Por: Naryi Vargas, Línea Conflicto, Paz y Postconflicto
Las AGC o Clan del Golfo no son una organización beligerante, es decir, no se dedican a combatir el Estado y no tienen ninguna motivación política, religiosa o cultural para producir violencia. Son una organización criminal, la más fuerte del país, que se dedica a delinquir y a lucrarse de las rentas ilegales. No existe un conflicto armado con ese grupo.
Por esa razón, resulta extraño que el pasado 8 de diciembre haya declarado “un cese unilateral de acciones militares ofensivas”. Esta figura ha sido usada de manera indistinta como una declaración destinada a reducir la violencia, pero puede llegar a generar confusión sobre sus alcances e impactos, pues en diferentes conflictos se ha materializado de diferentes maneras. Sin embargo, es claro que se refiere a un dilema que se presenta en todos los conflictos armados: el alto al fuego y el cese de hostilidades.
Pero en Colombia no hay un conflicto armado con las AGC. Salvo el Plan Pistola decretado el año pasado y algunos hechos violentos contra policías, este grupo armado ilegal no despliega acciones militares ofensivas contra la institucionalidad pública. En tanto que actúan bajo una racionalidad económica, las AGC economizan la violencia, pues ésta interfiere con la generación de riqueza, lo que les ha llevado a un cambio de operatividad basado en la construcción de pactos y la cooptación y corrupción institucional. Además, parte del repertorio de acción de las AGC tiene que ver con actividades de fortalecimiento financiero y que llegan a afectar a las comunidades, por ejemplo, la extorsión. Así las cosas, el repertorio de acción de las AGC no tiene que ver con la desestabilización del Estado, tampoco con la violencia indiscriminada contra las comunidades, sino con delitos comunes. Entonces, ¿a qué tipo de acciones ofensivas se refieren?
Las acciones ofensivas que este grupo ejecuta están dirigidas contra aquellos que no aceptan alianzas y entonces se oponen u obstruyen sus negocios. En algunos casos despliega la violencia contra otros actores armados ilegales, como el ELN en Chocó, los Caparrapos en sur de Córdoba y grupos postfarc en Antioquia y Nariño, con quienes se disputa el territorio y las rentas. En estos hechos, sin duda, se presenta una grave victimización a las comunidades. En otros casos dirigen sus acciones contra liderazgos sociales que desarrollan algún tipo de activismo que les afecta, como la restitución de tierras, contra la minería ilegal, la corrupción o que apoyan la sustitución de cultivos. ¿El panfleto que repartieron está dirigido a esos actores?
Sin perder de la óptica este planteamiento, resulta urgente que este grupo sea desmantelado, pues de esta manera es posible aliviar a la población que ha sido victimizada y evitar que más personas se vean perjudicadas por las acciones criminales. A pesar de los resultados que ha producido la Operación Agamenón, la cual fue desplegada para reducir este grupo, se ha demostrado que es imposible acabar con este utilizando como instrumento exclusivo la represión.
Para ello el ex presidente Juan Manuel Santos ofreció el camino del sometimiento a la justicia, que consiste en otorgar beneficios judiciales a organizaciones criminales para que se desmovilicen. Al finalizar ese gobierno, las conversaciones avanzaron y se sancionó la Ley 1908 de 2018 de Sometimiento de las Organizaciones Criminales. Sin embargo, el actual gobierno no ha avanzado en ese aspecto y cada día la voluntad de muchos miembros se debilita. Según la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, el Gobierno espera un sometimiento colectivo porque es importante sacar a los delincuentes de la vida criminal, pero sin que eso signifique beneficios para ellos, precisó que no se iban a buscar contactos “El Gobierno va a desmantelar las bandas criminales. Si ellos se acercan están las puertas de la justicia abiertas para su sometimiento”.
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