Por: Katerin Erazo, Periodista
La situación de seguridad en el municipio de Toribío, departamento del Cauca, es preocupante debido a la presencia y constante accionar de grupos armados ilegales como las disidencias de las FARC, el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Recientemente, la Defensoría del Pueblo denunció que la columna móvil Dagoberto Ramos Ortiz de las disidencias de las FARC, estaría utilizando este municipio del Cauca como centro de operaciones militares y financieras, y, además, tendrían allí un centro de entrenamiento para niños, niñas y adolescentes que son reclutados para engrosar la fila de estas estructuras (Ver: El reclutamiento de menores: una herida a la que le queda mucho por sanar). “Luego de un breve entrenamiento, los menores son incorporados a las diferentes subestructuras del Comando Coordinador de Occidente”, explicó el defensor del pueblo, Carlos Camargo.
Juan Manuel Torres, coordinador de la Línea Pacífico de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), dice que en las escuelas de entrenamiento se entrenan a menores durante tres meses, aproximadamente, para luego “graduarlos como guerrilleros”. El coordinador de Pares explicó que estas escuelas de entrenamiento para menores no son una práctica reciente de las disidencias, sino que han existido durante muchos años. Torres mencionó que esta guerrilla suele reclutar a menores a partir de los 15 años de edad.
Gracias a una infiltración de inteligencia militar, Caracol Radio pudo informar, por medio de un reportaje, sobre el reclutamiento y entrenamiento de menores de edad en el Cauca. En diversos videos se muestra que los menores reciben capacitación en la construcción de campamentos, manejo de explosivos, sicariato, manejo de armas, acciones terroristas e inteligencia criminal. Durante estos entrenamientos, la organización ilegal les entrega a los menores una serie de guías para su adoctrinamiento y los divide en grupos según las tareas asignadas. También se les enseña a manejar armas a través de réplicas de madera, a mejorar sus posiciones de combate y las técnicas para evitar la detección.
Las disidencias registraban a los menores con nombre, foto y alias en un archivo con el fin de reclutarlos en sus filas. Muchos de estos menores son reportados como desaparecidos por sus familiares. En este sentido, Juan Manuel Torres enfatizó en la importancia de que el Gobierno y el ICBF trabajen con las escuelas para implementar campañas de prevención y crear conciencia sobre esta problemática, la cual ha existido durante muchos años.
El reclutamiento forzado de menores de edad en distintas regiones de Colombia es motivo de creciente preocupación para las autoridades del país. En respuesta a esta problemática, Luis Fajardo, vicedefensor de la Defensoría del Pueblo, junto con Vanessa Martínez, delegada para la Infancia, la Juventud y la Vejez, y otros funcionarios de la Defensoría Regional Cauca, presentaron una campaña para combatir el reclutamiento forzado de menores en la región del Cauca.
La campaña incluye actividades para sensibilizar tanto a los menores como a sus padres, y también se han llevado a cabo diálogos con organizaciones de la sociedad civil, líderes y lideresas, organizaciones de cooperación internacional e integrantes del Comité Departamental de Prevención de Reclutamiento.
Ante la difícil situación que viven los menores, cabe recordar que en 2021 el defensor del pueblo, Carlos Camargo, lanzó una estrategia la cual tenía por nombre: “Estrategia defensorial: 2021, año contra el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes”.
Esta iniciativa se enfocó en la prevención, promoción, atención y divulgación de la problemática del reclutamiento forzado de menores. Además, se han implementado estrategias ante instancias del Estado para reconocer y buscar soluciones a esta problemática con el fin de garantizar los derechos de los menores de edad.
El reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) por Grupos Armados Organizados (GAO) en Colombia es una tragedia subestimada en términos de su alcance y consecuencias. En el departamento del Cauca, este fenómeno aumentó en 2021 y 2022.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar informó que: “se presentó un aumento del 23% en el número de los niños, niñas y adolescentes en programas de protección por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pasando de 180 niños y niñas desvinculados por grupos al margen de la ley en el año 2021, a 220 beneficiarios en materia de protección durante el 2022” (Ver: Los menores de edad también está viviendo la guerra en el Cauca).
El Registro Único de Víctimas en Colombia también informó que entre 2021 y 2022, 68 indígenas y 28 afrocolombianos fueron reclutados por grupos armados y delincuenciales en los departamentos de Antioquia, Chocó y Cauca. Como resultado del reclutamiento se produce desplazamiento forzado y confinamiento en las zonas donde operan los grupos ilegales y las estructuras criminales (Ver: La sombra de la vinculación de menores de edad a la guerra cubre al Cauca).
Según un informe presentado por la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, “los grupos armados ilegales siguieron reclutando menores de edad para la guerra. En 2022, la Oficina conoció 115 casos de niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados no estatales (74 niños, 37 niñas, 4 sin información sobre sexo). De estos, 20 habrían sido asesinados (11 niñas y 9 niños) y 12 niñas habrían sufrido violencia sexual”.
Luego de conocerse las declaraciones del defensor del pueblo, Carlos Camargo, el pasado jueves, 02 de marzo, la Defensoría emitió la Alerta Temprana 005 de 2023 debido a la alta probabilidad de riesgo para la población civil, especialmente para los indígenas del pueblo nasa en los resguardos de Tacueyó, Toribío y San Francisco, que representan el 96% de los 37.000 habitantes de Toribío, Cauca.
La presencia de grupos armados ilegales en la zona ha llevado a la paralización de la vida comunitaria y social, y la imposición de múltiples normas bajo pena de muerte para aquellos que las incumplen. La Defensoría del Pueblo advirtió que todos estos hechos violan los derechos humanos de la población civil y deben ser abordados de manera urgente por el Estado.
“Si bien las personas no están confinadas, el desarrollo de la vida comunitaria y social está no solo paralizado, sino sujeto a la voluntad de los grupos armados, ya que vienen imponiendo múltiples normas con pena de muerte para quien las incumpla”, informó el defensor Camargo.
Un ejemplo de ello es que los grupos armados impusieron varias restricciones a los negocios públicos, incluyendo la prohibición de vender bebidas alcohólicas durante la semana, la prohibición de estacionar motocicletas frente a los locales y la imposición de un horario de cierre.
A esto se le suma que estructuras ilegales envían panfletos intimidatorios a individuos específicos y establecen normas como la prohibición de conducir vehículos con las ventanas cerradas o de usar cascos para los motociclistas.
La Defensoría del Pueblo también destacó que han aparecido carteles, pancartas y grafitis, algunos con artefactos explosivos improvisados, y se han producido amenazas y ataques constantes contra líderes indígenas del pueblo nasa por su papel en las actividades tradicionales.
Juan Manuel Torres afirmó que la imposición de este tipo de reglas por parte de las estructuras ilegales es una forma de control que buscan ejercer en el municipio, debido a la disputa existente con el movimiento indígena y al interés de estos grupos armados en las economías locales.
El coordinador de la Oficina Pares Pacífico explicó que en Toribío hay tres sectores que se disputan la gobernabilidad del territorio: los resguardos indígenas, como el resguardo San Francisco, el resguardo Toribío y el resguardo Tacueyó; la administración municipal; y los grupos armados. Estos últimos han cometido masacres contra los indígenas, lo que ha generado una creciente tensión en la zona.
Torres sugiere que se tomen medidas para evitar este tipo de situaciones, como por ejemplo que las fuerzas de seguridad se mantengan al margen de estos hechos. Además, considera importante que la administración municipal tome acciones para controlar los establecimientos públicos y el tránsito, y brinde su respaldo al movimiento indígena, el cual es el más afectado.
“Requerimos que se respalde el accionar, que se proteja la vida de los líderes y lideresas sociales (…) el movimiento indígena ha venido siendo golpeado por estas estructuras armadas durante mucho tiempo”, recalcó Torres.
Según Juan Manuel Torres, Toribío es un municipio clave e histórico. Después de los acuerdos de paz, se convirtió en una de las primeras zonas donde surgió una nueva disidencia, conocida inicialmente como el Nuevo Frente Sexto. Este grupo se originó principalmente en Tacueyó, Toribío y Caloto, creando un triángulo famoso llamado "el triángulo de la marihuana". La topografía de Toribío ha convertido la zona en una ruta de paso para la actividad ilegal, dificultando muchas veces el acceso de las instituciones estatales.
Tanto la disidencia Dagoberto Ramos como la disidencia Jaime Martínez surgieron en paralelo del Nuevo Frente Sexto, y se distribuyeron en la zona. La disidencia Jaime Martínez tomó todo el corredor de Buenos Aires y Jamundí, mientras que la disidencia Dagoberto Ramos controló todo el corredor Norte indígena, incluyendo Corinto, Caloto, Toribío y Jambaló. Ambas estructuras ilegales se están extendiendo, especialmente la disidencia Dagoberto Ramos.
En el municipio de Toribío, que ha sido históricamente indígena, se lleva a cabo una lucha constante contra esta grave problemática. Juan Manuel Torres señaló que la Dagoberto Ramos ha abandonado los principios originales de las guerrillas, atacando a los movimientos indígenas e intentando controlar el pueblo para que “no se les escape de las manos”.
En el departamento del Cauca, las disputas por el control en el marco del conflicto armado han dejado miles de víctimas y la situación sigue siendo preocupante para los menores de edad. La Defensoría del Pueblo señaló que el reclutamiento forzado de menores sigue creciendo debido al temor de las personas a represalias si denuncian a los grupos armados que los reclutan para la guerra.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo informó a Pares que emitieron esta alerta temprana para prevenir a la comunidad sobre el control que los grupos ilegales están ejerciendo y su preocupación por el uso del municipio como centro de entrenamiento para menores. Además, la entidad señaló que esta alerta también busca llamar la atención del Estado sobre el riesgo inminente en este territorio y que tome las medidas necesarias para evitar que estas situaciones se sigan agravando.
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