, aunque en general las cifras mantienen las mismas tendencias. Los municipios con más casos registrados son Bogotá, Cali, Cartagena, Medellín, Cúcuta, Soledad y Santa Marta, de las cuales solamente se registró una disminución en Cali y Medellín, mientras que en el resto se evidencia una tendencia al aumento.
En la ciudad de Bogotá el incremento de homicidios hasta el mes de octubre fue del 11%, en un año marcado por la violencia asociada a la delincuencia organizada, con múltiples casos de sicariato e incluso atentados con explosivos. Para el caso de Barranquilla y Soledad, se registra un aumento en los casos del 30% el 16% respectivamente, en el contexto de un conflicto que ya suma varios años entre Los Costeños y Los Pepes, en el que cada vez se ve más involucrado el Clan del Golfo. Por su parte en Cúcuta, se registra un aumento del 7%, siendo protagonistas organizaciones como AK47, Los Porras y Los Manzaneros, que mantienen un fuerte conflicto asociado a las disputas por el control del microtráfico y la extorsión. También vale la pena mencionar casos de municipios con altas tasas de homicidio por cada cien mil habitantes en 2024, como Santander de Quilichao en Cauca con una tasa de 115,5, Quibdó con 99,8, Cartago con 82, y Barrancabermeja y Jamundí, ambos con una tasa de 68.
Si bien el comportamiento de las cifras de homicidios es afectado por otros factores asociados a problemáticas de convivencia como la intolerancia y las riñas, la dinámica delincuencial y las lógicas de disputas entre organizaciones se están convirtiendo uno de los factores de riesgo más importantes en el aumento de la violencia en las ciudades, sobre todo teniendo en cuenta que el 75% de los casos registrados en 2024 se perpetró con armas de fuego.
El panorama anterior se ve afectado también por un importante aumento del 35% a nivel nacional en las denuncias por amenaza, siendo Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena las ciudades con más casos registrados en 2024, teniendo que todas registran un incremento constante en lo corrido del año. De estas, Barranquilla es la ciudad en la que más aumentaron los casos con un 66%, seguido de Medellín con 54%, Bogotá con 49% Cali con 32% y Cartagena con 24%. Este aumento en las cifras de amenazas puede responder a múltiples factores, pero sin duda plantea alertas sobre riesgos en el aumento de las dinámicas de violencia a nivel urbano, en el que personas líderes y lideresas sociales y comunitarias, y defensores de derechos humanos pueden tener un grado más alto de vulnerabilidad.
La delincuencia organizada
Como se ha mencionado, el aumento en algunos delitos de alto impacto, y en general en los riesgos de desencadenamiento de escenarios violentos en los principales centros urbanos del país, tiene como un factor principal el papel que juegan los grupos delincuenciales organizados, en el marco del control territorial y de las rentas ilícitas. Desde la Fundación Pares se ha podido evidenciar una tendencia a la consolidación en términos organizativos y logísticos por parte de estos grupos, que en algunos casos termina desencadenando disputas y profundizando la situación de inseguridad en las ciudades.
Una muestra del grado de consolidación y el nivel de incidencia que han llegado a adquirir algunos grupos delincuenciales, es la problemática de seguridad que atraviesan los guardianes y funcionarios del INPEC a nivel nacional actualmente, quienes han sido víctimas sistemáticas de amenazas y atentados. Esta situación ha dejado un saldo de alrededor de 17 funcionarios de esta institución asesinados en los últimos 2 años, así como múltiples panfletos amenazantes y atentados. Grupos como La Inmaculada de Tuluá, Muerte a Guardianes Opresores (MAGO), Los Rastrojos Costeños de Barranquilla, Satanás de Bogotá e incluso el Clan del Golfo, han sido señalados de realizar amenazas y ordenar ‘Planes Pistola’ en contra de funcionaros del INPEC. Esto como represalia ante operativos como la ‘Operación Dominó’ que buscan contrarrestar las actividades ilícitas en los principales centros penitenciarios del país, mediante requisas, aislamientos y traslados de reclusos, todo esto en un contexto en el que las cárceles se han convertido en centros dinamizadores de delitos como la extorsión, desde los cuales los cabecillas de las organizaciones continúan coordinando sus actividades.
En este panorama de la delincuencia organizada se puede observar un escenario de diversificación de las economías ilícitas, y también una reconfiguración de las dinámicas de la violencia en el país, en el que entran en juego organizaciones criminales consolidadas a nivel local, ligadas principalmente al microtráfico y la extorsión; actores armados como el Clan del Golfo y en cierta medida el ELN y las disidencias de las FARC, que buscan extender sus redes de influencia y sus capacidades de control territorial a nivel nacional; y también actores criminales con un carácter transnacional como los carteles mexicanos de narcotráfico.
Violencias basadas en Género
Otra de las problemáticas que marcó la situación de convivencia y seguridad en el país en 2024, especialmente para las mujeres, fueron las violencias basadas en género, expresadas a través de delitos como el feminicidio y la violencia intrafamiliar. Según el Observatorio de Feminicidios Colombia del centro de investigación Republicanas Populares, hasta octubre del 2024 se ha registrado un total de 745 casos de feminicidio a nivel nacional, de los cuales en 72 casos las víctimas fueron mujeres afrodescendientes, y en 18 casos las víctimas fueron mujeres trans. Estas cifras, comparadas con los 447 casos registrados en el mismo periodo del año 2023, evidencian un preocupante aumento del 50%, profundizando un escenario de advertencia, que se venía planteando desde el inicio del actual gobierno con la declaración de emergencia nacional por violencia de género, pero que no parece haber provocado reacciones oportunas y efectivas.
A partir de estos datos, se tiene que Antioquia es el departamento con más casos, seguido de Bogotá, Atlántico, Valle, Cauca, Norte de Santander, Santander, Bolívar, Magdalena y Tolima, y las principales afectadas son las mujeres jóvenes, de entre 20 y 29 años.
Otro de los delitos que expresa la situación de violencias basadas en género en el país es la violencia intrafamiliar, ya que es un tipo de violencia que afecta principalmente y de manera diferenciada a las mujeres (Fundación Pares, 2024c). Según datos del SIEDCO, el 74,1% de las víctimas de violencia intrafamiliar en 2024 fueron mujeres, en un año en el que se registró un importante aumento del 42% en los casos de violencia intrafamiliar en comparación al periodo de enero a octubre de 2022, siendo Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Soacha las ciudades con la mayor concentración de casos.
Referencias
Fundación Paz & Reconciliación (2024a). Balance anual. Convivencia y seguridad ciudadana 2023. Disponible en https://www.pares.com.co/post/desalentador-panorama-se-dispararon-el-secuestro-el-hurto-y-la-extorsi%C3%B3n-en-2023-balance-de-convi
Fundación Paz & Reconciliación (2024b). Radiografía de la extorsión: el principal desafío de la seguridad ciudadana. Disponible en https://www.pares.com.co/post/radiografia-de-la-extorsion-en-colombia
Fundación Paz & Reconciliación (2024c). Vivir sin Miedo. Informe de Violencias Basadas en Género. Disponible en https://www.pares.com.co/post/la-violencia-contra-la-mujer-sigue-disparada-en-colombia-informe-vivir-sin-miedo
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