Corte Suprema de Justicia ordena inspección al Congreso por presuntas coimas en reformas del Gobierno Petro

Por: Katerin Erazo, Periodista

En una medida que intensifica la investigación sobre presuntas coimas en el trámite de reformas gubernamentales, la Corte Suprema de Justicia ha ordenado una inspección judicial al Congreso de la República. La diligencia, promovida por el magistrado Francisco Farfán de la Sala de Instrucción, tiene como objetivo recolectar información crucial sobre la aprobación de reformas clave, entre ellas las de salud, laboral y pensional, así como la adición presupuestal destinada a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Aunque aún no se ha definido la fecha exacta para esta inspección, se espera que se revisen minuciosamente las actas de las sesiones donde se discutieron estas reformas, así como la documentación relacionada con la adición presupuestal. Esta medida surge en medio de las investigaciones que vinculan a exaltos funcionarios del Congreso, incluidos los expresidentes Iván Name y Andrés Calle, con presuntos sobornos millonarios para favorecer los intereses del Ejecutivo. Se prevé que la inspección abarque tanto las secretarías como las presidencias del Senado y la Cámara, así como las comisiones económicas y séptimas, donde se discutieron las reformas.

La Fiscalía General ha compulsado copias a la Corte Suprema detallando las posibles implicaciones de nueve congresistas en la estructura ilícita de la UNGRD durante la administración de Olmedo López Martínez, donde se desviaron recursos destinados a la gestión de desastres. Testimonios de exdirectivos como Olmedo López y Sneyder Pinilla han revelado cómo estos fondos fueron desviados a través de contratos alterados, supuestamente como sobornos a legisladores clave.

Este escándalo amenaza con complicar la agenda legislativa del presidente Gustavo Petro, quien enfrenta críticas crecientes sobre la legitimidad de sus propuestas de reforma en un contexto de profunda controversia política. A pesar de la instalación reciente de sesiones del Congreso y la elección de nuevas mesas directivas, la incertidumbre persiste sobre la viabilidad de sus proyectos, especialmente en áreas críticas como salud y educación. La renuncia del exdirector de Inteligencia Nacional, Carlos Ramón González, señalado de haber autorizado los sobornos a Name y Calle, ha incrementado la presión sobre el Ejecutivo.

El presidente Gustavo Petro, en medio de este torbellino, se encuentra en la difícil posición de avanzar con su ambiciosa agenda de reformas mientras enfrenta una creciente oposición y desconfianza. Entre sus propuestas destacadas se encuentran una eventual Asamblea Constituyente y el uso de un mecanismo de fast track para acelerar la implementación del Acuerdo de Paz. Sin embargo, el escándalo de corrupción en la UNGRD ha puesto en vilo estas iniciativas, generando un ambiente de incertidumbre y descontento.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha reconocido la complejidad del panorama actual, destacando la necesidad de negociación y disuasión para asegurar el avance de la agenda legislativa del Gobierno. Cristo subrayó la importancia de dialogar con las bancadas y de mantener un plan claro para la agenda legislativa y el acuerdo nacional, aunque admitió que los recientes episodios de corrupción tendrán un impacto significativo.

Desde la oposición, se argumenta que la crisis de legitimidad generada por el escándalo de corrupción socava cualquier intento del Ejecutivo de impulsar reformas importantes. Hernán Cadavid, representante del Centro Democrático, ha señalado que la legitimidad del Gobierno para avanzar en reformas dentro del Congreso es nula debido a los señalamientos de corrupción. La oposición sostiene que cualquier activación de bancadas y sectores políticos estará siempre bajo sospecha, y exige respuestas claras por parte del Gobierno Nacional y del Congreso.

Además, se vislumbra un fuego amigo al interior del Ejecutivo que dificulta todavía más el trámite de los proyectos. La senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, criticó al ministro del Interior por su agenda en el Congreso, acusándolo de no alinearse con los objetivos del Gobierno. Esta fractura interna añade otra capa de complejidad a los esfuerzos de Petro por consolidar su base de apoyo y avanzar con su programa legislativo.

El propio ministro Cristo reconoció en una entrevista con el medio de comunicación “El Tiempo” que “sería ingenuo pensar que todo esto de la UNGRD no va a afectar al Gobierno. Hay que hablar con las bancadas. Nosotros ya tenemos un plan con la agenda legislativa y el acuerdo nacional y el plan sigue su marcha. Obviamente con estos episodios, los partidos tomarán sus decisiones”.

Cristo también destacó la necesidad de implementar una estrategia de disuasión y negociación con los directores de los partidos para tratar de marginar el escándalo y circunscribirlo a hechos del pasado por parte de funcionarios que ya no están en el gabinete.

En medio del escándalo y proyectando desde ya las elecciones de 2026, los partidos Liberal, Conservador y La U anunciaron que trabajarán en un acuerdo programático para tener un candidato único y poder enfrentar al petrismo. La propuesta la lanzó el expresidente César Gaviria, jefe de los liberales, y ya tuvo acogida en La U. Alexander Vega, codirector de la colectividad, manifestó la intención de formar una coalición de centro para presentar una alternativa sólida en las próximas elecciones.

El bloque que se comienza a gestar en contra del Gobierno Petro no es de poca monta. Juntos —La U, conservadores y liberales—, representan uno de cada tres votos en Senado y dos de cada cinco en Cámara. Esta alianza tiene el potencial de modificar significativamente el panorama político y presentar un desafío formidable para las aspiraciones de Petro y su coalición.

La legislatura apenas comienza y las miradas están puestas en el ministro Cristo y en la forma como el propio presidente enfrente los coletazos del escándalo. Al Gobierno solo le queda este año parlamentario para sacar adelante sus reformas, pues en 2025 los congresistas —sin distingo de partido—, entrarán en modo elecciones y, además de tomar distancia de un gobierno impopular, también arreciarán en sus críticas para hacerse a réditos políticos. ¿Podrá el Ejecutivo tramitar su ambiciosa reforma legislativa?

La respuesta a esta pregunta dependerá en gran medida de la capacidad del Gobierno para gestionar la crisis actual, negociar con las diferentes bancadas y mantener un enfoque claro y cohesionado en su agenda legislativa. En un año crucial para el futuro político del país, el presidente Gustavo Petro y su equipo tienen un desafío monumental por delante.