Por: Katerin Erazo, Periodista
En el corazón del sur del departamento del Chocó, un nuevo episodio de violencia ha encendido las alarmas en los municipios de Istmina, Medio Baudó, Sipí, Nóvita y Medio San Juan, donde aproximadamente 50.000 personas se enfrentan a un confinamiento forzado debido a la reciente declaración de paro armado por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Este anuncio, realizado por el Frente de Guerra Occidental Ómar Gómez, es el resultado directo de la creciente disputa territorial entre esta guerrilla y el Clan del Golfo, un conflicto que ha sumido a la región en una crisis humanitaria sin precedentes.
El anuncio del paro armado, que inició a partir de la medianoche del domingo, fue difundido rápidamente por las redes sociales, generando pánico entre los habitantes de estos municipios, los cuales se encuentran en las cuencas de los ríos San Juan, Sipí y Cajón, así como en la carretera que conecta a Nóvita con Torrá. En su pronunciamiento, el ELN justificó la medida como una acción de defensa de las comunidades y el territorio, argumentando su compromiso revolucionario y la necesidad de prevenir que la población civil se vea afectada en el desarrollo de las operaciones defensivas contra el Clan del Golfo.
El ELN también aprovechó su comunicado para denunciar supuestas complicidades entre el Clan del Golfo y las fuerzas armadas del Estado. Según la guerrilla, los paramilitares del Clan del Golfo estarían utilizando embarcaciones de la población civil en el río San Juan, con la connivencia de las Fuerzas Militares y de Policía, poniendo en riesgo la vida y los bienes de los habitantes de la región.
Esta acusación refuerza la narrativa del ELN de que su intervención es necesaria para proteger a las comunidades, aunque en la práctica, esta decisión ha confinado a miles de personas en sus hogares, incrementando la ya precaria situación de seguridad y acceso a servicios básicos.
La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, ha expresado su preocupación por el agravamiento de la crisis humanitaria en la subregión del San Juan. En declaraciones recientes, Córdoba advirtió que la situación se ha vuelto insostenible debido a la disputa armada entre el ELN y el Clan del Golfo, la cual ha dejado a las comunidades en un estado de vulnerabilidad extrema. "Se ha anunciado un nuevo paro armado por parte del ELN en la subregión San Juan, apelando a los combates con el Clan del Golfo, recrudeciendo la crisis humanitaria en la que se ha mantenido el Chocó por la disputa del territorio", expresó la mandataria, haciendo un llamado urgente a una solución que tenga en cuenta las voces y necesidades de los habitantes del Chocó.
La crisis actual no es un hecho aislado, sino el reflejo de un conflicto más amplio que ha afectado al departamento del Chocó durante años. La falta de presencia estatal efectiva, combinada con la fuerte influencia de grupos armados ilegales, ha convertido a esta región en un escenario de constante violencia y violaciones de derechos humanos. La gobernadora Córdoba subrayó que, mientras no se atiendan las particularidades del territorio y no se escuchen las demandas de sus comunidades, el ciclo de violencia y precariedad continuará cobrando un alto costo en la vida de los chocoanos.
En respuesta al anuncio del paro armado, el Ejército Nacional ha desplegado 5.000 tropas en los municipios afectados, con el objetivo de prevenir cualquier acción armada del ELN que pueda poner en peligro a la población civil. Este despliegue incluye la implementación de puestos de control terrestres y fluviales, así como patrullajes aéreos en todo el departamento.
Las autoridades también han intensificado los consejos de seguridad en la región para coordinar estrategias que eviten la propagación del terror y el miedo entre los habitantes, especialmente ante las amenazas recientes del ELN.
El conflicto entre el ELN y el Clan del Golfo se desarrolla en un contexto de estancamiento en las negociaciones entre la guerrilla y el Gobierno Nacional. Estas conversaciones, que han estado congeladas desde hace cinco meses, sufrieron un duro revés el pasado 3 de agosto, cuando se suspendió el cese al fuego que había estado vigente durante un año. La suspensión del cese al fuego dejó a las comunidades afectadas en una situación de total desprotección, agravando su vulnerabilidad frente a la violencia que azota la región.
En medio de la incertidumbre, las comunidades del Chocó continúan clamando por una solución al conflicto que ha marcado sus vidas durante décadas. La situación en el Chocó es un recordatorio doloroso de las profundas desigualdades y carencias que persisten en algunas regiones de Colombia, donde la ausencia del Estado y la presencia de grupos armados siguen determinando el destino de miles de personas.
La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la situación en el Chocó, instando al Gobierno Nacional a retomar el diálogo con el ELN y a implementar medidas efectivas que garanticen la protección de los derechos fundamentales de las comunidades afectadas.
Según Paola Marín, investigadora de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el conflicto entre el Clan del Golfo y el ELN tiene raíces profundas y se ha prolongado en el tiempo. En el contexto del proceso de Paz Total, el ELN ha denunciado una presunta alianza entre las fuerzas militares y el Clan del Golfo, lo cual se refleja en la ausencia de operaciones militares en áreas controladas por el Clan del Golfo, entre otras dinámicas.
Marín señaló que, según los informes realizados por Pares sobre los enfrentamientos entre el Clan y el ELN, estas confrontaciones no suelen considerarse violaciones directas al cese al fuego de Ética del Conflicto (CEC), siempre y cuando no afecten a civiles. Sin embargo, el reciente paro armado ha generado serias dificultades, como la interrupción de la comercialización de bienes y servicios, restricciones a la movilidad fluvial y el confinamiento de comunidades civiles.
Mapa realizado por Sipares
La investigadora subrayó que estas problemáticas se suman a las denuncias continuas del ELN en regiones como El sur de Bolívar y Arauca. Estas áreas, que también figuran en los pliegos de peticiones del grupo armado, son escenarios de disputa no solo por el control territorial, sino también por la actividad minera y la importancia estratégica como salida al Pacífico para la comercialización.
A medida que el paro armado del ELN avanza, la situación en el sur del Chocó seguirá siendo un foco de atención para las autoridades y la sociedad civil, quienes deben trabajar de manera conjunta para encontrar soluciones que permitan poner fin a la violencia y restaurar la paz en esta región del país.
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