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Comunidades energéticas en Colombia, una apuesta por la democratización energética

Por: Nashry Zahgui Ibn Mucktafi, Coordinador

Línea Empresas y Paz

Foto tomada de: ONIC


Colombia, como muchos otros países del mundo, se encuentra en proceso de análisis para el cambio de su sistema energético, con el objetivo de transitar a tecnologías más limpias y sostenibles ayudando a mitigar el cambio climático. Para ello hay que pensar en garantías energéticas como el suministro de energía y accesibilidad al servicio, que ya en sí es un reto enorme para el país.


En este contexto las comunidades energéticas se convierten en un actor central para hablar de justicia en la transición energética, pues la equidad social y económica es muy importante en el proceso de cambio de matriz energética. Justamente, uno de los desafíos de la transición es la participación asertiva y clara de las comunidades en toda la cadena energética, algo nuevo para el país.


Varios de los proyectos de generación de energía en el país han dejado a las comunidades de las áreas de explotación en condiciones deplorables y en medio de conflictos socio ambientales de difícil gestión. Sin mencionar las comunidades enteras que no cuentan con acceso a la energía en tiempos de hoy. Entonces, hablar de comunidades energéticas para la transición parte de unas dinámicas conflictivas en este contexto.


Las comunidades energéticas en Colombia, si bien son tema nuevo, ya están pensadas desde el Plan de Desarrollo Nacional del Gobierno con su apuesta de Transición Energética Justa, y se proponen para que estén presentes en toda la cadena desde la generación, hasta la comercialización de energía con fuentes renovables no convencionales. Y ya desde este 2023 el IPSE (Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas) ha priorizado las primeras comunidades energéticas en los departamentos de La Guajira, Nariño y Valle del Cauca para desarrollar proyectos que aportarán al Sistema Interconectado Nacional, y en los que las comunidades participarán de toda la cadena de generación energética con energías limpias.


En Medellín, apoyado por EPM y el Reino Unido, ya existe un trabajo de comunidad energética, en el barrio El Salvador, en donde 24 familias participan en la generación de energía através de 43 paneles solares que generan 3.000 kWh por mes aproximadamente, según datos de la Alcaldía de Medellín; y las familias involucradas tienen la posibilidad de auto gestionar su consumo, y ganar puntos que les dan incentivos económicos, además de consolidar un tejido social entorno a la energía.


Este caso se convierte en un referente para los desafíos que se tienen en la implementación de las comunidades energéticas en Colombia. Retos que pasan por barreras de conocimiento técnico, normatividades claras, los incentivos económicos y ayudas; y el cómo entran a participar las grandes empresas generadoras de energía.


En esta nueva era de transiciones energéticas en el mundo, Colombia, que ha dependido de fuentes no renovables como carbón y petróleo, se hace más consciente de la necesidad de establecer grandes objetivos para aumentar la participación de las energías renovables en su matriz energética, como un aporte a la mitigación del cambio climático. Sin embargo, factores como la falta de infraestructura para la generación y distribución de energía renovable es uno de los desafíos más urgentes, porque requiere inversión y planificación coordinadas con grandes inversiones.


Otro desafío son las desigualdades socioeconómicas, sobre todo en las comunidades rurales y marginadas que tienen poco acceso a la energía, lo cual ocasiona grandes brechas entre oportunidades y servicios. Y además las resistencias que se puedan ocasionar en la industria de combustibles fósiles y en prácticas cotidianas del uso de la energía, hacen que los retos de la transición energética no sean tan fáciles para las comunidades.


En este contexto, las comunidades energéticas o comunidades de energías renovables, como se llaman en algunas partes del mundo, emergen como una respuesta potencial a estos desafíos. Grupos de líderes, empresas locales y colectivos territoriales pueden llegar a producir y consumir su propia energía, e incluso llegar a transportarla y compartirla. Estas comunidades pueden ser desde proyectos de energía solar comunitarios (con paneles solares que es lo más conocido) o llegar a hacer coooperativas de energía. La idea clara es que la energía se produzca y se gestione de manera local con una serie de beneficios que se quedan en las comunidades.


Además, debemos tener en cuenta que, al hablar de justicia energética, el territorio y las comunidades son el centro de esta justicia. Lo que han demostrado las lecciones aprendidas de comunidades energéticas en el mundo es que fomentan la participación ciudadana, porque se empodera a las personas a nivel local y se les permite activamente participar en producción y gestión de su propia energía, esto fortalece la conexión entre el territorio y el sistema energético.


Las comunidades de energía renovable también ayudan a reducir los costos en las tarifas de energía, y a su vez crean oportunidades locales; y esto es muy importante para los desafíos que hemos nombrado. También debe tenerse muy en cuenta que, en términos de desarrollo sostenible, las comunidades energéticas contribuyen aún más a reducir las emisiones de carbono y disminuyen la dependencia de combustibles fósiles, al cambiar sus prácticas cotidianas.


La generación y gestión de la energía en lo local permite que las comunidades fortalezcan sus vínculos y sean más resilientes a problemáticas de suministro a futuro; y lo más importante es que estas comunidades pueden facilitar un acceso a la energía a territorios alejados o marginados, ayudando a cerrar las brechas en el acceso a servicios básicos.


Y si bien las comunidades energéticas presentan grandes ventajas, desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) trabajaremos desde el Centro de Pensamiento para la Transición Energética en fortalecer las comunidades de energías renovables del país, en poder hacer procesos de incidencia para su marco regulatorio, llevar procesos de capacitación y educación, y poder gestionar en torno a la gobernanza colaborativa incentivos para que realmente de conviertan en las protagonistas de este cambio. El Gobierno Colombiano tiene un papel crucial en el éxito de estas comunidades, pero las alianzas entre las empresas, la academia y el territorio será quienes nos abran el camino al éxito de esta experiencia comunitaria.




 

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