Por: Redacción Pares
Desde la Línea Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), hemos estado siempre prestos como tribuna de expresión periodística libre a reconocer las voces y las expresiones diversas de la sociedad colombiana. Esta vez hemos cedido el espacio para publicar una carta al fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, escrita por Yolanda Henao, madre de Héctor Fabio Morales, joven asesinado el 07 de mayo de 2021 en las inmediaciones del Museo de Arte de Pereira, en el marco del Estallido Social, crimen hasta ahora impune y con el cual la entidad a cargo ha mostrado incompetencia y desinterés en esclarecer. Esta carta fue leída por Yolanda Henao en acto público el pasado 06 de mayo en la plazoleta de la Gobernación de Risaralda.
Pereira, 26 de abril de 2023
Señor:
FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DELGADO
Fiscal General de la Nación de la República de Colombia
E. S. D.
Respetado Doctor Barbosa,
Como víctima y madre me dirijo a usted para pedirle justicia y verdad en el caso de mi hijo Héctor Fabio Morales Henao. Junto con mi Abogado, el doctor Diego Alejandro Martínez, quien me ha acompañado como representante de víctimas, hemos insistido, por medio de múltiples recursos jurídicos, en que la Fiscalía garantice mis derechos esclareciendo los hechos y circunstancias en que fue asesinado mi hijo permitiéndome el acceso a la verdad y que lleve a cabo la imputación contra los responsables de la muerte de mi hijo. Sin embargo, han transcurrido 2 años desde la fecha de este lamentable crimen y continúo a la espera de respuestas por parte de las autoridades estatales, especialmente la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía no ha presentado resultados de ningún tipo. Es una situación lamentable.
Mi hijo fue asesinado el 7 de mayo de 2021 frente al Museo de Arte de la ciudad de Pereira, en el marco de las manifestaciones sociales por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Los perpetradores del crimen continúan impunes y la actuación lenta y negligente de la Fiscalía prolonga el profundo dolor que representa la pérdida de un hijo.
Es triste y desconsolador que, en un Estado Social de Derecho, como víctima, tenga que reclamar justicia al Fiscal General de la Nación porque su entidad no ha resuelto el caso de mi hijo. El Estado Colombiano se ufana de proteger la vida y la integridad, sin embargo, continúa invisibilizando a las personas a quienes se nos han arrebatado estos derechos.
Mantengo la fe y la esperanza de que algún día podré tener justicia y verdad; pero algunas veces me invade la incertidumbre, pues a pesar de contar con elementos materiales probatorios suficientes, incluyendo grabaciones de video del día de los hechos, no se ha avanzado en la investigación de una manera satisfactoria y los criminales que le quitaron la vida a mi hijo siguen en las calles sin ser capturados.
Dentro del proceso de investigación se me han vulnerado los derechos al acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la verdad, como se evidencia con el relato de los siguientes hechos:
Han sido modificados los fiscales encargados del caso en múltiples ocasiones, lo cual ha obstaculizado la investigación. Además, dicha multiplicidad de autoridades no ha garantizado avances representativos de la fase investigativa, ni el inicio de la etapa de imputación;
Solicité copia de los vídeos del asesinato de mi hijo y la Fiscalía me entrego un CD vacío;
Mi representante ha solicitado en varias ocasiones la reasignación del caso a la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía por la demora en la investigación y falta de claridad dentro del proceso. La primera solicitud fue resuelta por un funcionario que no tenía competencia para resolver dicha petición y la respuesta de la Fiscalía ha sido negativa.
De acuerdo con lo anterior, no he contado con garantías para el esclarecimiento del asesinato de mi hijo y he sido revictimizada. Por eso le solicito su intervención, señor Fiscal, con el clamor de una madre que sólo desea justicia y verdad, para que existan verdaderos avances en el caso y se pueda esclarecer lo sucedido, que no haya impunidad y que las disposiciones constitucionales sobre los derechos a la vida y la integridad no resulten solo palabras idealistas, sino que ustedes, como órgano investigativo e independiente, como funcionarios del Estado colombiano, realmente garanticen los principios fundantes que el constituyente planteó y que la sociedad colombiana implora y necesita.
Tal como lo expuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de la visita que realizó a Colombia en el año 2021, el Estado colombiano debe garantizar la protección de la libertad de expresión, la democracia, la vida y el Estado de Derecho. La Comisión reconoció los bajos niveles de confianza de las víctimas y la ciudadanía en las instituciones estatales, debido, entre otros factores, a la grave impunidad que hoy continuamos viviendo.
Soy víctima de la violencia perpetrada contra los manifestantes en el paro nacional del 2021, de la estigmatización y de la intolerancia, soy víctima de las represalias que los delincuentes asumieron en contra de mi hijo por ejercer su derecho a expresarse libremente, soy víctima de la represión y el autoritarismo que ha permanecido en el tiempo en un Estado que durante años ha permitido la violencia y ha sido partícipe y cómplice. Y como yo, hay muchas madres que continúan exigiendo visibilización y reparación por parte del Estado, y que han resistido durante años, trabajando incansablemente para que las autoridades investiguen de manera contundente y comprometida los crímenes gravísimos que sucedieron en el paro nacional y que el Estado enfoque sus esfuerzos de manera imparcial, reconociendo la pérdida de tantas vidas.
Confío en que su despacho tome cartas en el asunto, como si fuera usted o un familiar el que estuviera en esta misma situación.
Atentamente,
RUTH YOLANDA HENAO VELEZ
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