Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
Al iniciar septiembre de 2024, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, presentó a los habitantes “del país” un balance de sus primeros ocho meses de su gestión de gobierno. Lo hizo en tono de respuesta, dirigido al presidente de la República, Gustavo Petro, quien le ha llamado la atención, de forma reiterada, por descuidar los programas sociales y priorizar, a cambio, las inversiones en infraestructuras físicas —caso Vías al Mar y Túnel del Toyo—.
Para el presidente Petro resulta muy desconcertante que un gobernador regional presione con tanta insistencia en la terminación de obras de infraestructura, que vienen de gobiernos anteriores, cuando esta “ya está prácticamente terminada”. Sobre todo en un departamento que tiene tantas problemáticas sociales urgentes, donde el “hambre aumenta” y “la educación sigue descendiendo”.
Para el mandatario de todos los colombianos es triste ver como durante el primer semestre de 2024 han fallecido al menos ocho niños por causa de desnutrición y cerca de 900 infantes, menores de cinco años, están a punto de morir por desnutrición aguda. De esta forma, se ve con preocupación cómo Antioquia compite con regiones como el Chocó y la Guajira por superar la tasa de mortalidad de niños y niñas por falta de alimentos.
También es triste y preocupante ver cómo en el segundo territorio más rico del país, luego de la capital colombiana, más de 400 mil adultos mayores están en condiciones de vulnerabilidad y 150 mil de ellos en pobreza extrema. Concentrándose las peores situaciones en regiones como el Bajo Cauca, Urabá o el Magdalena Medio, donde la inseguridad alimentaria está por encima del 70%.
Ante esta crítica, era de esperarse que Rendón haya querido insistir en su primera rendición de cuentas, antes de su primer año, en mostrar que su gestión como gobernador va más allá de insistirle al Gobierno nacional de la importancia de culminar la Vía al Mar, en pedirle que le entregue obras para él concluirlas, en proponer vacas para terminar túneles o en ponerse al frente de una campaña pro referéndum por la autonomía fiscal de los departamentos.
En este primer balance el mandatario regional buscó mostrar que su programa bandera se ubica en el terreno de la eliminación del hambre en el departamento. Para ello está invirtiendo este año $130 mil millones en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), incluyendo, “por primera vez” en el departamento, un PAE para alimentar niños en las comunidades indígena.
Con orgullo, el gobernador ha indicado que este programa, que espera se mantenga durante su mandato, destina el tributo más importante del departamento —por encima de los impuestos a los licores y el tabaco— a favor de la lucha contra el hambre. Iniciativa que es fruto de sus propuestas como candidato a la gobernación.
Además, le recuerda a los contribuyentes que este es uno de los primeros resultados de su buena gestión de gobierno. Una iniciativa legislativa, que presentó como la Ordenanza 02 a la Asamblea Departamental, a un mes de iniciado su período, y le fue aprobada como Ordenanza 04 por mayoría de los representantes departamentales, el 8 de marzo de 2024 —con 24 votos a favor— (https://antioquia.gov.co/images/ordenanzas/2024/Ordenanza%2004%20de%202024.pdf).
Un programa que cuenta con la suerte de tener como origen de los recursos el impuesto departamental a la movilidad vehicular. Y que debido a la buena publicidad de la destinación de los recursos, ha llevado a que en los primeros seis meses el recaudo haya aumentado en un 19%. Lo que significa que 876 mil vehículos han contribuido con más de medio billón de pesos —$539.328 millones— para acabar con el hambre en Antioquia.
Sin embargo al gobernador se le olvida mencionar que los diputados —pertenecientes en su mayoría a su grupo político— le entregaron a él, como gobernador, el manejo del 100% del tributo más importante del departamento para todo el período (Art. 1 de la Ordenanza No 4). Una Ordenanza que dice que para el primer año debe destinar, del impuesto vehicular, $320 mil millones a universalizar y ampliar el programa de alimentación escolar. Y que en los próximos tres podrán superar los $400 mil millones.
Además, en el segundo párrafo de la Ordenanza, se faculta al “gobernador para crear un fondo cuenta especial, sin personería jurídica, ni estructura administrativa, con independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística, e implica las reglas de funcionamiento y administración”. Lo que significa que el mayor impuesto del departamento de Antioquia se le ha entregado al gobernador para que financie su programa (Parágrafo primero). Una facultad protempore, lo que significa que lo puede manejar a su antojo.
Esta autonomía administrativa y financiera le ha permitido al gobernador Rendón comenzar a organizar brigadas que recorren los municipios del departamento para entregar mensualmente miles de paquetes alimentarios a familias en situación de riesgo de desnutrición —tanto madres gestantes como hogares con niños menores a cinco años—. Y como la población en riesgo es tan grande en el departamento —cerca del 72% de los habitantes—, le queda muy fácil al gobernador la selección y entrega de estos mercados a los beneficiarios.
De esta manera, es común ver al gobernador o sus brigadistas, en cualquier parte del territorio departamental —Urabá, Bajo Cauca o Suroeste— entregando mercados. Recordándonos la vieja costumbre de los políticos que en campaña electoral, entregan mercados o bultos de cemento a la población con el objetivo de que posteriormente depositen el voto a cambio del favor recibido.
En síntesis, el gobernador de Antioquia, Andrés Rendón quiere ser el líder carismático, que busca a los pobres en los municipios más alejados del departamento —como Vigía del Fuerte— para entregarles mercados, con la intención de “salvar vidas” y “sobreponerse al hambre” aunque eso pueda “costar mucho dinero”, como él mismo lo reconoce. (https://www.facebook.com/reel/873371707552397).
Ante esta situación, hay que recordarle al Gobernador que su programa de erradicación del hambre de Antioquia, aunque puede tener buenas intenciones y ser muy populista, es anacrónico, que se superó desde el siglo pasado. Su política pública sigue un modelo asistencialista que busca entregar ayudas a grupos poblacionales vulnerables.
El gobernador y su equipo de trabajo ven a la ciudadanía como un sujeto receptor pasivo de programas sociales, al que hay que alimentar para no dejarlo morir de hambre. Lo que persiguen es ponerse, ante la opinión pública, como los líderes salvadores de los más necesitados, a los cuales, debido a su benevolencia, les entregan ayudas o les transfieren beneficios específicos a grupos vulnerables, seleccionados por ellos, de arriba hacia abajo.
Con ello el gobernador está logrando invisibilizar la ciudadanía, le están quitando el poder de agencia que debe tener. Para que piensen que la alimentación no es un derecho que tienen todas las personas, a gozar, en forma oportuna y permanente, al acceso a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad, para su adecuado consumo y utilización, y que permita el desarrollo humano, tal como lo plantea la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN) desde 2008.
Busca que a la población se les olvide que tiene derecho a exigir de sus gobernantes programas de soberanía alimentaria, para que sean las comunidades, las que administrando democráticamente los recursos —como tierra, agua, trabajo y semillas—, logren producir alimentos para comercializarlos y consumirlo de acuerdo a su cultura. Lo que conlleva trabajar en la instalación de capacidades en las poblaciones para que sean ellos los que gestionan y agencian su desarrollo.
Como nos lo recuerda la profesora Lorena Mansilla de la Universidad de Antioquia, en su libro Las políticas alimentarias y nutricionales en Colombia y América Latina, la seguridad alimentaria y nutricional, no debe concebirse como un programa para dar alimentos y calmar hambres sino una acción sistémica de soberanía alimentaria que permita la producción, distribución y consumo autónomos.
En conclusión, nos enfrentamos a la implementación de una política pública de seguridad alimentaria y nutricional en Antioquia, que dista mucho de las necesidades que tiene la ciudadanía para formular e implementar planes y proyectos que respondan a las necesidades de los territorios y que mejore en el mediano y largo plazo la situación de seguridad alimentaria y nutricional de sus habitantes.
No estamos hablando de un cliente, al que periódicamente se le dan mercados, donde se pueden dar intercambios de favores, caracterizado por ser de corto plazo, del interés de un político; sino de avanzar en programas de protección social, que garanticen derechos en el largo plazo. Políticas que apunten a alcanzar la soberanía alimentaria y que cambien el paradigma de entregar o dar ayudas a una visión de construir programas y estrategias transversales que creen capacidades para dejarlas instaladas en la ciudadanía con un enfoque territorial y étnico.
* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.
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