Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
Desde hace varias décadas los sonidos en el campo colombiano se han transformado. Han pasado de ser los alegres, apacibles y ensoñadores que producía la naturaleza, a aquellos provocados por las ráfagas de fusil y la explosión aturdidora de las minas antipersona.
Los nuevos sonidos del campo llevan al miedo inmediato, al abandono de la realización de las actividades cotidianas, a la preocupación por la seguridad de los seres que amamos y a la búsqueda de una explicación sobre a quién le habrán disparado y si habrá algún muerto, herido o mutilado conocido.
Un ruido enloquecedor frente al cual el campesino se ve en la necesidad de: o bien encerrarse angustiado en su casa o bien salir corriendo a buscar a sus hijos. Pues, desafortunadamente, el sonido que dejan los artefactos, en muchos casos, proviene de entornos cercanos a las escuelas, de aquellos lugares a donde se manda a los hijos e hijas a estudiar.
Esa es la realidad que le ha tocado vivir a, por lo menos, 7.500 estudiantes y docentes afectados por los grupos armados ilegales; los cuales han realizado, entre enero y junio de este año, 46 eventos que afectaron la educación en ocho departamentos en Colombia. Una población que ve cómo el fundamental derecho a la educación lo ejercen en un territorio cruzado por la guerra.
Los habitantes del campo observan, sin poder hacer mucho, cómo los actores armados minan los caminos a las escuelas, amenazan a docentes y personal administrativo, y convierten a las aulas en refugios para pasar la noche, en centros de operación bélica o en trincheras para disputar a sangre y fuego el poder en el territorio con otros actores armados.
Una guerra que hace ver cómo 40 gramos de plomo, además de acabar con la vida y el futuro de un ser humano, deja huecos en las paredes del salón de clases que atemorizan e impiden la concentración. Que genera una huella de miedo que mina la confianza y siembra el terror que se enraíza por mucho tiempo.
Una población que siente cómo la guerra volatiliza los sueños que genera la educación. Un conflicto que aniquila la posibilidad de adquirir herramientas y aprendizajes para la vida. Que permite que los armados les arrebaten de sus manos la llave para cambiar positivamente la vida suya y de sus familiares.
En síntesis, una guerra que tiene efectos devastadores en la salud mental y física de los estudiantes. Del personal docente y administrativo, que ven vulnerado su derecho al trabajo y a tener un entorno seguro para su ejercicio. Y de los padres de familia, que ven cómo la guerra le quita posibilidades al futuro de su núcleo familiar.
Esta situación –que es muy similar en todos los países que tienen un conflicto armado– hizo que, desde hace tres años, los 09 de septiembre, se celebra en el mundo el día internacional
para Proteger a la Educación contra los Ataques. Una decisión que se tomó en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el 28 de mayo de 2020, mediante la Resolución 74/275.
La celebración de este día nos recuerda, primero, que estamos en presencia de un conflicto armado –el único activo en el hemisferio occidental–. Segundo, que este fenómeno afecta el derecho fundamental a la educación que tienen los niños, niñas y adolescentes. Y tercero, es necesario trabajar en preservar y proteger la educación en el país.
El 09 de septiembre se nos recuerda que el derecho a la educación debe ser respetado, defendido y disfrutado por todos. Y que como sociedad debemos avanzar en trabajar en acuerdos o pactos nacionales que saquen la educación del conflicto armado y la inseguridad. Que conviertan a las escuelas en lugares protegidos y seguros para estudiantes y maestros.
De allí que hoy, cuando se adelanta unos diálogos de paz con el ELN, con las disidencias de las FARC y con otros actores armados, se hace más necesario discutir y acordar acciones para que el derecho fundamental a la educación que tienen los niños, niñas y adolescentes en el país se proteja.
Se requiere en diálogos de paz que se priorice el tema de la educación rural y se hable de los problemas que deja la guerra en el sector educativo. Se necesita que en las negociaciones se exija el respeto por el Derecho Internacional Humanitario para proteger a niñas, niños y adolescentes.
Un acuerdo para que la educación siga siendo una prioridad en la agenda de políticas públicas. Para que se logre avanzar en tener una educación de calidad, inclusiva, equitativa y protegida de la violencia. Para que se avance en crear entornos escolares seguros que hagan respetar y cumplir el derecho fundamental a la educación.
Necesitamos un gran pacto nacional que sirva para comprometer a los actores de la guerra en salvar vidas, en evitar que se presenten abusos, explotación y reclutamiento forzado de menores. Actores armados que se comprometan con la protección de las instituciones educativas y con vetarlas como objetivos de las fuerzas contrarias.
En definitiva, un acuerdo que ate a los actores armados con el compromiso político de proteger las escuelas e instituciones educativas. En el que se respete a los estudiantes, profesores y personal administrativo. Y que se les conciba como espacios seguros para fomentar la paz y el desarrollo.
En este sentido la tarea es trabajar en la construcción de acuerdos vinculantes que hagan posible el acceso a la educación sin restricción por el conflicto armado. No podemos permitir que se siga maltratando el presente y futuro de los niños, niñas y adolescentes en el país. Obstruyéndoles su derecho a adquirir conocimientos, destrezas y herramientas para la vida.
Debemos trabajar para que nuestra juventud adquiera las destrezas necesarias para el trabajo, la producción y el cuidado del medio ambiente. Tenemos la responsabilidad de convertir a
nuestros jóvenes, los que habitan el campo, en guardianes protectores de la vida y el cuidado de la naturaleza.
De esta manera estaremos evitando que el número de víctimas por el conflicto armado en el país aumenten; entregaremos justicia y reparación a las víctimas; y avanzaremos en la no repetición y en la tarea de romper el ciclo de la violencia y la construcción de una paz estable en el futuro.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.