Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares.
Un año y cuatro meses después del asesinato de Dimar Torres, firmante de paz, a manos del ejército—en la tarde del 22 de abril de 2019—; la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 20 años al entonces comandante del Batallón de Operaciones Terrestres No. 11 del Ejército Nacional, Jorge Armando Pérez, como determinador, provocador e instigador del homicidio de Dimar Torres Arévalo.
Asimismo, la Procuraduría “destituyó e inhabilitó por 14 años al cabo segundo Daniel Eduardo Gómez, como autor material del crimen de Dimar Torres, y por 12 años a los soldados Cristian David Casimilas, William Andrés Alarcón y Yorman Alexander Buriticá, como cómplices de la conducta delictiva.” A pesar de la determinación, el único condenado penalmente continúa siendo El cabo Daniel Eduardo Gómez.
Dilan espera vivir otra vida que no sea la guerra
Hace cerca de dos meses Pares habló con Alexandra quien era la de Dimar hasta que, en la tarde del 22 de abril de 2019, uniformados de las fuerzas militares lo asesinaron e intentaron sepultar su cuerpo en una fosa. Dilan, en cambio, no había nacido, su madre tenía dos meses de embarazo, cuando a su padre lo mató el ejército, frente a la base Militar de Sinaí en la vereda Carrizal del municipio nortesantandereano de Convención.
Alexandra explicaba que su hijo le ha cambiado la vida y espera qué, a diferencia de su padre, pueda vivir por fuera de esta horrenda guerra… Espera que, con esta decisión se camine hacia una condena de tipo penal para los responsables.
La decisión
En el fallo se lee: «Está demostrado que el coronel Pérez Amézquita, comandante del batallón operaciones terrestres 11 fue el determinador, provocador e instigador. Fue quien conminó al cabo Gómez Robledo a asesinarlo (a Dimar) a sangre fría». La procuraduría, además, señaló que Pérez Amézquita dio la orden de “matar, no capturar a los oficiales a través de la radio. Asimismo, tras el asesinato atribuyó a la responsabilidad a sus subalternos.
Resulta importante señalar que el ente investigador resalta en el fallo que Dimar Torres, a diferencia de los señalamientos en su contra que pretendía desvincularlo de su condición como firmante de paz; estaba cumpliendo con las actividades agrícolas correspondientes al proceso de reincorporación. De hecho, Pares había advertido, desde el 23 de abril de 2019, que según confirmó la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Dimar Torres venía cumpliendo a cabalidad con el proceso de tránsito a la vida civil y, en razón de esto, hoy presentaría un proyecto productivo.
Cabe recordar que el ente acusador— durante estos dos meses— había precisado que el coronel Pérez Amézquita aprovechó su condición de comandante del Batallón de Operaciones Especiales 11 para ordenar a sus subalternos hacer seguimientos ilegales a la esposa de Dimar, a su hermana y a su papá. De hecho, en la compulsa de pruebas están las grabaciones del coronel presionando para que los uniformados no lo involucraran en el asesinato, incluso si de mentir se tratase. De eso se espera tener información.
Versiones de Gobierno, MinDefensa y Ejército se cayeron
Durante más de un año las versiones de la comunidad de Campoalegre sobre el asesinato de Dimar Torres se han comprobado y las del ministerio de la Defensa y del Gobierno Nacional se cayeron. Este hecho ha estado en el marco de las críticas sobre el papel del gobierno Duque en la implementación del Acuerdo de Paz.
A este caso, como era de esperarse, no le ha faltado la polémica. De hecho, en algún momento, hubo la intención de que el caso fuera juzgado por la Justicia Penal Militar. La defensa de los uniformados pretendía que los delitos cometidos por la Fuerza Pública fueran vistos en el marco del servicio activo. Esa tesis se cayó ya que el hecho no fue considerado como acto del servicio. El caso del crimen de Dimar es un proceso de competencia de la jurisdicción ordinaria.
Cabe recordar que, Alejandro Ramírez, director ejecutivo de la Justicia Penal Militar, señaló —en noviembre de 2019— que para esa instancia el caso del crimen de Dimar es un proceso de competencia de la jurisdicción ordinaria.
El pueblo salvando al pueblo
Pares reconoce que la comunidad, la noche del 22 de abril jugaría un papel que, hoy por hoy, ha llevado esta decisión a Jorge Pérez Amézquita y a los soldados profesionales Cristian David Casilimas Pulido, Yorman Alexander Buriticá Duarte y William Alarcón. El cabo Daniel Gómez Robledo, autor material de los hechos, ya fue condenado por el juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cúcuta a 20 años. Gómez Robledo, llegó a un preacuerdo con la Fiscalía entregando información.
Pares alerta que la comunidad de Campoalegre, que ha luchado durante estos meses por la dignidad de la memoria de Dimar —lejos del cuadro injusto que compuso el ejército esa noche con un cuerpo arrastrado, torturado y dispuesto a ser echado en tierra— aún es perseguida por la sombra criminal, aún sigue perseguida tal como fuentes en terreno nos han dado a conocer.
En la vereda de CampoAlegre, en el municipio de Convención, esa noche se dio a cabo la acción soberana del pueblo salvando al pueblo… y aunque le salvaron la vida se disputan la memoria.
Esa noche cerca de 80 campesinos salieron a buscar a Dimar por un camino que conduce a la carretera en la que el Ejército Nacional hace presencia permanente. Allí indagaron a los soldados por el origen de los disparos y si tenían retenido a Dimar. Allá se toparon con el cadaver de Dimar y un hueco en la tierra recién cavado donde pretendían enterrarlo.
Así se ha dado el caso en 2020
En enero de 2020, la Fiscalía imputó a los cuatro militares retirados por el delito de homicidio en persona protegida. De hecho, señaló que el coronel Pérez Amézquita fue determinador del crimen pues, el ente resaltó, «sus órdenes de matar fueron concretas y directas a sus subordinados».
De hecho, en el Boletín No 31708 el ente acusador resaltó “Durante las audiencias concentradas, el fiscal de conocimiento argumentó que la muerte del exintegrante de las desmovilizadas Farc se podría considerar como una ejecución extrajudicial, en el entendido de que la víctima era una persona en estado de indefensión, desarmada y no combatiente.”. Los procesados no aceptaron los cargos en su contra.
La Procuraduría General de la Nación reanudó las audiencias de juicio disciplinario contra los uniformados en este mes de junio. La Procuraduría quiere determinar la posible complicidad de tres hombres del Batallón de Operaciones Terrestres N° 11 en el crimen, así como la participación del coronel Pérez Amézquita como «determinador del homicidio».
Las audiencias que están programadas hasta el 30 de junio, se han desarrollado de forma virtual por COVID-19. Paralelamente, la Fiscalía arrojó la decisión de la permanencia del coronel y los tres soldados en la cárcel de alta y mediana seguridad para miembros de la fuerza Pública del municipio de Facatativá en Cundinamarca.
Un año y dos meses después del asesinato Dimar Torres, el Juez 18 de Bogotá confirmó, en segunda instancia, medida de aseguramiento al coronel y a los tres soldados.
Las mentiras del Gobierno Nacional
Continúa retumbando, de esta manera, el chat de Whastapp que llevaba por nombre “Dimar Torres, sobre el que, el periodista José Guarnizo dio a conocer que el coronel Amézquita habría escrito: “A ese man no hay que capturarlo, hay es que matarlo porque no aguanta que se vaya de engorde a la cárcel”.
A su vez, según lo escrito por Guarnizo “El coronel le ordenó al cabo que vigilara y que identificara al resto de la comunidad que estaba reclamando e invocando por el paradero de su paisano. Y le aseguró textualmente: “Chequéelos, porque esos son los que siguen”.
Asimismo, cabe recordar que en octubre de 2019, Botero estaba sin salida y contra las cuerdas. Al entonces fiscal Néstor Humberto Martínez Neira le llegaron los resultados de la necrópsia, el fiscal y el ministro de Defensa tuvieron que aceptar ante el país que a Dimar Torres lo asesinó el Ejército.
Sobre ello, sin mucho reparo, Botero señaló: “Si hubo un homicidio ha tenido que haber alguna motivación, a menos que haya sido un acto de esos de intemperancia o alguna cosa, vaya uno a saber porqué”. Durante más de un año las versiones de la comunidad se han comprobado y las del ministerio de la Defensa y del Gobierno Nacional se han ido cayendo.
«La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»