Por: Nicolás Lozano y Diana Mora. Colaboradores Pares.
En el marco de una investigación que desarrolla la Fundación Paz y Reconciliación -Pares- sobre la frontera colombo-venezolana, presentamos una radiografía de las principales problemáticas en la frontera que comparten el departamento de Norte de Santander, Colombia y el estado de Táchira, Venezuela, y cómo éstas se han agravado en los últimos meses con la pandemia.
Los retornados
La situación de los/as migrantes en Colombia ha sido muy difícil por la estigmatización, la xenofobia y las pocas oportunidades que ofrece el país. No obstante, desde el inicio de la pandemia la situación se ha agravado, y por esta razón varios/as migrantes han decidido retornar a su país.
El retorno no ha sido fácil ya que la frontera se encuentra cerrada y los pasos humanitarios tienen varias restricciones. De acuerdo con cifras de Migración Colombia, entre el 14 de marzo y el 3 de agosto de 2020, más de 95 mil ciudadanos venezolanos retornaron de manera voluntaria a Venezuela, 77% de ellos haciéndolo por el departamento de Norte de Santander y más de 42 mil solicitudes se encontraban aún en espera.
Los pasos ilegales se han convertido, por una parte, en un alivio a la presión social generada por el cierre de los pasos formales para una población necesitada de servicios especiales de salud, con profundas carencias de alimentos y medicinas, factores principales que los impulsan a arriesgarse a cruzar la frontera por las trochas. Imagen: Pares.
El gobierno venezolano habilitó el paso fronterizo los lunes, miércoles y viernes. Solo permite el paso a un número restringido de migrantes, ya que al pasar a territorio venezolano tienen que realizar aislamiento preventivo. Al no poder cruzar, varios/as migrantes tienen que permanecer en zonas aledañas al puente internacional Simón Bolívar, como en la vereda La Parada, que hace parte del municipio de Villa del Rosario sobre la frontera con Venezuela a tan solo 15 minutos de Cúcuta.
Allí viven entre cambuches improvisados, donde esperan su turno para lograr pasar por los puntos autorizados; pero mientras esperan la oportunidad de regresar a su país, viven gran rechazo entre la comunidad y se les considera un foco de infección.
En su estadía en el lado colombiano, los migrantes reciben hospedaje y atención en salud de parte de la gobernación de Norte de Santander y distintas organizaciones internacionales, como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Instituto Departamental de Salud (IDS), quienes hacen control sanitario para mitigar la propagación de la Covid-19 junto a la Secretaría de Fronteras y Cooperación Internacional de la Gobernación Norte de Santander.
Las trochas
Pero la necesidad no da espera y los pasos ilegales o trochas en la frontera se presentan como una oportunidad para llegar pronto a su destino. Al encontrar tantas dificultades en los pasos fronterizos, muchos/as migrantes deciden arriesgarse a cruzar la frontera por las trochas.
Los pasos ilegales se han convertido, por una parte, en un alivio a la presión social generada por el cierre de los pasos formales para una población necesitada de servicios especiales de salud, con profundas carencias de alimentos y medicinas, factores principales que los impulsan a arriesgarse a cruzar la frontera por las trochas. Sin embargo, para los/as migrantes, la inseguridad y la presencia de los diversos grupos al margen no es el único problema, pues al llegar a Táchira se les trata como bioterroristas, discurso extendido por el gobierno de Nicolás Maduro, quien además pidió acusar por ataque biológico a quienes transiten por los pasos fronterizos ilegales.
En Norte de Santander se encuentran cerca de 80 pasos ilegales, 38 de los cuales están en el área metropolitana de Cúcuta. Entre San Antonio y Cúcuta las trochas de Palotal o la de Tribunales son las más concurridas, tienen un costo de entre 18 mil y 38 mil pesos por trayecto. Sin embargo, al ser un espacio en el cual confluyen varios grupos ilegales, para pasar por las trochas toca pagar una serie de “peajes”.
En Norte de Santander se encuentran cerca de 80 pasos ilegales, 38 de los cuales están en el área metropolitana de Cúcuta. Entre San Antonio y Cúcuta las trochas de Palotal o la de Tribunales son las más concurridas, tienen un costo de entre 18 mil y 38 mil pesos por trayecto. Imagen: Pares.
Al recolector del ELN se le paga 5 mil pesos, al del Ejército venezolano son otros 5 mil pesos, 3 mil a los paramilitares y 2 mil al dueño del predio que debe atravesar para salir a Villa del Rosario, de allí se puede ir caminando o pagar 54 mil pesos por una moto que lo saque hasta la vía principal. Cabe resaltar que durante la pandemia ha aumentado el paso de migrantes por trochas y las recientes medidas de reactivación económica del gobierno colombiano han incentivado nuevamente a varios venezolanos a migrar hacia Colombia en busca de oportunidades, quienes pasan principalmente por las trochas o caminos verdes.
Aunque la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) se mantiene desplegada en estos sectores, todos los días se utilizan los pasos irregulares para entrar o salir de Colombia. La violencia en la frontera colombo venezolana entre el Estado de Táchira y Norte de Santander incrementó un 28,5% durante la cuarentena.
A pesar de las restricciones a la movilidad en medio de la cuarentena, han ocurrido más homicidios, desapariciones y enfrentamientos armados en los meses de abril, mayo y junio de 2020, en comparación con las cifras del 2019, y también frente a los datos registrados en los primeros tres meses del año.
La situación en Venezuela
Una vez los migrantes pasan legalmente a Venezuela son instalados en uno de los 18 Puntos de Atención Social Integral -PASI- que ha dispuesto el gobierno bolivariano para que pasen una cuarentena de dos semanas antes de poder dirigirse hasta sus estados de destino, en donde el gobierno ha anunciado se les brinda hospedaje, alimentación y atención en salud.
No obstante, ya se han registrado varias denuncias de migrantes que relatan días sin comida y durmiendo a la intemperie en la calle, antes de ser reubicados en los puntos adecuados para los retornados que estén disponibles, así como la aplicación de múltiples pruebas para la detección del Covid-19 cuyos resultados no son entregados sino semanas después.
Frente a este panorama de desborde en la atención a los migrantes retornados, se anunció que desde el 21 de agosto el ingreso a Venezuela a través del Puente Internacional Simón Bolívar sería suspendido, debido al alto número de ciudadanos venezolanos que permanece en el estado del Táchira cumpliendo con las medidas de aislamiento preventivo obligatorio; ese mismo día el gobierno venezolano realizó una desinfección del Puente entre las 5 y las 9 de la mañana, y más tarde permitió el paso de 200 migrantes que estaban a la espera de su turno.
Pese al reciente anuncio del gobierno colombiano sobre extender el cierre de fronteras hasta el 1 de noviembre, el protector del estado Táchira, Freddy Bernal, indicó el 26 de septiembre que están evaluando una serie de acciones con miras a la reapertura progresiva de la frontera con Colombia, que permitirá reactivar la economía en los municipios Bolívar, Ureña, Ayacucho, García de Hevia, Panamericano y otras zonas una vez bajen los casos de COVID-19 y se haya aplanado la curva epidemiológica, por lo cual designó a Carlos Trómpiz para que asuma las tareas y coordinaciones ministeriales y haga todos los enlaces necesarios del lado colombiano, con el fin de restablecer las relaciones comerciales binacionales.