Con una nueva “mini-laboral”, un sector de los liberales quiere desactivar la consulta del gobierno
- Óscar A. Chala
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Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad
El pasado 4 de abril, más de 22 congresistas del Partido Liberal Colombiano radicaron en la Secretaría General del Senado una “mini” reforma laboral, que en su contenido rescata en 4 artículos el espíritu fundamental de la reforma laboral presentada por el gobierno de Gustavo Petro, defendida durante varios periodos por la exministra Gloria Inés Ramírez, y que a finales del mes de marzo terminó siendo hundida en la Comisión Séptima de Senado, la misma donde a mediados de abril de 2024 se hundió la reforma a la salud.
Esta reforma, impulsada por el senador Alejandro Carlos Chacón, cuenta con la venia del expresidente y director del partido, César Gaviria, así como con el apoyo de los senadores liberales. De hecho, ya Miguel Ángel Pinto, senador liberal, se propuso como potencial coordinador ponente para el debate de la misma. Hay que recordar que Pinto fue el principal coordinador y vocero en la estrategia que montaron las senadoras Berenice Bedoya, Nadya Blel y Lorena Ríos para coordinar el proyecto de archivo de la reforma a la salud, así como también el de la reforma laboral.
Tras las “vacaciones” en las que el Congreso entró durante la Semana Santa y con la posibilidad de que las preguntas y el proyecto de Consulta Popular impulsado por el gobierno lleguen esta semana, el proyecto de Chacón ha tomado relevancia, especialmente porque ha logrado articular a su alrededor el consenso de los principales gremios económicos, así como de la mayoría de congresistas y bancadas independientes que se han mantenido distantes del gobierno, lo que pone en riesgo la estrategia plebiscitaria por la que el presidente se ha arriesgado y fuerza un escenario de negociación tanto al presidente como a su bloque en el Congreso, el Pacto Histórico, que ha dado visos de no apoyar el proyecto.
Una “mini” reforma light y a la medida: La movida de los liberales
El proyecto de ley que presentaron los liberales el 4 de abril no se diferencia en ningún punto al proyecto de ley que presentó el gobierno a inicios de 2023. De hecho, gira alrededor de los artículos que generaron mayor debate en la opinión pública sobre el tema, pues la reforma de Chacón mantuvo el inicio del recargo nocturno sobre las 7:00 pm y conservaron el recargo dominical y festivo sobre el 100% del salario mínimo diario. Por otra parte, buscan que el proyecto de ley sea modificado en los debates en el Congreso, para que temas como la generación de empleo y otras iniciativas puedan concertarse.
El principal anuncio de un potencial apoyo que llegó desde los gremios vino con la propuesta de incluir en el documento dos artículos nuevos que hablen de la gradualidad en la que las modificaciones al recargo nocturno y a los recargos dominicales deben implementarse en el tiempo. Por el lado de las negociaciones con el Congreso, los conservadores, a la cabeza de Efraín Cepeda, presidente del Senado, ya anunciaron que buscarían conciliar el proyecto y que están trabajando en los consensos necesarios para que la nueva reforma laboral tenga mucha más fuerza e impida el debate de la Consulta Popular, que, según los últimos reportes de prensa, llegaría al Senado este lunes 21 de abril.
Este trabajo de negociación y consenso ya comenzó con Cambio Radical. Carlos Fernando Motoa ya dijo que, a pesar de que consideran que el proyecto de los liberales tiene los mismos problemas de la laboral del gobierno, estarían abiertos al diálogo. Por otro lado, el ambiente en el Congreso, según El Tiempo, se está moviendo en antagonizar ambos proyectos.
A pesar de que Armando Benedetti señaló en su momento que la consulta Popular iba sin importar el proyecto de los liberales, el apoyo en el Congreso a esta nueva reforma iría condicionado a que se consolide un bloque anticonsulta que impida que esta llegue a ser aprobada en Senado. El argumento con el que giraría la conformación de este bloque es que aprobar una reforma laboral concertada como la que propone Chacón ahorraría al país el costo que tendría la Consulta Popular y evitaría que el escenario preelectoral se polarice políticamente más de lo que ya está.
La movida pone el balón en el área de la bancada oficialista, quien ha salido a denunciar que la intención del bloque liberal por concertar esta nueva reforma es “hipócrita”, así como denuncian que la reforma liberal se queda corta frente a las necesidades de los trabajadores del país. En ese sentido, Alirio Uribe, para Noticias Uno, indicó que “Es absurdo hacer una reforma tan pequeña como la que propone el partido liberal. Son derechos importantes, pero faltaría incluir todos los demás derechos...”, así como María Fernanda Carrascal, una de las ponentes de la reforma hundida del gobierno en Cámara, señaló en su cuenta de X (Twitter) que “Llegamos a estos acuerdos desde la primera reforma laboral en el primer semestre del 2023 y ahora buscan apropiarse de una apuesta que no sacaron adelante en 22 años que los trabajadores y trabajadoras dejaron de recibir sus recargos, 1.8 billones anuales dejaron de llegar a los bolsillos de las personas trabajadoras”.
Bajo el riesgo de que el costo político de oponerse a una reforma laboral que no sea de su autoría les cueste tanto en el escenario de la Consulta Popular, como en las próximas elecciones legislativas y presidenciales de 2026, desde el Progresismo ha habido un tanteo a la propuesta de Chacón. El presidente Gustavo Petro ya había salido a declarar en días anteriores que observaba la reforma con escepticismo, pero que estaba abierto al diálogo.
Esa misma apertura ahora se consolida con Armando Benedetti, quien posiblemente estaría barajando aterrizar el apoyo del gobierno a la reforma de los liberales, a cambio de ampliar los temas que se podrían cubrir en las preguntas de la Consulta.
Por el lado del Partido Liberal, tras bloquear las reformas del gobierno en Senado, la movida busca ahora hacer aparecer al partido como garante de una ‘modernización responsable’, adoptando una versión acotada de las propuestas del progresismo. Esta jugada estaría pensada para recuperar iniciativa legislativa y proyectarse como fuerza bisagra de cara a las presidenciales de 2026. No obstante, esta movida ha generado división interna.
De hecho, la seguridad que tiene el proyecto de Chacón en Senado no la tiene tan garantizada en Cámara, especialmente porque el bloque de liberales cercanos al gobierno se ha plegado a las voces críticas del Pacto Histórico, como la de la representante Olga Beatriz González, una de las firmantes del proyecto de reforma, pero quien ha salido a declarar a medios que el hundimiento por parte del partido fue oportunista, para afectar los intereses y la imagen del presidente.
Las 3 claves del trámite de la Consulta Popular en el Senado
La reforma de los liberales terminó abriendo 3 grandes claves para entender por dónde se están yendo cada uno de los bloques políticos que conforman el Congreso de la República, especialmente ante la inminencia de la presentación de las preguntas de la Consulta y el inicio de la recta final del tercer período legislativo.
1. El bloque de congresistas de partidos tradicionales que están lejanos al gobierno, junto con el bloque de independientes y la oposición, estarían buscando no llegar al escenario de votar la consulta. Aunque aún no hay comités por el NO ni grupos que estén llamando a la abstención, sí está claro que quiere evitar llegar a un escenario de consulta que termine potenciando al presidente Petro y sus intenciones electorales a 2026. Sus temores girarían alrededor de no tener los suficientes votos para detener la Consulta en Senado, y perder en un potencial “photofinish” en un escenario futuro donde la Consulta sea votada. Para ello, tienen dos opciones.Por un lado, están esperando la respuesta frente a la recusación de Fabián Díaz, que presentó un recurso de apelación tras el archivo del proyecto en la Comisión Séptima del Senado. Díaz, quien es senador de la Alianza Verde, presentó esta apelación para evitar que la reforma laboral quede definitivamente archivada y busca que el debate se traslade a la plenaria del Senado, donde una comisión accidental evaluará si el trámite debe continuar en otra comisión constitucional. Este recurso se presentó el 18 de marzo, mismo día en que se hundió la reforma laboral.En caso dado de que la recusación no prospere, es posible que tiendan a apoyar la reforma laboral de los liberales (Conservadores, Liberales, Cambio Radical) o que se nieguen a votarla, pero tampoco impidan su discusión y debate (Centro Democrático).
2. El bloque oficialista de gobierno ya se la jugó por la Consulta Popular. La puerta para negociar con el Congreso está, por ahora, cerrada, aunque Benedetti quiere abrirla de nuevo, especialmente en el escenario de la mini Reforma Política (que quiere impulsar el transfuguismo), de iniciativa del Pacto Histórico, y para la que necesita amplios consensos.Para el Pacto Histórico, se abren varios escenarios. Por un lado, también están a la expectativa de la recusación de Fabián Díaz. Si esta recusación no pasa, seguirían volcados en la Consulta Popular. No obstante, con el proyecto de Chacón existen fuertes divisiones, y aunque hay un sector dispuesto a negociarlo, hay otro (como el de Alirio Uribe) que no estaría dispuesto a discutirlo y que se negarían a votarlo. En este caso, habría que ver si el trabajo de Benedetti por enfilar al bloque para apoyar ese proyecto funciona, o si el gobierno da la orden a su bancada para votarlo afirmativo. Aun así, siguen firmes en sacar adelante la Consulta Popular, aunque ahora mismo no suman sino los votos de su propio bloque, a la espera de consolidar los votos del Partido Alianza Verde (el único que queda en la coalición de gobierno).
3. Los sectores independientes y opositores (como ya lo está haciendo Nadya Blel o Efraín Cepeda, del Partido Conservador, igual que el liberal Alejandro Carlos Chacón en los últimos días) estarían vendiendo la reforma liberal como la única alternativa ante un potencial hundimiento de la Consulta Popular en el Senado. Aquí el cálculo político de Benedetti es clave, especialmente para saber si tiene la suficiente capacidad para movilizar al Congreso y evitar que el apoyo a la reforma liberal se traduzca en un voto contra la Consulta, así como Cepeda tendría que vender, como presidente del Senado, las ventajas de concertar una mini-reforma recortada para evitar el escenario de la Consulta.
A modo de cierre
La presentación de la “mini” reforma laboral por parte del Partido Liberal no solo estaría reconfigurando el tablero legislativo en torno a los derechos laborales, sino que también estaría marcando un punto de inflexión en la pugna estratégica por el control de la agenda pública entre el gobierno de Gustavo Petro y los partidos tradicionales. Lo que estaría en juego ya no es únicamente la agenda de reformas sociales (de las que solamente sobrevive la reforma a la salud, la reforma educativa y un proyecto de ley ordinario de jurisdicción agraria), sino el modelo de gobernabilidad y el tipo de legitimidad que se impondrá en el último año restante del mandato presidencial.
Mientras el gobierno sigue insistiendo en la Consulta Popular como mecanismo de validación democrática directa ante el bloqueo legislativo y el cierre de las negociaciones con el Congreso, los partidos tradicionales le estarían apostando a una salida institucional intermedia, que les permita aparecer como figuras políticas responsables sin ceder por completo a las demandas del progresismo. En ese forcejeo, la reforma laboral presentada por los liberales estaría operando como válvula de escape y cortafuegos para calmar los ánimos políticos en el Congreso, contener la posibilidad de un ascenso simbólico de Petro con la Consulta y posicionar al Partido Liberal como árbitro del equilibrio político de cara a 2026.
Esto es importante, especialmente con las movidas que el Partido de la U, el Partido Conservador y el Partido Liberal han comenzado para buscar candidato propio hacia una potencial consulta de centro en 2026.
El desenlace de esta situación dependerá de si el gobierno, a través de Armando Benedetti, logra reconfigurar sus apoyos parlamentarios o si, por el contrario, termina teniendo una fuerte derrota que le podría costar mayor capital político. En cualquiera de estos escenarios, el conflicto de fondo se mantiene vigente por quién tiene la autoridad —y la legitimidad— para interpretar y ejecutar el llamado “mandato de cambio” que expresó el electorado colombiano en 2022.