Por: John correa
El sector eléctrico colombiano se encuentra al borde de una crisis financiera de proporciones alarmantes. La deuda acumulada de las empresas distribuidoras de energía ha alcanzado la escandalosa cifra de 7.4 billones de pesos, y aunque el gobierno de Gustavo Petro ha anunciado el pago de subsidios por cerca de un billón de pesos, la medida no es más que un parche temporal en una herida que sigue abierta y supurante.
José Camilo Manzur, presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), ha sido claro: el alivio financiero que representa este pago no es suficiente. Con un déficit en ascenso y una deuda pública que representa el 60% de la mora total, la pregunta que debemos hacernos es: ¿hasta cuándo se sostendrá este modelo sin colapsar?
Un aplazamiento de la crisis
El problema de los subsidios en el sector eléctrico no es nuevo. Su implementación ha sido histórica en Colombia como una herramienta para garantizar el acceso a la energía a los hogares más vulnerables. Sin embargo, el sistema se encuentra atrapado en su propio laberinto. Los pagos atrasados, la falta de una focalización eficiente y la creciente deuda han creado un círculo vicioso en el que ni el gobierno ni las empresas pueden responder con soluciones definitivas.
El plan de pagos graduales anunciado entre febrero y abril parece más un intento por ganar tiempo que una verdadera estrategia de rescate financiero. Mientras tanto, la incertidumbre sigue creciendo y los usuarios de estratos bajos serán los primeros en sentir el impacto. En regiones como el Chocó y la Costa Caribe, el aumento en las tarifas podría alcanzar hasta el 140%.
Un sistema de subsidios mal diseñado
Más allá del problema de liquidez del sector, hay una cuestión estructural que debe ser atendida con urgencia: la mala focalización de los subsidios. Actualmente, el sistema está basado en la estratificación socioeconómica, una metodología obsoleta que no refleja la realidad económica de los hogares colombianos. Manzur lo expresó con claridad: muchos beneficiarios actuales no están en condiciones de vulnerabilidad, mientras que familias que realmente lo necesitan no reciben el auxilio adecuado.
Si bien la intención del gobierno ha sido mantener el acceso a la electricidad como un derecho básico, sin una reforma estructural en la asignación de subsidios, el problema persistirá. La propuesta de cambiar el criterio de estratificación por uno basado en ingresos podría ser una solución viable, pero requiere una voluntad política que, hasta ahora, ha sido insuficiente.
El costo de la inacción
La energía eléctrica no es un lujo; es un componente esencial de la vida cotidiana y del desarrollo económico del país. Sin un modelo financiero sostenible para el sector, las tarifas seguirán aumentando y el acceso a la electricidad se convertirá en un privilegio en lugar de un derecho. La crisis no se resolverá con pagos parciales ni con medidas improvisadas. Se requiere una estrategia integral que garantice la estabilidad del sector sin afectar a los hogares más vulnerables.
El gobierno debe asumir su responsabilidad y garantizar que los pagos prometidos se realicen sin dilaciones, pero también es necesario que se planteen reformas de fondo. De lo contrario, no estaremos ante un simple aumento en las facturas de luz, sino ante el colapso de un servicio fundamental para millones de colombianos.
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