Por: Ghina Castrillón Torres, Investigadora Territorial
Oficina Pares Pacífico
El mismo día en el que la ONU publicaba las recomendaciones para el Gobierno Nacional entrante en materia de violencia territorial (26 julio 2022), la Juntanza Interétnica Social y Popular de Buenaventura publicaba un comunicado rechazando los señalamientos por parte del Coronel Samuel Aguilar en contra de personas del Consejo Comunitario del Bajo Calima, pues las señaló como miembros de un grupo armado ilegal, lo que contribuye a la estigmatización de las comunidades rurales, incrementando el riesgo que ya viven en el territorio, teniendo además presente la agobiante situación que se vive por los desplazamientos como consecuencia de la presencia y enfrentamientos de grupos armados que agravan la crisis humanitaria.
Denuncia pública por señalamientos a comunidades rurales
El pasado 26 de julio la Juntanza Interétnica Social y Popular de Buenaventura manifestó en un comunicado público su rechazo a las declaraciones hechas ese día en la emisora RCN Radio por el Coronel de Infantería de Marina No. 24, Samuel Aguilar, haciendo referencia a las personas civiles que resultaron heridas en el fuego cruzado entre grupos armados ilegales que tuvo lugar el 24 de julio en el Bajo Calima.
Se denuncia que el enfrentamiento fue entre la guerrilla del ELN y el Clan del Golfo en la Colonia, comunidad del Bajo Calima, frente a lo cual el coronel Aguilar manifestó que no hubo enfrentamiento armado y que por el contrario, se trató de un atentado sicarial en contra de las personas heridas, dado que pertenecen a un grupo armado. Estas declaraciones, según la organización denunciante, faltan a la verdad y desconoce la gravedad de la crisis humanitaria que actualmente vive la región, sumando a lo anterior que en el mismo episodio se conoció de la retención de aproximadamente 30 habitantes del sector por parte de la guerrilla del ELN, quienes, con un listado en mano, verificaban y les autorizaba volver a sus viviendas.
El mismo día de estas declaraciones, el 26 de julio, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó un informe en el que analizan el incremento de la violencia en el territorio nacional en los últimos dos años y resalta el rol del Estado para enfrentar dicho incremento de la violencia, además de hacer recomendaciones al respecto.
En el informe en referencia se resaltan tanto cifras como testimonios de lo que están padeciendo las comunidades a causa del incremento de la violencia, los riesgos de seguridad para las comunidades con especial preocupación por los defensores y defensoras de derechos humanos. Hechos victimizantes como amenazas, estigmatización, masacres, homicidios, desplazamiento y desapariciones forzadas, entre otras, que se derivan del control social y disputa en los territorios por parte de los grupos armados ilegales que afectan el goce de derechos.
El informe resalta cuál ha sido la respuesta del Estado frente a las situaciones y hace recomendaciones para lograr enfrentar la crisis que se vive, dado que las acciones existentes actualmente no han logrado completamente el objetivo de proteger a las comunidades, dejando como resultado que en la región del Pacífico se concentren cinco municipios con índices de impacto de la violencia en niveles críticos (San Andrés de Tumaco, Nariño; Argelia, Cauca; Roberto Payán, Nariño) y muy altos (Buenaventura, Valle del Cauca; Santander de Quilichao, Cauca), y es la región que ocupa los primeros 10 municipios en dicha medición con un estado Crítico y Muy Alto en impacto de la violencia (Ver Tabla No. 1).
Tabla No. 1. Índice de impacto de violencia
Fuente: ONU, Informe Violencia Territorial en Colombia: Recomendaciones para el Nuevo Gobierno, p. 246
Para el caso de Buenaventura se destaca el caso de los tres líderes del Consejo Comunitario de Yurumanguí, que el 28 de noviembre de 2021 se elevaron las alertas porque no regresaban a la comunidad (al día de hoy sólo uno de ellos regresó al territorio y continúan dos desaparecidos), lo que ha generado un gran impacto en una región que es habitada por comunidades que históricamente se han resistido a las economías ilegales en el territorio.
A partir del seguimiento que se registra en el informe, se destacan los tres ámbitos en los cuales se agrupan las recomendaciones:
Reducir significativamente y finalmente eliminar la presencia de grupos armados no estatales en los territorios afectados por la violencia.
Priorizar la implementación territorial del Acuerdo de Paz, en particular la Reforma Rural Integral.
Consolidar el Estado de Derecho en las zonas más afectadas por la violencia y el conflicto armado interno, reforzando la presencia y la capacidad de las instituciones del aparato de justicia y organizaciones de control.
Se revela una realidad alarmante para la región Pacífica en materia de impacto humanitario para el primer semestre del año 2022, lo que ha representado un gran reto para la respuesta y asistencia humanitaria, según lo registra el informe sobre la situación humanitaria en Colombia, presentado por la Oficina de las Naciones Unidas de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
La persistencia de las emergencias humanitarias agrava la posibilidad de atención integral generando así una doble afectación en el listado de municipios de la región. Con esta particularidad se encuentran Argelia en Cauca; Tumaco en Nariño; el Litoral de San Juan, Medio Atrato, Medio San Juan, Quibdó y Sipí en el Chocó; y el Distrito Especial de Buenaventura en el Valle del Cauca.
Asimismo, se registra un incremento en las acciones armadas en la zona del Pacífico, incluyendo la instalación de minas antipersonas, generando como consecuencia situaciones de confinamiento y múltiples desplazamientos masivos en las comunidades (Ver Figura No. 1). Por ejemplo, en el Valle del Cauca se vieron afectadas por este hecho las comunidades del Consejo Comunitario del Río Cajambre, en Chocó las comunidades del Medio San Juan y en Nariño los miembros de la comunidad indígena Awá.
Figura No. 1. Víctimas de desplazamiento masivo, eventos de ataques contra la población civil y acciones armadas
Fuente: OCHA, Informe Tendencias e Impacto Humanitario en Colombia 2022, p. 3
Adicionalmente a los eventos reportados, desde la Oficina Pares Pacífico sentimos preocupación por el subregistro de la victimización por desplazamiento, subregistro que puede condensar a las personas que, por temor o desconfianza a las instituciones o restricciones para el acceso, no se reportan como desplazadas ante las autoridades ni reciben ayuda directa de sus círculos sociales cercanos como familiares y amistades; y también los desplazamiento “gota a gota”, que para el caso de Buenaventura afectan principalmente a las comunidades del Río Cajambre y algunas zonas urbanas.
Retos para el nuevo Gobierno Nacional
El significativo incremento de la violencia y la disputa por parte de los grupos armados ilegales por el control de los territorios y las economías ilegales, ha desencadenado una crisis humanitaria con mayor concentración en regiones como la del Pacífico colombiano, lo que representa un gran reto para el nuevo Gobierno Nacional, más ahora dado que ha hablado de lo que denomina ‘paz total’, la cual implica brindar un escenario que busca el sometimiento a la justicia por parte de dichos grupos armados.
Adicionalmente, se encuentra la necesidad de estudiar las recomendaciones hechas por el informe de violencia territorial presentado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aquí enunciado, que permitirán aterrizar acciones y adoptar medidas para reducir las violencias que viven las comunidades en los territorios, destacando la recomendación que hacen a la Fuerza Pública de superar la doctrina del enemigo interno y la estigmatización a las comunidades que viven en zonas de conflicto, ya que les profundiza los riesgos que ya viven.
También es de gran importancia el fortalecimiento y agilidad en la respuesta institucional ante las alertas tempranas que hace la Defensoría del Pueblo en los territorios.
Finalmente, y teniendo presente la entrega del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y las actividades de pedagogía y socialización de este en el marco de la Gira de Comisionados, el país se encuentra en un momento histórico para la reconciliación y las garantías de no repetición a partir de las verdades registradas, de ahí la importancia de que el gobierno nacional entrante se comprometa fuertemente con asumir e implementar las recomendaciones que la CEV hace, con especial énfasis en lo que concierne a los grupos étnicos y comunidades que habitan las zonas periféricas mayormente azotadas por el conflicto armado que aún persiste, con una mirada transversal de género.