Por: Katerin Erazo, Periodista
La crisis de seguridad que enfrentan los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 en Colombia continúa agravándose. En menos de 24 horas, dos excombatientes fueron asesinados en distintas regiones del país, mientras que hace unos días un grupo de 70 personas, entre firmantes y sus familias, se vio forzado a abandonar el Núcleo de Reincorporación (NAR) en Mesetas, Meta, debido a la creciente amenaza de los grupos armados.
Estos hechos elevan a 13 el número de excombatientes asesinados en lo que va del año, según Indepaz, y destacan los riesgos persistentes para quienes, al dejar las armas, pusieron su esperanza en construir un futuro en la legalidad. En este contexto, Rodrigo Londoño, firmante del Acuerdo, hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para frenar la violencia contra los excombatientes, recordando que desde la firma del Acuerdo de Paz ya han sido asesinadas 458 personas.
El primer crimen de este fin de semana ocurrió en San Juan de Arama, Meta, donde Faber Alexander Torres Martínez fue atacado con arma de fuego en un establecimiento público de la vereda El Vergel. La Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre el alto riesgo de esta zona debido a la presencia de estructuras armadas como el Bloque Jorge Suárez Briceño y otras bandas locales que han venido amenazando el proceso de reincorporación.
Horas antes, en Arauquita, Arauca, fue asesinado Danilo Benavides, otro firmante del Acuerdo de Paz. Benavides, quien hacía parte del ETCR Martín Villa y continuaba su proceso de reincorporación en el municipio, fue atacado en la vereda Galaxia por hombres armados. La Alerta Temprana 011/23 de la Defensoría ya había señalado un aumento preocupante de homicidios y secuestros de excombatientes en la región, donde operan el ELN y las disidencias del Frente 10 y Frente 28 del Comando Conjunto de Oriente.
Además de los homicidios, también se ha registrado varios desplazamientos forzados, uno de los más recientes fue un grupo de firmantes del acuerdo de paz y sus familias que se vio obligado a desplazarse del Núcleo de Reincorporación en Mesetas, Meta. La intensificación de los enfrentamientos entre las disidencias lideradas por alias ‘Iván Mordisco’ y alias ‘Calarcá’ hizo insostenible su permanencia en la zona.
El Consejo Nacional de Reincorporación se pronunció sobre la situación, señalando que, a pesar de los esfuerzos por construir una nueva vida en la vereda Nueva Esperanza, los riesgos para los firmantes se han intensificado al punto de obligarlos a abandonar sus hogares. “Tras 8 años de construir vida y reconciliación en la vereda Nueva Esperanza del municipio de Mesetas, firmantes de paz, niños, niñas y personas mayores deben salir para preservar sus vidas. ¡No hay condiciones de seguridad para mantenerse allí! En camiones, gestionados por la misma comunidad, se embarcan enseres, infraestructura y cosecha de los proyectos productivos y anhelo de una tierra de la que no tengan que salir”, comunicó el Consejo.
El desplazamiento forzado no solo afecta a quienes han dejado la zona, sino que también expone los desafíos que enfrentan los firmantes del Acuerdo en su proceso de reincorporación. En varias regiones del país, la violencia sigue siendo una amenaza latente, especialmente en territorios donde se disputan el control los grupos armados ilegales.
Ante esta crítica situación, 24 de los firmantes desplazados han insistido en su solicitud al Gobierno Nacional de tomar medidas urgentes para garantizar su seguridad y el respeto a sus derechos fundamentales. Denuncian que la comunidad enfrenta un grave riesgo de desplazamiento forzado, una realidad que, según ellos, ha sido ignorada por las autoridades desde que fue reportada el 17 de febrero.
“Como firmantes del Acuerdo Final de Paz y habitantes del NAR Libertad Simón Trinidad en situación de inminente desplazamiento forzado, queremos manifestar nuestra gran preocupación y angustia ante la opinión pública, dada la falta de compromiso y presencia del Gobierno Nacional y de las entidades encargadas de la implementación del Acuerdo Final y de garantizar los derechos de la población en reincorporación”, expresaron en un comunicado emitido el pasado 22 de febrero.
A pesar de haber sostenido reuniones con representantes gubernamentales y autoridades locales, los firmantes aseguran que no se han implementado soluciones efectivas para abordar la crisis. En particular, denuncian la ausencia del Puesto de Mando Unificado por la Vida (PMUV), mecanismo clave para coordinar la respuesta gubernamental frente a situaciones de violencia y desplazamiento. “Hemos puesto en conocimiento nuestra situación desde el 17 de febrero, pero no hemos recibido una respuesta efectiva ni la conformación del PMUV, que es esencial para la protección y seguridad de nuestra población”, enfatizaron.
Cabe resaltar que el Meta no es la única zona donde los firmantes del acuerdo han sido víctimas de desplazamientos y amenazas. En Catatumbo, 194 excombatientes se vieron obligados a abandonar sus hogares, mientras que 174 más permanecen confinados. Nueve de ellos están desaparecidos y seis han sido asesinados.
En junio de 2023, las disidencias lideradas por alias ‘Calarcá’ forzaron a los habitantes del Espacio Territorial de Capacitación y Normalización de Miravalle (Caquetá) a huir. En un panfleto, los firmantes fueron estigmatizados y señalados de colaborar con la Segunda Marquetalia, lo que los puso en inminente peligro. La amenaza era clara: debían abandonar el territorio, que sería convertido en un escenario de confrontación armada.
Los firmantes desplazados de Mesetas han reiterado su llamado de auxilio: “Comprendemos que muchos territorios del país están envueltos en dificultades humanitarias y de orden público, pero no se olviden que 25 hombres y mujeres que dieron su firma por la paz de Colombia, junto con sus familias, acaban de sufrir un desplazamiento forzado y también merecemos su atención”.
Con un panorama cada vez más crítico, las organizaciones que acompañan el proceso de reincorporación insisten en que es urgente una respuesta integral del Estado. La seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz no puede seguir siendo una deuda pendiente.