Por: Redacción Pares
La Constitución de 1991 fue una bocanada de aire fresco para un país que se caía a pedazos. En 1989 el país había tocado fondo. Los carros bombas estallaban en las calles, un avión de Avianca explotó en el aire, Luis Carlos Galán fue asesinado en la plaza central de Soacha. Los incipientes grupos paramilitares empezaban a expandirse por Colombia a punta de masacres, de desaparecidos. Los colombianos no nos sentíamos protegidos. Un años después el comandante Carlos Pizarro envolvió su pistola en la bandera de Colombia y la entregó en las montañas del Cauca. El M-19 se desmovilizaba. Uno de los compromisos que adquirió el Estado fue el desmonte de la anquilosada constitución de 1886 -escrita para ángeles, no para humanos- y proponer una, más fresca, más realista, más actualizada.
En esa Constitución surgió la Defensoría del Pueblo que tiene como sus objetivos principales: "velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos" dentro del Estado social de derecho, "democrático, participativo y pluralista", así como la divulgación y promoción del Derecho Internacional Humanitario. El primer defensor del pueblo fue Jaime Córdoba Triviño. Desde el 1 de septiembre del 2020 este cargo lo ha ocupado Carlos Camargo quien renunció el pasado 2 de junio después de haber aceptado la vicerrectoría de la universidad Sergio Arboleda. Tenía que irse en septiembre.
El presidente ahora debe formular una terna para elegir al próximo Defensor del Pueblo. Con los problemas que se vienen presentado en el Cauca, la evidente expansión del EMC, y otros grupos armados, su ataque a comunidades ancestrales, se hace necesario, como se pide en esta carta firmada por la sociedad civil, que el presidente logre elegir a alguien idóneo para el cargo, lejos de cualquier sombra de politiquería u oportunismo. Esto es lo que esperan los principales tanques de pensamiento y organizaciones de la sociedad civil del país sobre el próximo defensor del pueblo.