Por: Katerin Erazo, Periodista
Foto tomada de: Caracol Radio y Portafolio
La tranquilidad en el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) Miravalle se ve amenazada por un reciente comunicado del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, que ha declarado este enclave como una "zona más del conflicto". Esta situación ha generado una profunda preocupación entre los firmantes del Acuerdo de Paz que han hecho de este lugar su hogar desde hace más de cinco años.
Los AETCR fueron establecidos como parte del proceso de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP, con el objetivo de facilitar la reintegración de los excombatientes a la vida civil. Estos espacios, ubicados estratégicamente en diferentes regiones del país, ofrecen condiciones de seguridad y acompañamiento para que los firmantes puedan desarrollar proyectos productivos y reincorporarse de manera integral a la sociedad.
Sin embargo, la amenaza del bloque Jorge Briceño, liderado por alias Calarcá, un excomandante que abandonó el proceso de paz, ha puesto en riesgo la estabilidad y la seguridad de los residentes de Miravalle. Este grupo disidente ha emitido un ultimátum coercitivo, dando un plazo de 40 días para que los habitantes abandonen sus hogares, lo cual ha generado un clima de incertidumbre y zozobra en la comunidad.
Ante esta situación, la comunidad internacional ha respondido con urgencia. Una Comisión Especial integrada por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Misión de la ONU llegará este jueves para evaluar de cerca la crisis y buscar soluciones que garanticen la protección de los firmantes de paz en Miravalle. Esta intervención busca evitar el desplazamiento forzado y asegurar que el proceso de reincorporación continúe de manera segura y efectiva.
"Es inadmisible que se ponga en riesgo la seguridad y la reincorporación de quienes han apostado por la paz", enfatizó Camilo González Posso, coordinador de la delegación del Gobierno nacional en la Mesa de Diálogos de Paz con el Estado Mayor Central de las FARC. González subrayó que la sociedad colombiana en su conjunto ha hecho un llamado unánime para que se respete y proteja a los habitantes de Miravalle.
En respuesta a esta crisis, las autoridades colombianas han anunciado la instalación de un Puesto de Mando Unificado en el municipio, programado para este viernes 28 de junio. Este puesto reunirá a diversas instituciones gubernamentales con el propósito de coordinar esfuerzos para brindar acompañamiento y protección a la comunidad de firmantes de paz en Miravalle. La medida busca fortalecer la seguridad y salvaguardar los Proyectos de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que son fundamentales para la consolidación de la paz en Colombia.
Los ETCR no solo son espacios físicos, sino también simbólicos, que representan la apuesta del país por superar décadas de conflicto armado. Estos lugares han sido concebidos para ser escenarios de transformación y reconciliación, donde los excombatientes pueden recibir formación, apoyo psicosocial y asistencia técnica para iniciar nuevos proyectos de vida. La comunidad internacional ha reconocido la importancia de proteger estos espacios como pilares fundamentales del proceso de paz en Colombia.
Carlos Ruiz Massieu, representante Especial del secretario general de la ONU en Colombia, expresó recientemente su preocupación por el aumento del desplazamiento forzado de los firmantes del Acuerdo de Paz, instando a todos los grupos armados a respetar la vida y la reincorporación de los excombatientes. Ruiz hizo énfasis en que "una genuina voluntad de paz pasa por respetar a quienes ya han apostado por el camino de la paz y reconciliación".
En este contexto de crisis y desafíos, la comunidad internacional y los organismos de verificación de paz han reafirmado su compromiso con la protección de los derechos humanos y la seguridad de los firmantes de paz en Colombia. La llegada de la Comisión Especial internacional a Miravalle representa un paso crucial para evaluar la situación sobre el terreno y adoptar medidas efectivas que mitiguen las amenazas y garanticen un entorno seguro para la reintegración y el desarrollo sostenible en las regiones afectadas.
La comunidad colombiana y los líderes locales también han hecho un llamado urgente al gobierno para que provea medidas de protección efectivas y acciones contundentes que aseguren la sostenibilidad del proceso de reincorporación en Miravalle y otras áreas vulnerables del país.
Según explicó Johanna Torres, investigadora de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), los AETCR fueron espacios diseñados para la reincorporación social y económica de los firmantes a la vida civil, es decir, allí recibirían educación, acceso a salud, a vivienda, a servicios públicos y participar de la creación de cooperativas o asociaciones para la elaboración y ejecución de proyectos productivos colectivos e individuales. Sin embargo, frente a los múltiples incumplimientos y atrasos que tuvieron los gobiernos de Santos y Duque, otros actores como la cooperación internacional, organizaciones de la sociedad civil y la autogestión de los reincorporados fueron quienes ayudaron a que los firmantes permanecieran en estos espacios.
Los AETCR primero fueron denominados como Zonas veredales Transitorias de Normalización y Puntos transitorios de normalización. Estos espacios tuvieron un carácter transitorio y tuvieron el objetivo de garantizar el cese al fuego bilateral y dejación de armas. Durante la etapa de Zonas Veredales, el gobierno de Santos tenía la responsabilidad de proveer vivienda, plantas de energía, acueductos, y alcantarillado, entre otras infraestructuras, obligaciones que en muchos casos no fueron cumplidas, llevando a los excombatientes a tener que construir sus propias viviendas y servicios básicos.
En cuanto a los proyectos productivos, los cuales podrían ser individuales o colectivos, durante el gobierno de Duque se observó una marcada preferencia por los proyectos individuales en detrimento de los colectivos. Esta situación generó críticas debido a que los proyectos individuales frecuentemente no resultaron sostenibles en el tiempo, mientras que los colectivos, fueron sistemáticamente rechazados a pesar de su potencial para fomentar la autosuficiencia y el éxito económico de los excombatientes. Esto generó desafíos grandes en la implementación, debido a que el espíritu del acuerdo en el punto 3, tiene la intención de fomentar una reincorporación colectiva que le permita a los firmantes construir un proyecto social y político.
En resumen, la investigadora señala que la experiencia de los ETCR ha estado marcada por desafíos significativos, incluyendo la falta de cumplimiento estatal en la provisión de servicios básicos y la preferencia gubernamental por proyectos individuales sobre colectivos, obstaculizando así la efectividad de estos espacios como herramientas de reintegración y desarrollo territorial.