Por: Katerin Erazo, Periodista
El Gobierno del presidente Gustavo Petro oficializó, mediante el Decreto 1047 de 2024, la prohibición de exportación de carbón desde Colombia hacia Israel. Esta decisión responde al compromiso anunciado previamente por el mandatario, quien manifestó en su cuenta de X que el país suspendería el envío de este recurso hasta que cesara lo que calificó como un “genocidio” en la Franja de Gaza.
La medida, que ha generado un debate amplio y reacciones divididas, refleja un posicionamiento diplomático contundente del Gobierno colombiano frente al conflicto palestino-israelí.
El decreto establece una prohibición general a las exportaciones de carbón hacia Israel, pero contempla ciertas excepciones para operaciones que ya contaban con compromisos legales previos. De acuerdo con el documento, quedan excluidas de esta restricción las mercancías que, antes de la entrada en vigor del decreto, ya cuenten con solicitudes de autorización de embarque aprobadas por la DIAN, certificados de movimiento de mercancías o negocios jurídicos consolidados. Estas excepciones deben ser registradas a través de un mecanismo digital implementado por el Ministerio de Industria y Comercio, lo que permitirá a los interesados acreditar la legalidad de sus transacciones.
El decreto detalla además que la medida entrará en vigencia a partir del día de mañana 22 de agosto de 2024 y se mantendrá hasta que se cumplan las órdenes provisionales de la Corte Internacional de Justicia relacionadas con la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio.
Esta temporalidad apunta a subordinar la prohibición a desarrollos en el ámbito internacional, ligando la política comercial colombiana a decisiones jurídicas en el contexto global.
La decisión del Gobierno ha sido criticada por diversos actores, entre ellos la Procuraduría General de la Nación, que ha expresado preocupación por las repercusiones económicas de la medida. Según el organismo, las exportaciones de carbón térmico a Israel generan anualmente más de 650.000 millones de pesos en regalías, impuestos y contribuciones, de los cuales cerca de 100.000 millones benefician directamente a los departamentos de La Guajira y Cesar. Estos recursos son vitales para la economía local, y la suspensión de exportaciones podría impactar gravemente los ingresos regionales y la sostenibilidad fiscal de estos territorios.
La Procuraduría también ha cuestionado la idoneidad de la medida, argumentando que no se ha presentado un análisis técnico que demuestre cómo esta prohibición contribuiría a la paz en la región o a la protección de los derechos humanos. El organismo advirtió que la falta de estudios sólidos y justificación técnica podría dar lugar a demandas contra el Estado por daños antijurídicos o por la nulidad del decreto debido a una posible “falsa motivación”.
Otro aspecto crítico señalado es la posible afectación de los tratados de libre comercio (TLC) suscritos por Colombia, en particular el acuerdo con Israel, vigente desde 2020. La Procuraduría resaltó que la medida podría violar disposiciones de este TLC, lo que generaría conflictos diplomáticos y comerciales que podrían derivar en sanciones o demandas internacionales.
La Asociación Colombiana de Minería (ACM) ha sido una de las voces más contundentes en contra del decreto. El gremio argumenta que, además del impacto económico, la decisión pone en riesgo la estabilidad jurídica y la confianza de los inversionistas en el país. Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM, calificó la medida como desproporcionada y contraria a los principios de una política económica equilibrada. Según Nariño, la prohibición no solo socava la seguridad jurídica de las empresas mineras, sino que también envía una señal negativa a la comunidad internacional sobre la capacidad de Colombia para honrar sus compromisos comerciales.
La ACM también señaló que la medida podría tener consecuencias devastadoras para las economías locales de La Guajira y Cesar, que dependen en gran medida de los ingresos generados por la exportación de carbón. Según cálculos del gremio, la suspensión de exportaciones podría reducir los ingresos de estas regiones en más de 100.000 millones de pesos anuales, afectando proyectos de desarrollo social y económico que dependen de estos recursos.
El gremio subrayó que la industria del carbón representa una parte significativa de la economía colombiana, aportando el 31% de los ingresos fiscales que genera el sector TIC y el 20% de lo que contribuye la construcción. En este contexto, la ACM considera que la prohibición podría frenar el crecimiento económico en un momento en que el país busca reactivarse tras los efectos de la pandemia.
El debate sobre la constitucionalidad del decreto también ha cobrado relevancia. Expertos legales y actores del sector minero han advertido que la prohibición podría contravenir los artículos 150 y 189 de la Constitución Política, que regulan las competencias del Congreso y del presidente en materia de comercio exterior. Según la ACM, la medida trasgrede los límites de intervención estatal y pone en riesgo la seguridad jurídica de los tratados internacionales suscritos por Colombia.
Además, la falta de consulta previa con los sectores afectados y la ciudadanía ha sido motivo de críticas. Nariño, presidente de la ACM, señaló que la firma del decreto sin un proceso de participación ciudadana adecuado refleja un debilitamiento en los mecanismos democráticos del país. Este señalamiento cobra relevancia en un contexto donde las decisiones gubernamentales afectan a sectores clave de la economía y al bienestar de regiones que históricamente han dependido de la actividad minera.
El decreto ha generado un complejo escenario para el Gobierno, que deberá balancear la defensa de sus principios en política exterior con la necesidad de mantener la estabilidad económica y cumplir con los compromisos internacionales. Mientras tanto, los sectores afectados, como el minero y los departamentos productores de carbón, seguirán presionando para que se revise la medida o se busquen alternativas que mitiguen su impacto negativo.
En medio de la controversia, queda claro que la prohibición de exportación de carbón a Israel se ha convertido en un punto de inflexión para la política exterior y económica del Gobierno Petro, cuyo reto principal será demostrar que la medida, más allá de sus repercusiones internas, puede tener un impacto positivo en la resolución del conflicto en Gaza y contribuir al respeto de los derechos humanos en la región.