Por: Katerin Erazo, Periodista
Este lunes, más de 400 indígenas emberá katío y campesinos del Alto Sinú tomaron las instalaciones de la empresa hidroeléctrica URRA en Montería, en protesta por los incumplimientos del gobierno en relación con los acuerdos alcanzados para su indemnización. Rafael Guerrero, abogado de la Asociación de Campesinos Azocribo y director general de Evaluarte Campesino Juana Julia Guzmán, detalló en exclusiva para este medio los motivos de la ocupación y el contexto histórico de una lucha que ha durado más de dos décadas.
Según Guerrero, la raíz del conflicto se encuentra en la construcción de la represa de URRA, que despojó a cientos de familias campesinas e indígenas de sus tierras. "Desde hace más de 20 años, las comunidades han sido desplazadas sin compensación adecuada, afectando su cultura, economía y forma de vida. El gobierno ha sido indiferente", aseguró a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares).
El abogado recordó que el pasado 20 de marzo, el presidente Gustavo Petro se comprometió públicamente, en un evento en Tierra Alta, a instalar una mesa de trabajo para abordar la indemnización de las comunidades y la compra de tierras para los campesinos desalojados. Sin embargo, este compromiso no se ha cumplido plenamente. "Solo se hizo una instalación parcial, sin la presencia de funcionarios clave, como los representantes de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la empresa URRA", afirmó Guerrero. Agregó que, a pesar de la visita del ex ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, no se ha definido una fecha concreta para continuar con las negociaciones.
Las comunidades del Alto Sinú no solo han sufrido el desalojo de sus tierras, sino también la degradación de su cultura y calidad de vida. Según Guerrero, la construcción de la represa alteró el curso de varios ríos fundamentales para la pesca y agricultura de la región, como el Sinú y el San Jorge, provocando una crisis económica para las familias que dependían de estos recursos.
"La indemnización otorgada inicialmente por la empresa URRA fue insuficiente y solo duró 20 años. Ahora, exigimos una indemnización de por vida mientras la represa continúe operando y explotando nuestros recursos hídricos", afirmó Guerrero. También denunció que los compromisos en materia de salud, educación y transporte fluvial con las comunidades indígenas han sido incumplidos. "No se ha construido el puesto de salud prometido ni se ha dotado adecuadamente. La carretera de Crucitos sigue sin completarse, y el transporte fluvial, que era una promesa vital para los enfermos, nunca llegó a materializarse", agregó.
Guerrero también destacó la influencia de grupos armados en la región, como el Clan del Golfo, que actualmente domina el territorio. "Esta área ha sido escenario de múltiples procesos de paz con grupos como el EPL, la FARC y ahora el Clan del Golfo, pero ninguno de estos procesos ha traído beneficios reales para nuestras comunidades. Al contrario, han exacerbado el conflicto y el despojo de tierras", explicó. A lo largo de los años, varios líderes indígenas y campesinos han sido asesinados, muchos de ellos en complicidad con grupos paramilitares.
Según Guerrero, la situación ha generado una crisis social, con jóvenes involucrados en actividades ilegales y un aumento de la prostitución en las comunidades indígenas. "El Estado ha fallado en garantizar la seguridad y los derechos de estas comunidades. Los grupos armados limitan nuestra movilidad y nuestra capacidad de trabajar la tierra, mientras imponen una economía ilegal basada en la cocaína", subrayó.
Las comunidades exigen que se instale la mesa de trabajo prometida y que se tomen decisiones concretas para resolver sus demandas de tierras, soberanía y compensación económica. "Si no obtenemos una respuesta del gobierno, nuevos grupos de campesinos e indígenas se sumarán a la protesta, incluso ocupando la gobernación y la alcaldía de Tierra Alta. Además, estamos dispuestos a llevar nuestra lucha hasta la COP16 en Cali, para que el mundo conozca el sufrimiento que hemos padecido por más de dos décadas", advirtió Guerrero.
La ocupación de URRA es solo el último episodio en una larga lucha por justicia y reparación que ha dejado a cientos de familias en la pobreza y el olvido. Las comunidades del Alto Sinú esperan que, finalmente, el Gobierno Nacional cumpla con su palabra y brinde las soluciones que tanto necesitan.
Comments