Por: Katerin Erazo, Periodista
La situación de orden público en Buenaventura se ha agravado en las últimas semanas. Un grupo conocido como “Los Chiquillos” ha ganado notoriedad después de que se difundieran videos virales en los que amenazan con tomar acciones en el territorio y enfrentarse a la banda rival “Los Jaliscos”. Según la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), “Los Chiquillos” son la tercera banda criminal más grande de la ciudad y tienen el control de la Comuna 12, que abarca 25 barrios y está bajo la influencia de los grupos delincuenciales "Shottas" y “Espartanos”.
En respuesta a esta situación, la Defensoría del Pueblo ha advertido sobre estos conflictos y ha instado al Estado a tomar medidas para proteger a las comunidades afectadas. Juan Manuel Torres, coordinador de la Oficina del Pacífico de Pares, nos proporciona en esta entrevista una visión del contexto actual de Buenaventura y expresa la necesidad de que el Gobierno tome acciones concretas y duraderas para mitigar el riesgo para la población civil en la región.
¿Cuál es la situación actual en Buenaventura?
El contexto actual de Buenaventura es de incertidumbre, temor, pero también hay mucha expectativa. Existe incertidumbre por lo que puede pasar con la Paz Total. A pesar de los acuerdos y promesas realizadas a Buenaventura, como el paro cívico y los acuerdos de paz con las FARC, así como la movilización del estallido social y la llegada de un nuevo gobierno, aún no se vislumbra un camino claro. Además, se carece de un liderazgo político local definido.
El temor prevalece debido a la influencia de grupos que han adquirido un gran poder en la región. Más allá de los vídeos que se han difundido, estas organizaciones ejercen una gran influencia en aspectos económicos, realizando cobros de impuestos y extorsiones. Sus acciones tienen un impacto significativo en la vida cotidiana de los habitantes de Buenaventura.
Por otro lado, existen expectativas porque estos pueblos, considerados resilientes, no quieren permanecer condenados a la resistencia. Siempre están dispuestos a contribuir hacia la consecución de la paz. Hay líderes y organizaciones que desean involucrarse aún más en este proceso. La llegada del ministro de Defensa y otros anuncios esperados para Buenaventura generan muchas expectativas en la población, que anhela mejoras significativas en la situación actual.
¿Cuáles son los actores armados que han tenido una mayor presencia o influencia en Buenaventura?
Bueno, es importante destacar que Buenaventura no ha estado históricamente involucrado en el conflicto armado en Colombia, sino que ha experimentado un incremento de la violencia en los últimos 30 años. Durante este tiempo, las FARC tuvieron presencia en la zona, y también hubo intervención de los carteles del Valle y la AUC. Además, surgieron diferentes facciones paramilitares, como el Bloque Pacífico y el Bloque Calima, lo que resultó en una guerra intensa. La primera etapa de esta guerra se dio con la llegada del paramilitarismo a principios de los años 2000, y posteriormente, después de la desmovilización de las AUC, se desató una guerra entre los grupos de narcotráfico conocida como la guerra de rastrojos macho-graveño, que fue particularmente devastadora.
El problema actual radica en que Buenaventura está viviendo en un contexto de pacificación, ya que Colombia ha avanzado en el proceso de paz. Sin embargo, esto ha generado un escenario delicado, ya que persisten grupos armados en la zona rural, como el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que han intentado establecer franquicias en Buenaventura. Por otro lado, después del proceso de paz con las FARC, surgieron rápidamente disidencias, como el Frente Unido del Pacífico, liderado por la facción conocida como Jaime Martínez, que forma parte del Bloque Occidental del Estado Mayor Central de las disidencias.
Además, está la Segunda Marquetalia, que tiene disputas con la facción de Jaime Martínez y está aliada con el ELN en la región de los ríos del sur. Se registra una guerra entre las AGC, también conocidas como Clan del Golfo, y el ELN en la zona del bajo San Juan. En cuanto a la ciudad, antes existía un acuerdo o pacto entre los narcotraficantes de Buenaventura, que se distribuían el territorio. Sin embargo, el 30 de diciembre de 2020 estalló una guerra urbana que aún continúa y está protagonizada por facciones conocidas como Shottas y Espartanos. Los que ahora se hacen llamar "Los Chiquillos" son una derivación de la empresa (paramilitares) y representan un grupo reducido confinado en algunos barrios donde su influencia es limitada.
¿Cómo ha llegado el territorio que anteriormente se presentaba como un éxito en términos de Paz Total a estar en crisis y al borde de ser militarizado?
En mi opinión, considero que se han cometido errores estratégicos en la estrategia de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz al abarcar el tema de la Paz Total. Si se hubiera creado una ley de orden público y una ley específica para la Paz Potal, con la inclusión de comisionados regionales, habría sido más adecuado. ¿Por qué lo digo? Porque el acuerdo entre bandas, como mencionó el ministro de Defensa, no debe detener nuestras acciones. Iván Velásquez afirmó que no podemos detener nuestro accionar solo porque hay un acuerdo entre bandas. Este acuerdo es una respuesta al llamado del Gobierno para lograr la Paz Total.
La Oficina del Alto Comisionado de Paz, representada por Danilo Rueda, se colgó a ese acuerdo, y habló del proceso de paz urbana, del piloto, del laboratorio, de la Paz Total, 90 días sin homicidios, esto generó una sensación de tranquilidad durante siete meses, ya que la guerra había causado un gran desgaste en la ciudad y los índices de homicidios y otras formas de victimización disminuyeron. Sin embargo, este acuerdo era frágil, ya que estamos tratando con organizaciones criminales con intereses propios y subestructuras que necesitan financiarse. Además, la dinámica de reconfiguración y las disputas por el control territorial entre estos grupos continúan. En el nuevo Gobierno se ha comenzado a cambiar el enfoque, con la ampliación del pie de fuerza y el fortalecimiento de la inteligencia, que son aspectos que también habíamos solicitado desde Pares.
Según el comunicado del Alto Comisionado, se menciona la iniciativa de entablar diálogos sociojurídicos con grupos armados. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Cree que el gobierno está siguiendo el camino correcto?
Durante mucho tiempo ha existido confusión sobre si lo que ocurre realmente es una guerra urbana. El Gobierno no puede aceptarlo fácilmente y para las personas estos grupos son simplemente criminales y bandidos interesados únicamente en el dinero. No comprenden que estos grupos controlan espacios urbanos y reemplazan al Estado en el monopolio de las armas. Gobiernan la vida cotidiana en esas zonas.
Existía incertidumbre sobre el escenario en el que se desarrollaba esta situación. ¿Era una negociación? ¿Una mesa de conversaciones? Por eso se propuso una ley de sometimiento que aclararía el asunto y permitiría pasar del sometimiento individual al sometimiento colectivo. Sin embargo, esta mesa ha sido pospuesta durante los últimos dos o tres meses, lo que evidencia la crisis que enfrentamos. Esta mesa no se trata solo de diálogos sociosjurídicos, sino que busca explorar las posibilidades y avanzar utilizando las leyes y normas actuales. Se buscará mejorar las condiciones humanitarias, los traslados, las cárceles, entre otras complejidades. Por tanto, se tratarán aspectos sociojurídicos en estos escenarios.
En este momento de debilidad existe la desconfianza de que haya un precio por sus cabezas desde varias estructuras. Parece que el acuerdo está en una situación tensa y algunos incluso sugieren que hay fracturas dentro de los grupos. Veremos si esta instalación de la mesa puede representar un avance significativo. No estoy seguro si es el camino correcto, pero es necesario dar pasos hacia adelante en esta situación.
¿Cuál podría ser una estrategia efectiva para detener o mejorar la situación en Buenaventura?
En nuestra estrategia, en relación con organizaciones como Pares, hemos recibido solicitudes de recomendaciones, esperando que estas sean escuchadas y atendidas. Sin embargo, no tenemos la receta completa para abordar este problema tan complejo e intenso que se ha presentado, lo cual ha generado una crisis humanitaria, social y económica en Buenaventura. La tasa de desempleo en la ciudad está un 2,5% por encima del país e incluso supera a ciudades capitales como Quibdó y Arauca, que son conocidas por tener altos niveles de desempleo. Entonces, ¿cuál podría ser una estrategia efectiva?, como coordinador de la Oficina Pares Pacífico he propuesto varias cosas.
En primer lugar, es necesario acelerar todos los proyectos que han quedado estancados, como los acuerdos derivados del paro cívico, el PDET, obras por impuestos, SOMAC y también el acceso a las regalías. También es importante asegurar un flujo constante de recursos hacia Buenaventura a través de la cooperación internacional. No es aceptable que, después de seis años desde la aprobación de una ley relacionada con los acuerdos del paro cívico, solo se haya avanzado un 6% cuando originalmente estaba prevista para un período de 10 años.
Otra estrategia es aprovechar las ventanas de oportunidad que se presenten. Sin embargo, durante este Gobierno, no se han aprovechado de manera efectiva. Hace falta una estrategia clara y coherente. Además, la designación de un Comisionado Regional de Paz podría ser una estrategia para mejorar la situación, fortaleciendo la inteligencia y recuperando la normalidad en la vida cotidiana de Buenaventura, incluyendo la seguridad de los espacios públicos y la posibilidad de que las personas puedan estar en las calles. Esto debe hacerse con la presencia adecuada de la policía y la Armada, pero con un enfoque de derechos humanos que no estigmatice a los jóvenes, la población y las comunidades pobres y negras de los barrios, quienes a menudo también están sometidos a la influencia de estos grupos.
Es importante tener en cuenta que los integrantes de estos grupos son hijos, primos y familiares de los jóvenes de Buenaventura. Por lo tanto, si se va a intervenir desde las fuerzas de seguridad, se debe hacer con un enfoque que respete los derechos humanos.
Otra estrategia es abrir espacios a las organizaciones y no limitarse a los grupos cercanos y amigos. Esto implica la vinculación y participación activa de las juntas de acción comunal, ya que son quienes conocen mejor la realidad de los barrios. Creo que es necesario involucrar a las organizaciones comunales en este proceso, ya que son clave para generar un movimiento por la paz en Buenaventura. Esto debe convocar y unir a la comunidad, ya que sin un respaldo sólido, no se puede lograr ningún avance significativo.
En términos de economías ilegales, ¿qué actividades ilícitas son predominantes en Buenaventura y cómo han contribuido a la crisis actual?
Las economías ilegales, que financian el crimen y se han convertido en una especie de institución son un tema importante que se debe analizar en el caso de Buenaventura y en muchas otras ciudades. Uno de estos aspectos es la extorsión, que afecta a todas las actividades, desde el transporte y el comercio hasta la construcción de infraestructuras, e incluso llega a los hogares. Esta extorsión tiene un impacto significativo en tiendas y restaurantes, lo que se refleja en el alto costo de la canasta familiar en Buenaventura, una de las más caras del país. Incluso un “corrientazo” en Buenaventura es más costoso que uno en la séptima por el Museo Nacional en Bogotá. Este nivel de situación es preocupante.
Además, esto va de la mano con un control de precios, ya que estos grupos tienen el monopolio de ciertos productos. Por ejemplo, algunos sectores se dedican a vender cilantro, mientras que otros se especializan en carne de cerdo o queso y también controlan el mercado de plátanos. Esto se convierte en un impuesto adicional y hacer compras en tiendas en Buenaventura resulta excesivamente costoso. Sin embargo, para lograr esto, estos grupos compiten entre sí y deben mantener cierta legitimidad para demostrar que tienen el control de la zona. No se trata solo de extorsionar a cualquier persona. En Buenaventura, esta situación se ha vuelto cada vez más compleja e incluso se ha profesionalizado. Existen empresas legales que operan respaldadas por la extorsión, el control de precios y el monopolio de productos.
Por supuesto, también existen economías ilegales relacionadas con impuestos, el transporte de insumos, precursores químicos y el tráfico de cocaína a través de los esteros y ríos de Buenaventura. El puerto permite el desarrollo de dos tipos de economía. Por un lado, existe la contaminación de contenedores, barcos y buques con grandes cargamentos de cocaína. Por otro lado, también se facilita la entrada de mercancías de contrabando. Esto genera una economía ilegal en la que muchas personas están involucradas. No se trata solo de actividades ilegales con el propósito de causar daño, sino que muchas personas viven y dependen de la informalidad, que a menudo se convierte en ilegalidad. Es muy lábil el tema y por ahí en esos bordes se mueve mucho la población en vista de que la estructura económica no permite una generación de empleo suficiente para la población de Buenaventura.