Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares.
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado le entregó los resultados del proyecto por la búsqueda de víctimas de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales en Medellín (Antioquia) a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. De acuerdo con el proyecto “se presume la existencia de al menos 906 cuerpos inhumados de personas no identificadas y que pueden corresponder a víctimas desaparición forzada y/o ejecuciones extrajudiciales.”
En ese sentido, estas acciones evidencian cómo las organizaciones de víctimas trabajan de manera conjunta con el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (SVJRN). En este caso esta información resulta clave para UBPD y su Plan Nacional de Búsqueda (PNB) que presentó en mayo de 2020.
Por su parte, Luz Marina Monzón Cifuentes, directora general de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, indicó en entrevista exclusiva con la cadena teleSUR que el departamento de Antioquia es la región que registra mayor número de desaparecidos.
«Solo en el departamento de Antioquia, en el período de 1997-2005 nosotros manejamos las lamentables cifras de 20.279 personas desaparecidas, 2.710 reclutadas y 7.618 secuestradas para un total de 30.000 desaparecidas. Y estamos haciendo una proyección de 120.000 personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado», reveló la funcionaria.
La importancia de las medidas cautelares
Es importante recordar que el 29 de agosto de 2018, nueve (9) peticionarios —dos (2) representantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y siete (7) familiares de desaparecidos— le solicitaron a la JEP tomar medidas cautelares anticipadas sobre 16 lugares del país, en los cuales «se presume existen personas inhumadas dadas por desaparecidas en el marco y con ocasión del conflicto armado».
Este hecho, hoy por hoy, se reviste de importancia porque se consolidan los procesos que están adelantando las organizaciones de víctimas con el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (SVJRN). Dicho de otra forma, estos hechos son victorias que nacieron con estos esfuerzos conjuntos.
MOVICE pidió medidas cautelares en Antioquia (Comuna 13, Hidroituango, Puerto Berrio, Betulia y Dadeiba); Sucre (San Onofre, Corozal, San Marcos y Sincelejo); Caldas (Samaná, Victoria, San Lorenzo, Norcasia); Cesar (Aguachica) y Santander (San Rafael de Lebrija), San Vicente de Chucurrí y Cimitarra).
Para el caso de Antioquia los lugares de implementación de medidas cautelares de protección:
El cementerio
El lugar señalado por el MOVICE es el Jardín Cementerio Universal de Medellín, que es el primer cementerio municipal de carácter civil para la capital antioqueña. Antes de su inauguración —1943— era un sitio conocido como “tiradero de cuerpos” y durante los años se le ha conocido como “el cementerio de los pobres”. Un espacio que alberga las memorias de las víctimas de los hechos más macabros de la violencia, sobretodo, de aquellas poblaciones más marginalizadas y excluidas de ‘la capital de la montaña’; un lugar a donde arribaron, por ejemplo, miles de personas desplazadas.
“La radiografía del cementerio Jardín El Universal de Medellín y la revisión y sistematización de más de 2.000 documentos, aportados por las entidades responsables de los procesos de búsqueda y las medidas cautelares ordenadas por la JEP en cementerios en Antioquia, se constituyen como una contribución de absoluta relevancia para la elaboración del registro nacional de fosas, cementerios ilegales y sepulturas, y se convierte en una posibilidad de restitución de los derechos de las personas, tanto de las personas dadas por desaparecidas y su derecho a ser buscadas y a su identificación, como de sus familiares a que se les devuelva el cuerpo de su ser querido y, finalmente, a la misma sociedad, en el marco de la necesidad de sus ciudadanos para que se conozca la verdad de lo sucedido con estas personas”, de acuerdo con MOVICE.
Uno de los aspectos que resalta el informe tiene que ver con “dificultades en la gestión de información existente, así como el “estado crítico” de dicho cementerio. Entre ellos, se destaca la falta de un archivo organizado con toda la información sobre cuerpos no identificados y cuerpos identificados sin entregar, exhumaciones y personas entregadas a las familias.” Asimismo, “se evidenciaron también vacíos en licencias de inhumación e inconsistencias en información sobre zonas, datos y cifras, revelando la necesidad de contar con protocolos claros para la presentación de estos importantes elementos”.
Luz Marina Monzón, directora de la UBPD, se refirió con preocupación sobre dicho “estado crítico” al precisar que las personas que nos han sido identificadas en el Jardín Cementerio Universal han sido tratadas como “si estas personas no tuvieran un vínculo con sus familias”. Por estas razones, MOVICE ha hecho un especial llamado para que se garantice “la protección de cuerpos cada vez más expuestos”.
Sobre los retos de la búsqueda
Uno de los elementos que ha consagrado la UBPD ha sido valorar las situaciones de potencial riesgo de los lugares de disposición y promover las acciones pertinentes de protección, a efectos de garantizar la integridad de futuras acciones de prospección y recuperación arqueológica forense de los cuerpos. Como, por ejemplo, en fosas, cementerios y sepulturas.
Para ello diseñó las siguientes herramientas:
i) el conocimiento de la ubicación geográfica con coordenadas exactas del sitio donde fue recuperado un cuerpo
ii) el sitio en que existen elementos de juicio para presumir que allí puede localizarse un cuerpo
iii) sitios prospectados por entidades estatales en los que a pesar de agotar criterios técnicos no se encontró el cuerpo. Estas tres situaciones pueden darse en fosas, cementerios ilegales y sepulturas, entre otros.
La UBPD busca garantizar el acceso en tiempo real a la información geográfica digital de sitios prospectados y sitios excavados, con resultados positivos o negativos de hallazgo, es decir, con presencia o ausencia de cuerpos, en sitios intervenidos por las entidades del Estado que participan en acciones de búsqueda y, en diversas oportunidades, entidades humanitarias internacionales.
Esto generará que expertos interpreten la información allí contenida para construir hipótesis sobre patrones de enterramiento, así como conductas o modus operandi de ocultamiento de cuerpos por actores del conflicto armado.
Resulta importante hacer hincapié en esta situación debido a que, por los repertorios de violencia de los grupos armados, en el caso de los paramilitares en el departamento de Norte de Santander usaban hornos crematorios para la desaparición de cuerpos, por ejemplo, la tarea de búsqueda de personas dadas por desaparecidas se complejiza.
Por ello, la inclusión de este tipo de categorías en esta herramienta hará posible incluir lugares “no convencionales” o “complejos”, por ejemplo, los hornos crematorios utilizados por algunos actores del conflicto para, literalmente, desaparecer a sus víctimas; medios acuáticos como ríos, aljibes o incluso cuerpos no identificados fueron enviados a cementerios, y facultades de medicina para efectos de docencia, entre otros.
Ejes del Plan Nacional de Búsqueda (PNB)
Es importante señalar que el PNB, como proceso articulado con múltiples actores y visiones, permitió tiene tres (3) ejes estratégicos de trabajo:
1. Información: obtener, centralizar, actualizar, analizar, interpretar y utilizarla para la búsqueda.
2. Localización, prospección, recuperación e identificación de las PDD.
3. Participación: garantizar las condiciones para la participación.
Según el Registro Único de Víctimas (RUV), a corte del 1 de junio de 2019, hay 124.859 víctimas de desaparición forzada. A propósito, el Comité Internacional de la Cruz Roja, para junio de 2019, señaló que este no es un flagelo del pasado y que después de la firma del Acuerdo de Paz —24 de noviembre de 2016—; en Colombia se registra una desaparición cada cuatro días por razón de conflicto armado y la violencia.