Por: Nashry Zahgui Ibn Mucktafi, Coordinador
Línea Empresas y Paz
Foto tomada de: Enel X
El país se encuentra en un momento histórico en el que debe abordar los desafíos energéticos y ambientales que afectan al mundo, tras un llamado de distintos actores a reducir la dependencia de combustibles fósiles y hacer frente para adaptarnos al cambio climático. Colombia tiene un compromiso internacional de reducir las emisiones de gases de efectos invernadero en un 51% para el 2030, así que con esta perspectiva se enfrenta a la urgente necesidad de una Transición Energética.
Sin embargo, lograr una transición exitosa y “justa”, que es un apellido adoptado por la apuesta del Gobierno Nacional de Gustavo Petro, no es del todo sencillo y rápido, ya que implica una articulación entre comunidades, empresas y Gobierno para que se garantice un proceso sostenible y equitativo; además de tener en cuenta que una Transición Energética Justa requiere estar acompañada de otro tipo de transiciones sociales.
En Colombia gran parte de la economía se ha movido en torno a la explotación de petróleo y carbón, por eso uno de los mayores retos es la búsqueda de alternativas de producción de energías limpias y sostenibles, en donde se diversifique la matriz energética y se garantice un acceso equitativo a la energía. Y aquí el sector minero es muy importante, porque se requerirá, según los expertos, minerales como oro, cobre, aluminio, níquel y litio; y adaptarnos a otras formas de producción energética como turbinas eólicas, geotermia, paneles solares y energía mareomotriz, entre las más conocidas. También habría que entrar en una dimensión poco conocida (y que quedó ya plasmada en el Plan de Desarrollo Nacional): la del hidrógeno blanco y verde.
Desde esta apuesta, el sector minero es clave en el país para suplir la demanda que se avecina de minerales fundamentales para la transición, y acá uno de los retos son los procesos de legalización y formalización minera en territorios inmersos en violencias y conflictividades sociales que deben ser gestionadas. El Gobierno Nacional ha hecho avances en torno a una nueva Ley Minera, a la creación de Distritos Mineros Especiales, realizó un gran foro minero con más de 50 mesas de trabajo bajo un diálogo social participativo, todo bajo un discurso de minería para la vida y refiriéndose a una “reorientación de la operación minera”. Pero aún se requiere dar trámite a temas de diversificación productiva, enfoque diferencial (indígenas, NARP, campesinos, mineros) de los procesos de legalización y formalización, y resolver el cómo se suplirá con una demanda de materiales para esta Transición, así que necesitaremos de toda una “transición normativa e investigativa”.
Otro componente vital para esta Transición Energética Justa es la participación comunitaria. El sentido de justicia implica para este Gobierno una perspectiva de equidad en distribución de cargas y beneficios de los proyectos; reconocimiento de todas las visiones territoriales y una garantía de no repetición en la identificación de daños ya causados por los temas minero-energéticos. Así que las comunidades deben ser las protagonistas de este camino hacia la Transición, esto implica, por un lado, que se tengan en cuenta las realidades territoriales en zonas que ya han sido marcadas como clave para esta transición, caso Guajira; con el mayor potencial en viento para parques eólicos; pero con unas conflictividades sociales muy grandes en donde según el DANE el 61,8% de su población vive en condición de pobreza, sin contar con las problemáticas migratorias y las intensas sequías que hacen que vivan un desabastecimiento de recursos permanente.
También está la manera en que deben fortalecerse capacidades en las comunidades para garantizar una verdadera inclusión y empoderamiento en la toma de decisiones. Esto será indispensable para la gestión de conflictos socio-ambientales y asegurar que la información sea clara y así buscar que los beneficios realmente sean compartidos equitativamente. Acá es muy importante el papel que tendrán las comunidades energéticas en donde un grupo de personas, de forma cooperativa, participan de toda la cadena energética desde la generación hasta la distribución y son fortalecidas en capacidades organizativas, técnicas y administrativas buscando la sostenibilidad. En Colombia se comienza con tres comunidades priorizadas (Guajira, Nariño y Valle del Cauca), actualmente se encuentra en revisión el proyecto de decreto que las regulará. Así que debemos pensar en generar transiciones sociales y económicas para estas comunidades.
El papel del Gobierno ya fue plasmado en el “Plan Nacional de Desarrollo 2022-2023, Potencia Mundial de la Vida” con varios articulados y una meta de “Transformación productiva, internacionalización y acción climática”; y en donde tendrán que trabajar de la mano y muy articuladamente otros ministerios como el de Medio Ambiente, Educación, Trabajo, entre otros, en el entendido que es un tema que necesitará de políticas en varios frentes para poder hacer transición hacia economías y sociedades adaptadas a nuevas formas de producción de energías limpias y sostenibles. Además, es importante los procesos de regulación y promoción de la transición energética que le corresponden al Gobierno y los entes articulados en el tema del nivel nacional, esto para contar con Marcos regulatorios claros que permitan la inversión, la investigación y el impulso de estas nuevas formas de energía. Igualmente es necesario el compromiso de las empresas más allá de su responsabilidad social empresarial, porque deberán adaptar sus modelos de producción, transporte y negocio hacia alternativas más limpias y responsables; contando además con alternativas de inversión en nuevas tecnologías verdes y sostenibles. Así que necesitamos de transiciones políticas y empresariales que apoyen el reto.
La transición energética va más allá de lo tecnológico, implicará cambios gigantes y estructurales que tienen que ver con tomar medidas en lo económico y por supuesto lo social: inclusive en la generación de nuevos imaginarios colectivos y hasta usos del lenguaje. Colombia ha tenido una fuerte dependencia histórica de los combustibles fósiles y esta Transición Energética Justa marca todo un desafío socio-político en medio de obstáculos financieros y desconocimiento de nuevas prácticas de energías renovables.
Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) iniciamos todo un compromiso para acompañar, desde un modelo de gobernanza colaborativa, este proceso de Transición Energética Justa como una forma de fomentar la investigación y los diálogos sociales, en donde todos podamos estar y contribuir a un proceso equitativo, de construcción de paz y justo. Por que esta transición integral también debe ayudar a la consolidación de una paz estable y duradera en Colombia.