Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
La historia política de Colombia la podríamos sintetizar en la lucha que ha existido entre centralistas y federalistas. Así ocurrió en el siglo XIX, cuando los políticos e ideólogos liberales se enfrentaron a los conservadores en cruentas guerras por la soberanía provincial y la autonomía en la administración de recursos.
Y así la podemos ver hoy –aunque con menos sevicia que los predecesores–, cuando observamos cómo algunos gobernadores, en sus campañas o reunidos en encuentros anuales con sus similares, levantan su voz de protesta contra el Gobierno central y les dicen que sus políticas causan “asfixia, fastidia y divide”.
En la historia del país, los centralistas han defendido el poder unificado del Estado. Con él han buscado enfrentarse a otros estados –como el español–, han acumulado poder económico –defendiendo una única moneda y un banco central– y han intentado que sus presidentes se comporten como monarcas benevolentes que redistribuye las rentas en todo el territorio nacional.
Los federalistas, por su parte, han manifestado la predilección por los gobiernos descentralizados. Proponen que los departamentos –antes provincias– adquieran autonomía en el manejo de sus finanzas y de la gestión administrativa de su territorio. Incluso, defienden que las regiones posean sus propias constituciones y monopolios legislativos, para que se comporten como repúblicas independientes y soberanas.
Una disputa ideológica que, a pesar de lo vieja y anticuada que parezca, se mantiene vigente en el país. De allí que sea común encontrar en campañas electorales a las gobernaciones políticos federalistas que critican la Constitución de 1991. Advierte que en esta se le entregó al Estado Nacional todo el poder fiscal, que no se respetó los avances en la autonomía de los territorios que se estaba gestando en la década de 1980 con la elección popular de alcaldes y gobernadores.
Está situación nos recuerda al conocido libro Cartas de Batallas de Hernando Villa, quien analiza la historia política de Colombia, y muestra que las dieciséis constituciones que habíamos tenido hasta 1987, han tenido siempre en común, ser resultado de políticos que acumulan el poder y lo reparten a su antojo. Así ocurrió con el centralismo, sobre todo, desde la Constitución de 1886.
De esta manera, hemos convertido a Colombia en un territorio que centra su poder en el Gobierno Nacional: este tiene la competencia para recaudar impuestos y realizar los gastos e inversiones que considere conveniente. Es él quien dirige, mediante el uso de leyes y la elaboración de los planes nacionales de desarrollo, la economía y la creación y distribución de la riqueza social.
Unos planes de desarrollo que en las últimas décadas se han caracterizado por la búsqueda de un equilibrio departamental y una convergencia regional. Que ha insistido en la obligación del país de avanzar en el reparto de la riqueza, para que aquellos territorios abandonados y pobres –como la Amazonía, el Chocó o el Guaviare–, reciban recursos y les permita mejorar las condiciones de vida de su población, que también son colombianos.
Política que, a pesar de ser un acuerdo nacional, no le gusta a algunos gobernadores, de allí que levanten sus voces críticas periódicamente, en especial, en épocas electorales. Ellos ven con malos ojos que algunos departamentos aporten mucho con sus impuestos a la nación y reciban poco a través del Sistema General de Participación y de Regalías.
Es el caso de Antioquia. A un sector de los políticos elevan y sujetan periódicamente las banderas de Antioquia Federal. Argumentan que los aportes del departamento al presupuesto nacional llegan a ser hasta seis veces –30 billones anuales– frente a las transferencias que reciben del Estado -de solo 6 billones–.
Estas voces de descontento les sirven a los políticos y gobernantes regionales para: uno, para dejar claro que contarán con pocos recursos y justificar los bajos resultados que podrían presentar al final de su mandato. Dos, presionar al Gobierno nacional para que le haga transferencias de más recursos –vía inversión territorial o programas– a cambio de acallar la voz disonante. Y tres, mantener encendida la mecha para que su persona o el partido que representa pueda capitalizar políticamente en todo el territorio nacional.
Así viene ocurriendo en esta ocasión. El actual gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón y el que se acaba de retirar, Aníbal Gaviria, desde hace años mantienen y defienden el espíritu federalista y critican al centralismo fiscal. Una postura que se han encargado de defender en campaña y en los diversos espacios donde son invitados, como en el reciente encuentro en Santa Marta de la Federación Nacional de Departamentos (FND).
Los mandatarios regionales quieren que se les devuelva el monopolio de las concesiones mineras, arrebatado hace más de dos décadas por la nación. Demandan que sean sus oficinas regionales las que entreguen los títulos mineros, autorice su explotación –muchas de ellas en zonas fértiles y con alto impacto ambiental– y realicen la fiscalización. Además, critican al Gobierno central por su modelo de priorizar al pequeño minero.
También están muy inconformes con las inversiones que en infraestructura vial se están dando con el actual plan de desarrollo. Los proyectos que dejaron los mandatarios anteriores no están terminados y se requieren más adiciones –cerca de tres billones de pesos para continuar las inversiones en las Autopistas de la Montaña en Antioquia–; y el Plan Nacional de Desarrollo está privilegiando otras inversiones sociales que ponen en riesgo estas infraestructuras.
Otra petición que hace el gobernador de Antioquia es que se permita modificar la actual ley de concesiones. Está establece la ampliación del tiempo inicial de entrega a particulares en un 20% y se desea que este porcentaje aumente hasta un 50%, para que se logre superar el límite de los 30 años que permite la normatividad actual. Para Autopistas de la Montaña en Antioquia la propuesta es pasar de 10 a 15 años en el tiempo de concesión.
Ante la negativa del Gobierno nacional de entregar tanto el poder en materia minera a los gobiernos departamentales o de cambiar las normas para permitir entregar a particulares las autopistas 4G, apareció la propuesta de realizar un referendo. El objetivo es preguntarle al constituyente primario, si quieren que se cambie el artículo 298 de la Constitución de 1991, y se disponga “que solo los departamentos podrán gravar la renta y el patrimonio de las personas naturales y jurídicas domiciliadas en su territorio”.
La idea del actual gobernador de Antioquia y su comité promotor del referendo es salir este año a las calles de toda Colombia y recoger cuatro millones de firmas –se requieren dos millones de firmas válidas–. Además, obtener en las urnas cerca de 10 millones de votos, le entregaría a los departamentos el poder y la autonomía administrativa para cobrar impuestos y administrarlos. Con lo cual se multiplicarían los recursos que reciben los departamentos vía sistema general de participaciones –en el caso de Antioquia, casi al doble de lo que hoy recibe–.
Todo esto significa que tendremos un 2024 y 2025 movidos en materia política. De nuevo la ideología federalista se aprovechará del descontento de sectores de la ciudadanía que no consideran que unos territorios “mantengan” a otros. De nuevo se desenvolverán las luchas por la búsqueda de la autonomía fiscal de los departamentos. Una discusión, que a pesar de que se puede leer como un asunto oportunista, también tiene implicaciones y debates importantes.
Entre ellos, discutir de nuevo la competencia entre las unidades territoriales –fiscal competition– y el papel de las gobernaciones en la transformación de territorios. Además, del tema clásico de la economía política sobre esfuerzo tributario Vs provisión de bienes públicos. Finalmente, analizar la posibilidad de nuevas reformas tributarias, en este caso para los departamentos, que les permita recibir más ingresos de manera permanente.
*Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
**Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.