Por: Natalia Aguilar Salas. Colaboradora Pares.
La gente continúa en las calles. Y la Alcaldía de Bogotá, al igual que el Gobierno Nacional no han logrado ponerse de acuerdo y no han actuado de manera inmediata para ayudar a aquellos que no tienen un techo o siquiera la posibilidad de movilizarse a sus ciudades o pueblos natales. Este es el caso de las comunidades indígenas Embera (Katío y Chami) en Bogotá.
Desde el comienzo de la cuarentena obligatoria se han visibilizado las profundas fallas estructurales, el déficit presupuestal del gobierno, la indiferencia de la población, y por supuesto la dramática situación de aquellos que son desalojados de los “paga diario”, a pesar de que los desalojos quedaron prohibidos, estos siguen ocurriendo.
El 2 de abril se visibilizó el grave desalojo de ocho (8) familias de indígenas Embera en el barrio Santafé, en total fueron desalojadas 32 personas, de las cuales 22 son niños, informó el tiempo. Para esta comunidad la situación se complica aún más, ya que la mayoría de ellos viven de las artesanías que venden a diario, esto impidió que cumplieran con la cuota de $30.000 que pedía el dueño del “paga diario” , y debido a la situación de cuarentena es imposible que logren vender sus artesanías.
Una comunidad vulnerable en épocas de pandemia
Aunque la alcaldía manifestó que ninguna de estas comunidades se quedaría sin techo, y ofrecieron el “Hogar Salud Mariana” para que los indígenas Embera desalojados tuvieran refugio, sin embargo se acogió solamente a un grupo de 60 indígenas, los cuales recibirán comida y techo hasta el término de la cuarentena.
Esta estrategia es de gran ayuda para esas 60 personas, no obstante no es suficiente. El 7 de abril se evidenció la grave situación de vulnerabilidad que enfrentan los indígenas Embera, ya que aproximadamente 300 indígenas no tuvieron opción más que pasar la noche en el parque tercer milenio, bajo condiciones deplorables, entre ellos se encuentran adultos mayores y niños menores de edad.
Como si no fuera suficiente la doble condición de vulnerabilidad que viven en el diario vivir, por el hecho de pertenecer a comunidades indígenas y por ser víctimas del desplazamiento forzado.
¿Ahora también deben aguantar la incertidumbre en medio de una pandemia?. Según la Universidad del Rosario, el 7 de Junio de 1989 la Organización internacional del trabajo (OIT) aprobó el convenio 107 de 1957, el cual se enfoca en la protección de los pueblos indígenas, se fundamenta en dos principios: El derecho a la igualdad de derechos entre los pueblos y el resto de la población y en el respeto por su cultura e instituciones.
Además de esto, en la Constitución Política de 1991 se reconoce el carácter multiétnico y pluricultural de Colombia, con lo cual se abrió la posibilidad de reconocimiento y participación de los pueblos indígenas en en el país.
Sin embargo, hasta el 2001 se amplió la capacidad de curules para los pueblos indígenas y afro, las cuales se distribuyeron así: Dos para las comunidades negras, una para las comunidades indígenas, una para las minorías políticas y una para los colombianos residentes en el exterior.
Un conflicto que parece eterno
Sin embargo, en este país las leyes suelen parecer más promesas que leyes, ya que la protección, reconocimiento e interacción con los pueblos y comunidades indígenas por parte del gobierno y sus instituciones, parece exotizarlos, y utilizar sus atuendos, hacer parte de sus ritos sin siquiera comprenderlos con el fin de publicitar campañas políticas que decepcionan.
No se realizan cambios contundentes para resguardar a estas comunidades y pueblos, para reconocer que no todas las cosmovisiones deben ser dictadas por el Ministerio de Educación y que el conocimiento ancestral no debe ser subestimado.
Además, hay que resaltar la falta de garantías para aquellos que protegen sus territorios de grupos armados, empresas extractivas y sombríos personajes que buscan derramar más sangre. De 352 casos de líderes sociales asesinados desde la firma del acuerdo de paz hasta el 13 de marzo, 61 pertenecían a comunidades indígenas.
¿Dónde están las propuestas para cobijar a las poblaciones vulnerables durante la crisis? Después de cuatro semanas del inicio de la cuarentena, Andrés Ávila, presidente de la SAE decidió entregar 65 inmuebles a nivel nacional para el manejo de la crisis, pero el uso de estos hasta el momento solamente será para mujeres víctimas de violencia y en condición de vulnerabilidad. Aunque esta iniciativa por fin cobró vuelo, no abarca a toda la población flotante en Bogotá y a nivel nacional.
Entonces le llegó la hora al Gobierno, ¿Realmente se preocupan por toda la población? o solo por la población blanca, clase media-alta, con cierto nivel de educación. ¿Y el resto del país? ¿solo lo utilizan para mostrarse incluyentes en sus campañas políticas?. Esta crisis está sacando a la luz lo que no hemos querido ver y lo que han ocultado por siglos ¿Cuánto tiempo más aguantan los secretos no tan secretos de Colombia?