Isaac Morales - Coordinador
Laura Vanesa Prieto – Investigadora Nacional
Brayan Guzmán – Asistente de Investigación
A pocas horas de terminar el periodo presidencial de Iván Duque, presentamos el siguiente balance de la seguridad y convivencia ciudadana en Colombia durante los últimos cuatro años. Si bien, la pandemia por COVID – 19 provocó una disminución de los delitos de alto impacto en el primer trimestre del 2020, los meses posteriores reportaron incrementos significativos que pusieron en evidencia una crisis de seguridad en el país.
De manera general, los hechos victimizantes que más aumentaron en el 2021 fueron las amenazas con un 56%. Como se observa en la siguiente tabla, entre el 2019 y 2020 el total de denuncias disminuyó; sin embargo, luego del confinamiento se observa una tendencia al incremento que se ha sostenido hasta los primeros seis meses del 2022, siendo este el semestre con más amenazas en los últimos 4 años (ver tabla no. 1).
Cabe señalar que, a pesar de que la mayor tasa de este delito se registró en el 2018 con 175 amenazas por cada 100.000 habitantes (seguida del 2021 con una tasa de 122 y el 2019 con 99), el alarmante incremento de denuncias en lo que va del presente año podría indicar que la tasa de amenazas para el 2022 sería mayor a la del 2018.
Tabla no. 1
Fuente: SIEDCO. Elaboración propia
En lo referente al secuestro, según datos de la Policía Nacional, para el 2021 aumentaron los casos en un 55%. De manera similar al delito anterior, durante la pandemia se disminuyeron las denuncias; a pesar de esto, en el 2020 la diferencia fue de apenas 4 casos (ver tabla no. 2). Esto demuestra que este delito fue una práctica que se sostuvo a pesar del aislamiento.
Con la derogación progresiva de la cuarentena y el impacto de la pandemia sobre las economías ilegales, en el 2021 el 68% de los secuestros fueron de carácter extorsivo, tendencia que se sostiene hasta el primer semestre del 2022 con un 72% de casos reportados bajo esta modalidad.
Tabla no. 2
Fuente: SIEDCO. Elaboración propia
Por otra parte, el hurto a personas reporta un incremento del 30% en el 2021. Si bien, en este periodo no se igualó el total de casos del 2019, la tasa de victimización registrada en ciudades como Bogotá después de la pandemia fue la mayor en los últimos 4 años: del 30%, 16 puntos porcentuales más que en el 2019 (Cámara de Comercio de Bogotá, 2022).
Se observa que, de manera similar a los demás delitos, la tendencia de igualar (incluso superar) los totales registrados antes de la pandemia también aplica para el hurto a personas. Durante el primer semestre del 2022, se reportaron 148.511casos, 20% más que en el mismo semestre del año anterior (ver tabla no. 3).
Tabla no. 3
Fuente: SIEDCO. Elaboración propia
Otro delito que registró un incremento en el primer semestre del 2022 fue la extorsión con 802 denuncias más que en el mismo periodo del 2021, es decir, un aumento del 22% (ver tabla no. 4). Según los datos del SIEDCO, durante la pandemia la reducción fue de apenas el 15%, las extorsiones por redes sociales, mensajes de texto y llamadas telefónicas, fueron las modalidades que incrementaron a pesar de la disminución del total de casos en ese año.
De acuerdo con el seguimiento de la Línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana, estas modalidades han persistido a pesar de la reactivación económica, sin embargo, la extorsión por medios físicos y presenciales aumentó después del levantamiento de las medidas sanitarias de la siguiente manera: 31% más denuncias por extorsión directa en el 2021 y del 79% en el primer semestre del 2022 frente al mismo periodo del año anterior.
Tabla no. 4
Fuente: SIEDCO. Elaboración propia
Finalmente, los homicidios no presentaron una variación significativa durante la pandemia. Como se observa en la siguiente tabla, a pesar del aislamiento solo se redujeron en un 5% las denuncias, poniendo en evidencia una crisis de seguridad que se reflejó en el asesinato sistemático de líderes sociales durante ese periodo. Adicionalmente, para el 2021 el aumento fue del 15%, dando como resultado la tasa de homicidios más alta de los últimos cuatro años: 27,8 personas asesinadas por cada 100.000 habitantes.
Además de los hechos victimizantes perpetrados por organizaciones delincuenciales, también es necesario señalar los casos de abuso policial en medio del Paro Nacional del 2021, que terminaron en los homicidios de ciudadanos y ciudadanas que se manifestaron. Frente a esto, PARES registra 79 homicidios en el marco del paro, de los cuales, 44 casos habrían sido cometidos presuntamente por miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), 10 por parte de civiles armados y 25 se encuentran sin identificación. Las ciudades que reportan estos hechos son: Cali (Valle del Cauca) con 45 casos, Bogotá con 7, Yumbo (Valle del Cauca) con 6, Tuluá (Valle del Cauca) con 5, Balboa (Cauca) con 2, La Virginia (Risaralda) 2, Madrid (Cundinamarca) 2, Pereira (Risaralda) 2, Belalcázar (Caldas) 1, Candelaria (Valle) 1, Cartago (Valle) 1, Ibagué (Tolima) 1, Medellín (Antioquia) 1, Popayán (Cauca) 1, Teruel (Huila) 1 y Villagarzón (Putumayo) 1.
Tabla no. 5
Fuente: SIEDCO. Elaboración propia
La cuestionable gestión del Paro Nacional trajo como consecuencia la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, que a través de un informe señaló 4 recomendaciones generales al estado colombiano: Promover y reforzar un proceso de diálogo nacional con enfoque territorial. Reforzar la confianza ciudadana a partir de la independencia de los poderes públicos y entes de control. Fortalecer la garantía y protección de los DESCA con enfoque de igualdad y no discriminación. Adoptar medidas para garantizar la vida, integridad personal y seguridad de las personas que testificaron y dialogaron ante la CIDH.
Dentro del conjunto de recomendaciones se destaca en torno a la convivencia y la seguridad ciudadana una serie de reformas a la Policía Nacional a partir de la separación de esta institución y el ESMAD del Ministerio de Defensa, acompañado de una serie de estrategias que eviten el uso desproporcionado de la fuerza y que le brinden a la policía un carácter civil mas no militar.
Según el informe ‘Paro Nacional 2021: Lecciones aprendidas para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en Colombia’ presentado por la ONU, en el marco del paro nacional se presentó un alto número de personas lesionadas que de acuerdo con información del Puesto de Mando Unificado - PMU, entre el 28 de abril y el 31 de julio se registran 1.140 civiles lesionados y 1.712 personas uniformadas lesionadas.
Frente a las Violencias Basadas en Género, la ONU recibió 60 casos de personas víctimas de violencia sexual en el marco de las protestas de las cuales el 80% son mujeres y el 20% hombres, presuntamente cometidos en su totalidad por miembros de la Policía. Se registran 16 casos en Bogotá D.C; 11 en Palmira (Valle del Cauca); 6 en Medellín (Antioquia); 5 en Popayán (Cauca); 5 en Cali (Valle del Cauca); 4 en Pasto (Nariño); 3 en Barranquilla (Atlántico); 3 en Soledad (Atlántico); 1en Bello (Antioquia); 1 en Itagüí (Antioquia); 1 en Tunja (Boyacá); 1 en Facatativá (Cundinamarca); 1 en Acacías (Meta); 1 en Yumbo (Valle del Cauca) Y 1 en Bucaramanga (Santander).
Sin embargo, es necesario recalcar que en lo concerniente a la información registrada de lesiones personales y de violencias basadas en género, la línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana identifica que se presenta un subregistro ya que, en muchas ocasiones, las víctimas se vieron obligadas a dejar de acudir a centros asistenciales para evitar cualquier retaliación por parte de miembros de la Fuerza Pública, de igual forma, muchas personas lesionadas fueron atendidas en las brigadas de salud ciudadanas que se conformaban en las movilizaciones como lo informa la ONU.
Paralelamente, el manejo del Paro Nacional de 2021 por parte del gobierno de Iván Duque se enmarco en capturas arbitrarias y procesos de judicialización en contra, principalmente, de personas que participaron en las protestas por lo que entre el 18 de abril y el 16 de septiembre se realizaron 1.970 capturas en el marco de las protestas, de las cuales, 1.685 fueron por flagrancia y 385 bajo orden judicial. Al igual, entre el 18 de abril y el 16 de septiembre se realizaron 18.501 traslados por protección, de los cuales 531 habían sido relacionados con las protestas.
Situación que generó preocupación ya que de acuerdo a la información registrada por la ONU, manifestantes habían sido privados de su libertad en circunstancias que no están definidas bajo la figura de flagrancia, de igual forma, algunas de las detenciones se habrían dado en el marco de las violaciones de los derechos de las personas privadas de la libertad a causa de la falta de notificación de las razones de la detención, la falta de acceso a un abogado, la incomunicación con familiares y la falta de presencia del Ministerio Público durante los procedimientos, etc. De igual forma, en las protestas el traslado por protección no se empleó, en un porcentaje significativo de casos, con el fin de proteger la vida o integridad de la persona trasladada sino con el objetivo de impedir la manifestación de estas.
Si bien es cierto, que las recomendaciones entregadas por la CIDH e incluso por la ONU son claras, la implementación de estas por parte del gobierno de Iván Duque refleja falta de voluntad política ya que los avances en dicha materia son mínimos, e incluso, de acuerdo con el monitoreo de PARES, se han generado estrategias del alto gobierno que desconocen y evaden la implementación de dichas recomendaciones.
El presidente Duque ha sancionado dos leyes encaminadas a la reforma policial la Ley 2179 del 30 de diciembre de 2021 que tiene por objeto crear la categoría de Patrulleros en la Policía Nacional y establecer las normas relacionadas con su régimen especial de carrera. Así mismo, dicta disposiciones a los estudiantes y personal uniformado en servicio activo, relacionadas con la profesionalización para el servicio de policía y desarrollo policial con enfoque en derechos humanos y otras vinculadas con la modificación de normas de carrera, las distinciones para el personal de Patrulleros del Nivel Ejecutivo y el bienestar del personal.
En segundo lugar, la Ley 2196 del 18 de enero de 2022 crea el Estatuto Disciplinario Policial, con el que se busca modificar los procedimientos y sanciones a los miembros de la Policía cuando haya vulneración de los derechos humanos, así como fortalecer la participación ciudadana. Finalmente, el decreto 113 de 2022 crea una nueva estructura orgánica adicionando tres jefaturas para el servicio (Desarrollo Humano, Servicio de Policía y Administración de Recursos).
El monitoreo realizado por la línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana permite identificar que los esfuerzos en el proceso de reforma de la Policía Nacional por parte del Gobierno Nacional se han enmarcado en una mejora de las condiciones laborales del personal activo uniformado, dejando en un segundo plano, temas de mayor relevancia estructural, como la separación de la policía del Ministerio de Defensa, un enfoque integral de DD. HH en la formación policía, etc.
Lo que genera preocupación ya que estos se encuentran financiados por donaciones del gobierno de los Estados Unidos por 8 millones de dólares, respectivamente, en derechos humanos: (2.7 millones); Creación de un Centro de Estándares (1.5 millones); Resiliencia, Diversidad y Uso apropiado de la Fuerza (2.6 millones) y Transparencia y Responsabilidad (1.3 millones).
Es necesario señalar que los dos proyectos de ley, para la reforma de la Policía Nacional, tramitados por la oposición de la anterior legislatura no surtieron los trámites ante las cámaras del Congreso, por lo que las únicas reformas realizadas en este periodo fueron las que presentó y sancionó el gobierno de Iván Duque.
Otro elemento de análisis del presente balance tiene que ver con la gestión de la convivencia ciudadana. Según datos del Registro de Medidas Correctivas – RNMC, se reportan 1.337.997 comparendos en el 2020 por comportamientos que afectan las relaciones entre personas y autoridades (art. 35 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - CNSCC), siendo el desacato e irrespeto a la autoridad las contravenciones más registradas.
Para el 2021, los comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas (art. 27 CNSCC) fueron los más registrados con 717.152 comparendos, seguido de aquellos señalados por el art. 35 con 482.460, estos se redujeron en un 63% en este periodo (ver gráfica no. 1).
Gráfica no. 1
Fuente: RNMC. Elaboración propia
Se observa que después de la pandemia la convivencia ciudadana se fue afectada en mayor medida por los hechos violentos entre las personas (riñas, porte de armas, entre otros), lo que podría ser un indicador de afectaciones a la salud mental debido a la cuarentena. Vale la pena señalar que, debido a la cuestionable gestión del paro, existe un deterioro de la relación entre la Policía Nacional y la ciudadanía en general, lo que indica un importante problema de convivencia que es necesario atender.
De otro lado, los paros armados del ELN y el Clan del Golfo pusieron en evidencia una crisis de la gestión territorial de la seguridad en zonas rurales en las que la Policía Nacional tiene capacidades limitadas para enfrentar estas afectaciones al orden público. También, el incremento de los atentados contra funcionarios de la Fuerza Pública, registrados desde el 2021 hasta la fecha, da cuenta de las disputas por el control de territorios estratégicos para las economías ilegales, lo que agudiza en mayor medida la crisis de seguridad.
Adicional a esto, el ‘plan pistola’ del Clan del Golfo ha tenido como resultado el asesinato de 42 policías en 31 municipios de 13 departamentos (ver mapa no. 1), como retaliaciones por la captura de cabecillas de dicha organización, particularmente de alias ‘Otoniel’. Algunos de estos hechos victimizantes se han presentado en zonas urbanas de los municipios, demostrando una gran capacidad de control territorial por parte de la organización.
Mapa no. 1
Elaboración propia
En síntesis, la seguridad y convivencia ciudadana durante el gobierno del saliente presidente se enfrentó a distintos retos que se derivaron en una crisis de la gestión de la seguridad, la cual se profundizó después de la pandemia. En primer lugar, lo índices de los delitos de alto impacto a partir del 2021, demuestran una tendencia a la recuperación de las cifras antes del confinamiento. Esto indica que la reactivación económica aceleró las dinámicas de violencia y de la delincuencia común y organizada en todo el país, por lo que las medidas de prevención del delito resultaron ser poco efectivas durante ese periodo.
En segundo lugar, la convivencia ciudadana ha sufrido los impactos de la pandemia. Si bien, las disposiciones del CNSCC determinan medidas correctivas ante los comportamientos contrarios a la convivencia, no existe un lineamiento ni un diagnóstico oficial sobre este fenómeno y los impactos que tuvo la pandemia en las relaciones cotidianas entre ciudadanos. Esto es un elemento a considerar, ya que no se observan acciones de prevención de la violencia o fortalecimiento de mecanismos de resolución pacífica de conflictos a nivel nacional.
En tercer lugar, las organizaciones delincuenciales y los grupos armados han impactado la seguridad en el país, particularmente después de la pandemia. Las disputas por el control de las rentas ilegales en las conurbaciones urbanas, y los ejercicios de control territorial en zonas urbanas, rurales y de frontera, ponen en evidencia la limitada capacidad de gestionar la seguridad desde las entidades territoriales.
Referencias
CIDH. (2021). Observaciones y recomendaciones Visita: Junio 2021 Visita de trabajo a Colombia
ONU. (2021). Paro Nacional 2021: Lecciones aprendidas para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en Colombia
U.S Embassy Bogotá. (2022) EE. UU. ANUNCIA DONACIÓN DE USD 8 MILLONES PARA APOYAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL.
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