Por: Redacción Pares
La implementación del acuerdo entre el gobierno nacional y las FARC no se ha implementado como se deseaba. Basta hacer un paneo para comprobarlo: el que presenta mayor avance es el punto 6, el de Mecanismos de implementación, verificación y refrendación que está ejecutado en un 58%, pero hay otros puntos, como el punto 1, el de Reforma Integral Rural, que apenas está en un 6%. La demora en la implementación viene desde el mismo gobierno de Santos, en el de Duque hubo poca voluntad política, en el de Petro la ejecución para implementar el acuerdo no ha sido el esperado: De acuerdo con cifras del Fondo Colombia en Paz (FCP), para el 2023 se destinaron 2.779.820 millones de pesos, de los cuales tan solo se ejecutaron 468.746 y se comprometieron presupuesto por 273.458, lo que equivale a un 17% del presupuesto.
El gobierno Petro ha intentado dejar establecido una jurisdicción agraria y garantizar la restitución de tierras a la que está comprometido el acuerdo. Pero los números no acompañan la gestión del gobierno, tampoco hay avances significativos los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Las buenas intenciones tampoco han sido suficientes para implementar los compromisos adquiridos para algo tan importante para la democracia como es la participación política. Los líderes sociales siguen estando expuestos. La Defensoría del Pueblo entre enero y octubre de 2023 emitió 34 alertas tempranas en las que advirtieron los riesgos a los que estaban expuestos directivas de las juntas de acción comunal, liderazgos comunitarios, defensores de derechos humanos, movimientos políticos, candidatos de partidos en el marco de las elecciones locales, campesinos, indígenas y afrodescendientes.
Ante el avance y consolidación de las disidencias FARC se debe garantizar el cuidado de los firmantes de paz, amenazados constantemente por grupos como los hombres del EMC al mando de Iván Mordisco. Referente a la reincorporación socioeconómica se destaca el avance en materia de seguridad alimentaria de los antiguos Espacios de Transición, Capacitación y Reincorporación (ETCR) al cual se le hizo un cambio, “el nuevo modelo tiene como objetivo fundamental ampliar la cobertura del apoyo del 20% al 95% de la población en proceso de reincorporación” (CNR, 2023). Además se reconoce la aprobación para seguir prestando servicios de salud en los AETCR y la prórroga de la asignación mensual de un recurso para las personas en proceso de reincorporación.
Ni en compra de tierras o vivienda para reincorporados se han mostrado avances significativos. Se ha puesto voluntad e imaginación a la política antidrogas pero tampoco hay resultados tangibles.
Quedan dos años para que Gustavo Petro puede revertir esta situación. Una de sus promesas de campaña fue la Paz Total, para hacerlo necesita terminar de implementar los compromisos adquiridos en los acuerdos del 26 de noviembre del 2016, cuando Rodrigo Londoño y Juan Manuel Santos se dieron la mano en el teatro Colón. Esta es la síntesis de la implementación de los acuerdos en los dos años que lleva el gobierno de Gustavo Petro.
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