Por: Línea Migración, Frontera y Conflicto
En 2022 asesinaron a siete líderes y defensores de derechos humanos y a un firmante del acuerdo de paz en Norte de Santander; es decir, hubo un aumento del 32%, en comparación con el 2021.
En febrero de 2023 continuó el flagelo en el departamento. José Antonio Santiago Pérez, delegado departamental a la Federación de Juntas de Acción Comunal y presidente de la Junta de Acción Comunal de Socuavó, zona rural de Tibú, recibió varios disparos y fue hallado sin vida en la vía que conduce al corregimiento de La Gabarra.
En 2019, Pérez fue víctima de un atentado, recibió tres impactos de bala y posterior al hecho le asignaron un esquema de la Unidad Nacional de Protección. Sin embargo, en diciembre de 2021, le hurtaron la camioneta blindada en la que se movilizaba y, desde entonces, estuvo desprotegido.
Frente a este homicidio, Pepe Ruíz, defensor del Pueblo en Norte de Santander, dijo a RCN Radio que: "aunque es el primer líder asesinado este año en Norte de Santander, un alto número de presidentes de juntas de acción comunal de Cúcuta y Tibú son víctimas de amenazas”.
En enero de 2023, Carmen García, presidenta de la Asociación Madres del Catatumbo por la Paz y representante ante la Mesa Municipal de Víctimas de Tibú y del Consejo Departamental de Norte de Santander, denunció amenazas de muerte contra ella y contra su padre.
En febrero de 2023, Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, denunció amenazas por la labor de defensa de derechos humanos que realizan desde la organización.
Asimismo, la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) denunció que desde el 2021 han sido víctimas de seguimiento, señalamiento, hostigamiento y procedimientos arbitrarios por parte de la Policía Nacional. Los hechos ocurren antes o después su participación en audiencias para defender los derechos humanos y en lo corrido del 2023 ya han sucedido tres incidentes contra sus integrantes.
Gustavo Quintero, miembro de Ascamcat y una de las víctimas, señaló que: “la situación cada vez se ha hecho más recurrente; nos preocupan los términos de seguridad, los hechos ocurren en presencia del hijo de nosotros, un menor de edad, y los policías vienen y no se identifican”.
De acuerdo a Cañizares, en 2022 la Fundación Progresar acompañó 67 casos de amenazas contra líderes y defensores de derechos humanos.
Mientras tanto, y en medio de una violencia que no cesa, las organizaciones sociales continúan con sus labores y esperan que las autoridades competentes brinden más eficacia en la prevención y protección para garantizar la vida.
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