Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares
Este miércoles 26 de agosto las comunidades del corregimiento de Carrizal en el municipio de Segovia (Antioquia), denunciaron la presencia grupo paramilitar. Pares intentó hablar con el alcalde del municipio Didier Osorio y con la institucionalidad, pero no han atendido.
Una de las voces de alerta las levantó el Congreso de los Pueblos quienes señalaron que un grupo paramilitar estuvo entre la noche del 26 y la mañana del 27 de agosto en la vía Segovia-Cañaveral, en cercanías de Carrizal. Solicitaron, además, a la Defensoría del Pueblo la activación de una alerta temprana para evitar violaciones de DDHH, masacres, asesinatos a líderes y lideresas y desapariciones forzadas.
Asimismo, responsabilizaron al presidente Duque de los hechos que puedan ocurrir en los próximos días al no atender la denuncia. Por su parte, el Mayor General Juan Carlos Ramírez Trujillo señaló que hombres de la Séptima División del Ejército y uniformados de la Policía Nacional se encuentran en el centro poblado y áreas circundantes de Cañaveral.
En las últimas horas de este 27 de agosto, fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer en zona urbana de Segovia. La mujer, según fuentes preliminares, fue asesinada con arma de fuego. La comunidad mantiene la incertidumbre por la situación de orden público.
Cabe recordar que, de acuerdo con las investigaciones de la Fundación Paz y Reconciliación, en el municipio de Segovia operan y se disputan el territorio las AGC y el ELN
La acción paramilitar no se puede repetir
En Segovia hay un recuerdo de hace 32 años que nunca se espera repetir. La masacre de Segovia en Antioquia —el 11 de noviembre de 1988—, trabajadores mineros, líderes, lideresas, familiares y pensionados de la extinta Frontino Gold Mine presentaron un informe de 20 páginas en el que denuncian el asesinato de cerca de 50 activistas de Segovia durante las tres décadas subsiguientes a la masacre ocurrida en esta región del alto nordeste antioqueño.
Es importante señalar que en la masacre del 11 de noviembre de 1988 fueron asesinados estudiantes, mineros, empleados de la Frontino Gold Mines, obreros, amas de casa, militares y simpatizantes de la Unión Patriótica, coteros, tenderos, habitantes de calle.
Para ese momento, en la región, confluyó un auge del oro, hubo un fortalecimiento del sindicalismo y la Unión Patriota recogió el sentir de muchos pobladores del municipio de Segovia. De hecho, la UP logró en los comicios hacerse a la alcaldía de Segovia, Mutatá, Apartadó, Yondó y Remedios. Asimismo, La UP se hizo al 60% de las curules en Segovia y Remedios.
En este punto, fue que se consolidó la alianza criminal entre paramilitares del Magdalena Medio, políticos regionales que se autodenominaban de “Muerte a Revolucionarios del Nordeste” y miembros de la Fuerza Pública, la cual se encargó de perpetrar la masacre de 46 personas, múltiples desplazamientos y desgajamiento del tejido social, político y popular de la región del nordeste antioqueño.
Por estos hechos, la Corte Suprema de Justicia condenó a los paramilitares Henry Pérez y Fidel Cataño, asimismo, a al exrepresentante a la Cámara por el Partido Liberal quien actúo en cofradía con integrantes del comando de Policía de Segovia y del Batallón Bomboná.
A propósito de las muertes que han sucedido después de la masacre, cabe recordar la del poeta y periodista Julio Daniel Chaparro Hurtado y la del fotógrafo Jorge Enrique Torres Navas en el municipio de Segovia, el 24 de abril de 1991. Tanto el periodista, como el fotógrafo se encontraban realizando un trabajo periodístico sobre la violencia en la región de para el diario El Espectador.