Por: Natalia Reina
El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pero 21mujeres, víctimas de feminicidios tan solo en enero de 2024, no podrán conmemorarlo. La razón por la que hoy las mujeres de todo el país inundan las calles es para exigir una vida digna y reivindicar su trabajo.
A lo largo de la historia, las mujeres se han abierto camino en diferentes escenarios y progresivamente han conquistado sus derechos. La constante interpelación a las brechas de género y, por ende, a la estructura patriarcal que ha sostenido a las sociedades, ha sido el punto de lanza.
Victorias son muchas, pero todas conseguidas a pulso y en trabajo colectivo. La ampliación de la participación política de las mujeres por medio de las leyes de cuotas; la despenalización del aborto hasta la semana 24 a través de la Sentencia C055 de 2022 de la Corte Constitucional; la inclusión de medidas con enfoque de género en el Acuerdo de Paz de La Habana; la formulación y puesta en marcha -por supuesto, con múltiples reparos- de Sistemas distritales de Cuidado en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, son algunas de las cosas logradas.
Sin duda, las múltiples ganancias para las mujeres han sido resultado de una puja constante de las organizaciones de mujeres por poner estos temas en las agendas públicas, y exigir a las instituciones acciones en favor de ellas.
Los movimientos feministas a lo largo y ancho de Latinoamérica han logrado incidir en la política. Sin embargo, los dogmas religiosos y los discursos ultraconservadores no han cesado. La llegada de figuras autoritarias implica un riesgo para los derechos humanos y especialmente, para las mujeres.
Por ejemplo, Jair Bolsonaro en Brasil. En 2021, los centros de acogida para las mujeres contaban con un presupuesto de más de 4´000.000 euros y en 2022, último año de gobierno de Bolsonaro, pasaron a casi 200.000 euros, es decir, se redujo en un 95%.
Nayib Bukele en El Salvador, que se acaba de reelegir. Pese a defender a capa y espada sus represivas políticas de seguridad, en 2021 los feminicidios en dicho país se incrementaron en un 7,25% con respecto al año inéditamente anterior.
Y el más reciente, Javier Milei en Argentina, que negó la brecha salarial entre hombres y mujeres; degrado el Ministerio Nacional de las Mujeres a una Secretaría; y ordenó el recorte presupuestal de programas de atención a víctimas por Violencias basadas en Género (VbG).
Medidas como el nombramiento de mujeres antiderechos al interior de instituciones que precisamente deberían velar por la garantía de derechos de ellas; o la prohibición de implementar la perspectiva de género en los centros educativos tildándola como “ideología de género”; o el recorte de inversión a programas de mujeres, o la persecución a mujeres trans y racializadas. Estas son algunas de las acciones en las que han convergido este tipo de gobiernos, que en definitiva impactan negativamente sobre la vida de más de la mitad de la población.
Así las cosas, coaptar las libertades de las mujeres inevitablemente significa debilitar las democracias y reducir el estatus de ciudadanas de estas. Suprimir e ignorar la necesidad de acciones afirmativas como las leyes de cuotas o programas sociales focalizados, es negar la desigualdad histórica a la que se han enfrentado las mujeres.
Y aún más preocupante, es omitir los contextos diferenciales de aquellas que están atravesadas por múltiples sistemas de opresión como la raza, la clase, la ruralidad, el estatus migratorio, entre otros. Los obstáculos de una mujer negra y empobrecida en medio del Atrato en Chocó, distan de aquellos que puede percibir una mujer en Chapinero, en el centro de Bogotá.
El caso colombiano es más alentador. El gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez ha mostrado voluntad política para dignificar la vida de las mujeres. Sumado a ello, la creación del Vice Ministerio de las Mujeres al interior del Ministerio de Igualdad, es un acierto, en tanto que otorga facultades a un ente institucional para centralizar, articular y asignar presupuesto a las acciones públicas en favor de esta población.
Si bien es cierto que desde dicha dependencia se consolidó la Mesa de Alto Nivel para la prevención de feminicidios y otras violencias letales, es urgente la implementación de medidas estructurales, y la articulación interinstitucional para tramitar de manera oportuna, eficiente y con celeridad estos hechos que atentan contra la vida de las mujeres.
Según la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Francia Márquez, en 2023 se registraron 992 muertes violentas contra las mujeres, de las cuales solo el 17% terminó en captura. Lo anterior conduce a cuestionarse ¿Cuáles son las acciones que han emprendido las otras ramas del poder público para salvaguardar la vida de las mujeres? ¿Los funcionarios de la Rama judicial están capacitados para abordar la justicia con enfoque de género? ¿Qué estrategias y capacidad presupuestal designan las administraciones locales? ¿Cuáles son los proyectos de ley que ha discutido el Congreso para ampliar los derechos de las mujeres?
Durante el cuatrienio 2018- 2022 en el Senado de la República se presentaron 60 proyectos de ley que incidían directamente sobre la vida de las mujeres. Las agendas priorizadas en ellos fueron Empleabilidad y educación, que registró 14 iniciativas (23%); Maternidad y labores del cuidado 11 proyectos (18%); y Violencias contra las mujeres, 10 (16%).
Sin embargo, de los 60 proyectos de ley, tan solo fueron aprobados 9 (15%). En ese sentido, vale la pena reflexionar el lugar que le otorgan los congresistas a las agendas de mujeres y el grado de prioridad con el que las atienden.
Conmemorar la vida de las mujeres no debe reducirse a un día en medio del calendario. La construcción paulatina de ciudades seguras para las mujeres, el fortalecimiento de la titulación de tierras para ellas, la mitigación del acoso callejero, la prevención y tratamiento a las VbG, el reconocimiento de las labores del cuidado, el aumento de oportunidades educativas, la disminución de la brecha salarial entre géneros, y las garantías para el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE); son algunas de las prioridades que deben contemplar los tomadores de decisiones.
Si bien es cierto que el Estado es el principal responsable de proveer condiciones dignas para la ciudadanía, la responsabilidad también recae en otros actores. Los medios de comunicación, las empresas privadas, instituciones educativas, y organizaciones son claves en la generación de espacios que promuevan la garantía de derechos de las mujeres.
Por ejemplo, la implementación de acciones afirmativas dirigidas a ellas o la puesta en marcha efectiva de rutas de atención a las VbG que se traduzcan en acciones reales y no solo sean protocolos escritos en el papel como meros saludos a la bandera.
Así las cosas, el 8 de marzo es una fecha determinante para las organizaciones feministas que conmemoran el trabajo de las mujeres y reivindican las disputas históricas que han abanderado. Y a su vez, es la oportunidad para analizar las medidas emprendidas por los gobiernos en favor de las defensoras de derechos humanos, firmantes de paz, las niñas, las mujeres lideresas, ambientalistas y de la ruralidad, migrantes, desplazadas, entre muchas más.
Cabe anotar que, la llegada de autoritarismos ultraconservadores como Bolsonaro, Bukele o Milei implica un riesgo para la vida misma de las mujeres; sin embargo, es un error que como sociedad esperemos a prender las alarmas e interpelar a los gobiernos, solo hasta la consolidación de dichos escenarios.
De manera que, la consigna que suelen enarbolar las feministas cada 8 de marzo que dice “América latina será toda feminista”, deja en evidencia la urgencia por gobiernos que coloquen la vida de las mujeres en el centro y apuesten con acciones concretas por la dignificación de ellas. Si hoy se cruza con una marea verde y violeta, no lo asuma como un conjunto de “histéricas” que le restringen el paso. Más bien, es la representación de la mitad de la población colombiana exigiendo -entre muchas cosas- que no las maten por el mero hecho de ser mujeres.