Por: Germán Valencia. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia.
Fredy Chaverra. Politólogo y asesor en temas de paz.
El país está a punto de iniciar su cosecha de café. Desde agosto y hasta noviembre, las distintas regiones cafeteras se enfrentarán a la etapa de recolección del grano. Este es un reto de gran envergadura, pues, además movilizar unos 135.000 recolectores y generar, entre trabajadores directos e indirectos, unos 2 millones de empleos, cubre 853.000 hectáreas destinadas a este cultivo, distribuidas en 606 municipios (alrededor del 60% del territorio nacional).
Para este año, se estima que la producción alcance los 14 millones de sacos. Que a un precio interno por carga de entre $900.000 y $ 1 millón de pesos, representa para la economía el 25% del Producto Interno Bruto (PIB) del sector agropecuario (para el 2019 el valor de la cosecha fue aproximadamente de $7,2 billones).
Ad portas de iniciar la cosecha, el gremio se enfrenta a dos grandes problemáticas: la primera es la crisis sanitaria asociada a la pandemia de la Covid-19, circunstancia que obligará a la adopción de una serie de protocolos y medidas de bioseguridad en toda la cadena de producción y comercialización del grano, para reducir el riesgo de contagio y proteger sus vidas.
El segundo problema no es tan visible, pero es tal vez la mayor dificultad a la que se ha enfrentado el gremio en los últimos años: el incremento de la tasa de homicidios en los territorios cafeteros. El ejemplo crítico es el suroeste antioqueño, una de las subregiones más tradicionales de Antioquia, donde se ha venido registrando un alarmante incremento de los homicidios y se viene posicionando como un territorio violento.
Las regiones cafeteras están sufriendo las consecuencias de una expansión progresiva de las organizaciones armadas ilegales. Las cuales buscan ampliar sus rentas criminales asociadas principalmente al narcotráfico y la extorsión. Son territorios donde hacen presencia los grupos armados organizados (GAO) como el Clan del Golfo y estructuras como la Terraza, la Oficina y otras organizaciones criminales. Imagen: Pares.
En este territorio, que lo componen 23 municipios y donde habitan 372.000 personas, la principal actividad económica es la siembra y recolección del café. Para 2019, la cosecha cafetera en el suroeste aportó el 63% de los sacos de café pergamino producidos en Antioquia (2.792.840). Son miles de familias y jornaleros que ven en la temporada de cosecha una oportunidad de empleo (se espera movilizar entre 40 y 50 mil recolectores en estos próximos meses).
De allí que el incremento acelerado en la tasa de homicidios en esta subregión sea muy preocupante para el departamento. Según datos oficiales, hasta el pasado 23 de junio, habían sido asesinadas 145 personas, que corresponden al 65,3% de los 222 homicidios presentados durante todo el 2019, es decir, se reporta un incremento del 40% en comparación con el primer semestre del año anterior.
Como siempre, las explicaciones que se dan a este incremento en la violencia de las regiones cafeteras son diversas. Pero al revisar el micro dato, se observa que buena parte de muertes están asociadas al narcomenudeo local. Muchas de las muertes, dicen las autoridades, tienen móviles relacionados con la compra y venta de drogas ilícitas.
Y es que estas regiones están sufriendo las consecuencias de una expansión progresiva de las organizaciones armadas ilegales. Las cuales buscan ampliar sus rentas criminales asociadas principalmente al narcotráfico y la extorsión. Son territorios donde hacen presencia los grupos armados organizados (GAO) como el Clan del Golfo y estructuras como la Terraza, la Oficina y otras organizaciones criminales.
Estas organizaciones criminales ven las zonas cafeteras como lugares estratégicos para expandir sus negocios y aumentar los ingresos. De allí, que muchos asesinatos en los territorios cafeteros estén relacionados, o bien a la lucha entre organizaciones por copar corredores de movilidad, o bien a cobro de deudas por el tráfico de drogas. En síntesis, los homicidios representan jugadas de las estructuras armadas, es una disputa por los salarios de cientos de recolectores de café.
Problemática que requiere una solución integral. Además de un aumento de la fuerza pública en estos territorios y de un plan estructural que busque dar captura de los homicidas e integrantes de las estructuras que tienen en jaque la tranquilidad en la zona, se requiere de otras acciones del Estado que vayan más allá del corto plazo. Priorizando la atención al consumo de drogas que también evidencia un notable incremento en estos territorios.
Los homicidios representan jugadas de las estructuras armadas, es una disputa por los salarios de cientos de recolectores de café. Imagen. Pares.
Ya hace cuatro años, en la discusión del punto 4 del Acuerdo de paz de La Habana se advirtió que el problema de las drogas ilícitas en Colombia es un tema que aborda tres dimensiones: producción, comercialización y consumo.
Comprender el consumo como un asunto de salud pública implica diseñar estrategias integrales de prevención y atención; retomar ese componente del Acuerdo de paz resulta fundamental ante el incremento del consumo en zonas cafeteras y en la búsqueda de una solución integral que desactive la influencia de las organizaciones armadas e impida que miles de recolectores del grano se conviertan en esclavos de la droga.