Por: Laura Bonilla, Subdirectora Pares
Para @confidencialcol
El piloto de la Paz Total, que pudo haber sido un laboratorio de reconciliación, está muriendo en medio del constante ruido de las balaceras en el puerto más importante del Pacífico colombiano. En este momento, culpar a otros no tiene un gran impacto. Sin embargo, sí existe una profunda irresponsabilidad institucional que se extiende por todos los poderes del Estado.
Por un lado, la obsesión por obtener victorias políticas rápidas llevó al Gobierno Nacional a desperdiciar posiblemente la mejor oportunidad de lograr la paz en el ámbito urbano. En medio del enredo de proyectos, acuerdos políticos y bancadas, el Estado olvidó que tiene a su disposición numerosos instrumentos normativos para actuar rápidamente. Esto incluye fortalecer las habilidades y capacidades locales, aprovechar la cooperación internacional en beneficio de la paz, aliarse con la sociedad civil, implementar intervenciones en materia de derechos humanos y trabajar con programas de desarrollo y paz. Sin embargo, sobre todo, se perdió la oportunidad de utilizar eficientemente las herramientas del proceso de paz firmado con las FARC.
Al mismo tiempo, la postura de la Fiscalía no puede ser calificada de otra forma que perversa, ya que el Fiscal Barbosa parece dispuesto a quemar el país con tal de que a Petro le vaya mal. En lugar de cumplir su rol y trabajar en colaboración con todo el aparato estatal en aras del bien común y garantizar la justicia, la Fiscalía está demasiado ocupada desempeñando un papel político que no le corresponde.
En tercer lugar, la Paz Total demuestra cuán poco le importa al legislativo (con algunas excepciones) el bienestar colectivo. El liderazgo legislativo se está enfocando cada vez más en sus agendas personales, sin mostrar empatía hacia lo que está sucediendo en el puerto. Mientras las bancadas más cercanas al Gobierno parecen negar la realidad, discuten cifras y se niegan a escuchar las cada vez más desesperadas peticiones de la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos, la oposición utiliza la violencia para demostrar que la paz no sirve de nada. Ya son muy pocas las personas en el Congreso que aún creen en el éxito de este proceso.
En medio de esta irresponsabilidad política, se está gestando una nueva guerra en Buenaventura. Recientemente, como ha mostrado frecuentemente la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), ha surgido un nuevo grupo armado. Nuestras investigadoras, aterrorizadas por las balaceras, informan desde debajo de la mesa del comedor, mientras que el tejido social está agotado de pedir una ayuda que nunca llega. Como ha expresado nuestro coordinador de la oficina Pacífico en Twitter: “las armas están en todas partes”.
Lo cierto es que lo más perverso que puede hacer el Gobierno es utilizar la excusa de que este conflicto se venía gestando desde antes, como algunos han afirmado. Claro que sí, esta nueva guerra creció cuando el gobierno anterior hizo añicos el Acuerdo de Paz y desvió su atención mientras los grupos armados tomaban control territorial. No se puede permitir repetir ese nivel de cinismo. Debemos corregir el rumbo. En este momento, asignar culpas no tiene ningún beneficio; los egos deben dejarse a un lado. Cada obstáculo que se presente entre los encargados de la política de paz y seguridad se traduce en vidas perdidas y un horizonte de paz que se aleja cada vez más.
El reto es considerable. La militarización no funciona, pero el Estado tampoco puede delegar el control territorial, una situación que se ha venido gestando desde 2016. Solamente una estrategia combinada, en la cual la presencia de la fuerza pública respalde la construcción de paz, se bloquee el acceso a armas y dinero, se debilite la economía ilícita y, sobre todo, se proteja a las personas en un conflicto irregular, puede brindar una luz de esperanza en la situación actual. Esto debe ir acompañado de una presencia institucional permanente. No se trata de caravanas, reuniones o visitas esporádicas. Es necesario establecer oficinas en el territorio, fortalecer las instituciones, asignar presupuesto para programas y proyectos que contribuyan a la disminución de la violencia, y utilizar audazmente las herramientas disponibles para fomentar la desmovilización y el desarme de los grupos armados.
Cada vida perdida en Buenaventura y cada día de violencia alejan aún más el horizonte de la paz. La vida vale mucho más que la complacencia política. Incluso sin ley de sometimiento, hay que actuar.
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