Por: Alejandro Restrepo (Coordinador línea de Conflicto, Paz y Postconflicto) y Juan Sebastián Peña (editor)
El pasado jueves, en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, se dio luz verde para que se limite el apoyo económico que aquel país le ofrece al Gobierno colombiano en temas de seguridad y fumigación con glifosato. Esta decisión se dio en el marco de la discusión de la ley “Acto de Autorizaciones para la Defensa Nacional (NDAA por su sigla en inglés)”, a través de la cual se establece el presupuesto y los parámetros que deben seguir los Estados Unidos en lo que se refiere a gastos que tengan relación con defensa y seguridad.
En el debate de esta ley para definir el presupuesto del 2022, se aceptaron tres enmiendas que involucran directamente a Colombia. Estas modificaciones fueron propuestas por la congresista demócrata Alexandra Ocasio-Cortez y consisten los siguientes puntos: primero, en que el Gobierno norteamericano limite el apoyo financiero que presta al Estado colombiano para la erradicación forzada de cultivos ilícitos si este no ofrece informes en los que se demuestre que los procedimientos de aspersión aérea cumplen con regulaciones legales y ambientales; segundo, en que el Gobierno colombiano debe rendir cuentas sobre la forma en que actúan las Fuerzas Militares en relación a la garantía de los derechos humanos de la sociedad civil, y que la Casa Blanca suspenda la cooperación militar en caso de que se compruebe que estos derechos son vulnerados; y, tercero, en que sea prohibida la venta de armamentos y el desarrollo de entrenamientos al Esmad en vista de los serios cuestionamientos a esta unidad especial de seguridad por su uso excesivo de la fuerza, sobre todo, en el marco de las recientes movilizaciones sociales en el país.
Desde el análisis que realiza la Línea de Conflicto, Paz y Posconflicto de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la decisión de la Cámara baja en Estados Unidos, aunque hace falta la discusión en la Cámara alta, da cuenta de, por lo menos, tres aspectos centrales. El primero de ellos es el cambio de disposición frente a la garantía de los derechos humanos al negar recursos para el Esmad y la fumigación aérea. Esto significa que las múltiples denuncias de violaciones a derechos humanos perpetradas por el Esmad durante la ola de protestas en Colombia tuvieron eco e impacto internacional, a pesar de la estrategia de ocultamiento del Gobierno Duque. A su vez, esto quiere decir que las denuncias de los impactos ambientales y para la salud de las comunidades por cuenta de la utilización del glifosato, respaldadas por el grueso de la comunidad académica colombiana, también han tenido peso en la discusión en el país del norte.
En segundo lugar, esta decisión confirma un nuevo fracaso de la política internacional de Duque, quien ha venido sumando trofeos en la materia. Desde el inicio de este Gobierno, la política internacional de Colombia buscó sumarse al bloque de derecha continental liderado por el Gobierno Trump, en Estados Unidos, buscando, principalmente, la caída del Gobierno de Maduro en Venezuela. Según Duque, con la estrategia del cerco diplomático, su principal bandera, le quedaban pocas horas a este Gobierno (frase pronunciada a inicios del año 2019). Esta estrategia no tuvo ningún resultado y hoy una facción de la oposición venezolana se encuentra en negociaciones con el oficialismo, e incluso participarán en las próximas elecciones.
La alineación con Trump llevó al Gobierno colombiano a proponer la reactivación de la aspersión aérea mediante glifosato y el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad del Estado para combatir el narcotráfico. Estrategias ya recorridas por Colombia sin ningún resultado positivo. A su vez, en medio de las elecciones presidenciales, se destapó un escándalo por la posible injerencia de Francisco Santos en favor de Trump. Finalmente, el Gobierno colombiano apostó por el perdedor.
El cambio de Gobierno en Estados Unidos y la decisión de la cámara baja ponen de manifiesto la soledad del Estado colombiano y la ausencia de su principal “aliado”. Esto es particularmente grave si se tiene en cuenta que este Gobierno ha incumplido, desestimado y atacado lo pactado en el Acuerdo de Paz, lo cual ha influido en el deterioro de las relaciones con quienes han invertido en este proceso, principalmente la Unión Europea. En suma, una nefasta política internacional de la cual difícilmente el país se recuperará en el corto tiempo.
En tercer lugar, esta decisión tiene trascendencia porque constituye presión para que el Gobierno colombiano tome acciones concretas para evitar que fuerzas de seguridad del Estado sigan masacrando a la juventud en las calles y envenenando fuentes hídricas y a comunidades enteras en zonas ambientales estratégicas. También es la evidencia de que el “mundo” (hablando de Norteamérica y Europa) vio, a través de las pantallas, el desangre de las recientes protestas sociales, la actitud infame del Gobierno nacional y sus representantes, y la impunidad frente a las acciones de la Policía Nacional. Se destapó, a nivel internacional, la verdadera política del Centro Democrático, mano dura (muerte, en muchas ocasiones) contra el pueblo empobrecido, e impunidad y mantenimiento de los privilegios para sus amigos.
Es necesario recordar que esta misma ley que ha sido discutida en la Cámara de representantes debe pasar por un trámite similar en el Senado (donde también se está discutiendo el presupuesto del próximo año para asuntos relacionados a defensa y seguridad) para que, posteriormente, a partir de las propuestas de cada una de las dos cámaras del Congreso, se acuerden las enmiendas que se realizarán y se presente un proyecto definitivo. De hecho, Ocasio-Cortez ya había propuesto modificaciones similares el año pasado, sin embargo, finalmente no fueron tenidas en cuenta en el proyecto definitivo que se concertó en la Comisión de Conciliación.
De hecho, en la respuesta que dio el Gobierno colombiano a esta decisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el ministro de Defensa, Diego Molano, señaló que espera que en el Senado y en la Comisión de Conciliación se alcance algún acuerdo para que se mantenga la destinación de los recursos, especialmente, para la fumigación de cultivos ilícitos. Justamente este sería uno de los puntos que más preocupación le generaría al Gobierno Duque, pues su estrategia principal contra el narcotráfico, como es bien sabido, es la aspersión aérea.
De modo que será necesario esperar la decisión final que se tome por parte del Congreso de los Estados Unidos para saber si podrán materializarse estas restricciones al apoyo que aquel Gobierno brinda al Estado colombiano. De cualquier forma, la defensa de los derechos humanos en el país seguirá siendo una tarea pendiente y un problema estructural por resolver.
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