Por: Laura Cano
Periodista Pares
El pasado 18 de febrero se conoció el más reciente testimonio de Benito Osorio, exgobernador de Córdoba y exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba, quien aseveró ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que en el año 2005 José Félix Lafaurie pidió al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso que financiara y generara presión para que Mario Iguarán fuera fiscal general.
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Según los detalles que entregó, Lafourie habría entregado los contactos de quienes tomarían la decisión de elegir al fiscal general para que Mancuso pudiera contactarlos e influir en su voto. Además, contaba Osorio, que Lafurie afirmaba para ese momento que iba de parte Sabas Pretelt de la Vega, quien para ese entonces era ministro del Interior, y que además la elección de Iguarán como fiscal iba a ser "más benevolente con las autodefensas".
Hay que señalar que finalmente, en agosto de 2005, Igurán fue elegido fiscal, cargo en el que estuvo hasta 2009. Justo durante su periodo,María Fernanda Cabal, esposa de José Félix Lafaurie, fue nombrada en la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía. Por otro lado, en 2012 se destapó la controversia sobre si su posesión en este cargo se debió a vínculos con grupos paramilitares.
Sobre esto último, desde hace varios años, tanto benito Osorio como Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, han dado sus versiones, en donde se llega al mismo punto: José Félix Lafurie tuvo vínculos con jefes paramilitares, y a través de esos nexos se orquestaron muchas acciones, como, por ejemplo, la elección de Iguarán como fiscal.
De hecho, luego de las declaraciones de Benito Osorio, Mancuso, quien por lo menos desde 2012 se viene refiriendo sobre este hecho puntual, envió una carta respaldando lo dicho por Osorio.
Pues bien, luego de que este ventilador se volviera a encender, a través de la W Radio se informó que las Águilas Negras habrían declarado como objetivos militares a Osorio y a Mancuso: “Con nuestros bloques, redes de inteligencia y aliados los encontraremos en cualquier parte del territorio nacional donde se escondan y no importa cuántos escoltas tengan, no les servirá ningún esquema de protección, los vamos a encontrar, a torturar, descuartizar vivos y a desaparecer”, cita el medio respecto al documento en el que se amenaza a los dos implicados.
Acerca de esto, Benito Osorio afirmó ante La W: “Por supuesto está en riesgo mi vida y la de mi familia. No puedo responsabilizar a alguien si me pasa algo, la verdad es muy difícil. Le pido a las autoridades competentes, a la JEP que evalúe la situación de mi familia porque deben venir represalias de todo tipo”, indicó.
Hay que señalar que, luego de las versiones de Osorio, la defensa del exgobernador solicitó a la JEP que se le brindara a Benito Osorio un esquema de seguridad, vehículo blindado, conductor y escolta. Asimismo, se recomendó que las diligencias a las que citara el tribunal al exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba fueran virtuales.
También se debe precisar que hace un par de semanas la JEP le concedió la libertad transitoria a Benito Osorio, quien había sido condenado en abril de 2015 a 19 años, 6 meses y 9 días de prisión, al habérsele probado nexos con paramilitares que habían desatado hechos de destrucción y apropiación de bienes protegidos; deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil; lavado de activos agravado; testaferrato y concierto para delinquir. A esto se le sumaba una multa económica de 25.789 salarios mínimos mensuales, que debían ser pagados a la Unidad de Víctimas (UARIV).
Por último, hay que traer a colación que luego de que se conociera la declaración de Osorio ante la JEP, Fedegan envió un comunicado a la opinión pública en el que se calificaba de “delirantes” las versiones de Benito Osorio, y además se afirmaba que eran “falsas acusaciones”.