Por: Daniel Parra, colaborador Pares
Después de dos años de la firma del Acuerdo de Paz entre la guerrilla de las FARC-EP y el Estado Colombiano, es necesario echar un vistazo sobre el cumplimiento de lo pactado. Pares habló con algunos funcionarios públicos y miembros del partido FARC de Norte de Santander para presentar un panorama general de cómo se ha dado la implementación del Acuerdo en este departamento en cuatro temas en específico: reincorporación socio-económica; sustitución de cultivos, proyectos productivos y resocialización; formación institucional y socialización comunitaria y los retos venideros.
Sustitución de cultivos, proyectos productivos y resocialización
Durante el 2017, la Secretaría de Víctimas, Paz y Posconflicto ejecutó un proyecto de Subsistencia Alimentaria en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Caño Indio. La propuesta inició con una inversión de 370 millones de pesos y vinculaba a 50 familias que se acogieron al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Esta apuesta transformó 15 hectáreas de coca en siembras de fríjol, maíz, yuca y pimentón.
En relación con esto, el reciente informe en Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2017, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Gobierno de Colombia, reveló que en Norte de Santander se cultivaron 28.244 hectáreas de coca (3.213 ha más que en el 2016). Es decir, una cifra bastante alta para combatir si se pone en comparación con las 15 hectáreas ya erradicadas.
Otra iniciativa se desplegó junto a la Secretaría de Desarrollo Económico, y se orienta en el Fortalecimiento del Hato Ganadero. La propuesta se financió con un aporte de la Gobernación de 3.500 millones y recibió la asistencia del programa Prointegra (creado por la GIZ y la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas). Este proyecto benefició a los municipios de Tibú, El Tarra, Toledo y El Zulia. Sin embargo, esta iniciativa no acobijó a los excombatientes de las FARC en Norte de Santander, en palabras de Gloria Martínez, integrante por las FARC en el Consejo Territorial de Reincorporación (CTR) en Norte de Santander, “la Gobernación ha brillado por su ausencia”.
Martínez dijo, además, que se hanvenido presentando demoras en la ejecución de los proyectos productivos. Su principal causa, asegura, se debe a la falta de formalización de propiedad en cada predio, pues sin esto, el proyecto no cumple con el requisito de ser sostenible. “Ha sido compleja la situación” sentenció Martínez.
Martínez habló sobre dos proyectos productivos que habían presentado: uno se trataba de piscicultura, y el otro sobre una granja integral. Pero ninguno fue aprobado debido a lo mencionado: no se han formalizado los predios y para que aprueben el proyecto los beneficiarios deben tener título de la tierra. En este punto, Martínez considera que no hay voluntad del gobierno representada en las agencias: «La mayoría de las agencias no han hecho el trabajo que deben hacer y no se ha llegado a ese punto tan fundamental que es la reincorporación económica».
Lo dicho por Martínez concuerda con la versión de Elizabeth Pabón, Presidenta de la Asociación de Campesinos del Catatumbo (ASCAMCAT), quien le expresó a PARES que: “La implementación del Acuerdo Final, se ha quedado en las mesas de trabajo, en los documentos firmados, en los acuerdos municipales de sustitución; pero en lo tangible para los beneficiarios directos de superar las brechas de vulnerabilidad, pobreza, y analfabetismo no se tiene avances”.
Reincorporación socio-económica
El proceso de reincorporación social que hace cada excombatiente de las FARC, además de ser un logro para el gobierno y el nuevo partido, también es un reto. No sólo por el acompañamiento institucional que se requiere, sino por las actuales condiciones de inseguridad que rodean a los excombatientes. Según cifras de Pares, desde noviembre de 2016, hasta el pasado mes de agosto, habían sido asesinados 58 excombatientes. Infortunadamente, la cifra sigue creciendo y el pasado 27 de septiembre fue asesinado otro integrante de las FARC. Además de esto, varios militantes han abandonado los ETCR del departamento, Caño Indio. PARES se contactó con un integrante de FARC que abandonó el ETCR, al respecto aseguró que:
“Los que se fueron, se fueron pensando que no llegaría nada para hacer ahí, no somos dueños de tierra para que nos den proyectos. Teníamos pensado llevar a cabo proyectos productivos colectivos, era muy importante; pero no fue posible, eso también hizo que saliéramos a donde las familias. Todos han buscado la manera de cómo llegar de nuevo a compartir con sus familias, pero también se van con la intención de empezar una vida nueva. Y aunque no estamos limitados para estar allá, tampoco nos dieron muchas opciones como para quedarnos…”.
Es necesario mencionar que, en la actualidad, la ARN acompaña a 511 excombatientes fuera del ETCR Caño Indio que se reincorporaron a la vida civil en 18 municipios del Departamento: Los Patios, Cucutilla, La Playa, Villa del Rosario, Cáchira, Sardinata, Chinacota, Cúcuta, Ábrego, Arboledas, El Carmen, Convención, El Tarra, Hacarí, Tibú, San Calixto, Teorama, y Ocaña. 85 permanecen en el Espacio de Capacitación.
Dentro del punto 3 del Acuerdo final, se mencionaban medidas de atención a cada excombatiente en áreas de salud, acompañamiento psicosocial, y educación. PARES también se contactó con el Coordinador de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) en Norte de Santander y Arauca, Tyrone Rodríguez, quien habló sobre los avances de la reincorporación en el departamento.
Economía
En la actualidad, 499 integrantes de las FARC en Norte de Santander (98%) accedieron a su Asignación Única de Normalización (correspondiente a la subvención de $2’000.000 COP). Sólo el 2% no han logrado acceder al beneficio debido a que no han abierto su cuenta de Paz en el Banco Agrario de Colombia (BAC). Similar a esto, está el auxilio equivalente al 90% del salario mínimo vigente, entregado mensualmente durante los primeros 24 meses después de la firma.
Gloria Martínez le mencionó a PARES sobre una iniciativa de una pequeña granja avícola que gestionó la Alcaldía de Tibú para los excombatientes. La granja empezó a funcionar con una inversión de 7 millones de pesos: traducidos en 300 pollos y 150 gallinas. Sin embargo, no se enmarca dentro de los proyectos productivos establecidos en el Acuerdo de Paz. Otro propósito que se ejecutó involucra a la Universidad Nacional de Colombia, quienes realizaron una capacitación a las mujeres del ETCR y a la comunidad de la Vereda Caño Indio, bajo la temática de huertas casera y abonos orgánicos.
Educación
En el 2017 se vincularon 125 personas a la propuesta educativa (40 personas reincorporadas y 85 de la comunidad), de éstos, sólo 3 se graduaron de bachillerato, los demás continúan avanzando en su ciclo académico. En el 2018, 50 personas accedieron a la misma oferta (39 personas reincorporadas y 11 de la comunidad). Este trabajo también contó con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia (PNUD).
Dentro de lo que se considera la formaciónpara el trabajo, se gestionó un convenio con el SENA para que impartiera cursos cortos de formación complementaria en temas como economía solidaria, mecánica y mantenimiento de motos, producción de leche aplicando buenas prácticas ganaderas, confección, y contabilidad básica. Los cursos se ejecutaron en los municipios de Tibú, El Tarra, Hacarí, Cúcuta, Convención, Teorama, San Calixto, El Carmen, Ocaña y en el ETCR Caño Indio. La iniciativa benefició a 248 personas (201 excombatientes y 47 de la comunidad). Cabe resaltar que en 2017 en el ETCR Caño Indio se certificaron en Economía Solidaria 298 excombatientes. En lo corrido de este año se han certificado 135 personas de la comunidad en el mismo tema. Para Gloria Martínez, integrante por las FARC del Consejo Territorial de Reincorporación, los cursos complementarios son útiles y muy importantes si se quiere avanzar en la reincorporación civil de cada excombatiente.
Salud
A la fecha, se han desarrollado brigadas de salud en los municipios de Tibú, Cúcuta, Ocaña, Convención, Hacarí, El Tarra, Teorama, El Carmen, y San Calixto. Dentro de las brigadas se han ejecutado actividades de vacunación, control de crecimiento y desarrollo, exámenes de agudeza visual, citologías, atención odontológica, pruebas cancerígenas de mama y de próstata, control prenatal y postnatal, y promoción y prevención en enfermedades sexuales. Además, se adelantaron procedimientos médicos de cirugías, citas con especialistas, exámenes clínicos, citas médicas individuales, traslados, y atención a gestantes. En total, fueron 246 personas reincorporadas las que se beneficiaron de esta oferta.
Formación institucional y socialización comunitaria
En el 2017, 120 funcionarios de la Gobernación de Norte de Santander realizaron un diplomado de Pedagogía de Paz en convenio con la Escuela Superior de Administración Pública y coordinado por la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Planeación, y la Secretaría de Víctimas, Paz y Posconflicto. La intención apuntaba a la formación de servidores públicos con orientación hacia la gestión de paz en los municipios de Cúcuta y Teorama.
Además de esto, la Secretaría de Víctimas, Paz y Posconflicto, adelantó un programa encaminado hacia la pedagogía de los acuerdos. El programa Formador de Gestores de Paz, se ejecutó en convenio con el Instituto Latinoamericano de Sociedades Alternativas (ISLA), y la Fundación Ideas para el Desarrollo (FID). Los 18 cursos de formación (de 4 horas cada uno) se realizaron en acompañamiento del Centro de Inspiración para la Paz (CIP) y tuvieron lugar en los municipios de Ocaña, El Carmen, Convención, Sardinata, El Tarra, Tibú, Teorama, Hacarí, La Playa, San Calixto, Villa del Rosario, Puerto Santander, y Ábrego; para un total de 467 Gestores de Paz formados en el departamento.
El programa continuó y en el primer semestre del 2018 se formaron, en los municipios de Tibú y Sardinata, otros 106 Gestores de Paz. Siguiendo esa misma línea, en el 2017 el Centro de Inspiración para la Paz realizó 62 talleres de Pedagogía para la Paz, en los municipios de Cácota, Los Patios, Villa del Rosario, Cúcuta, Santo Domingo de Silos, Bucarasica, Ocaña, Tibú, Ábrego, Sardinata, Pamplona, Cáchira, y San Cayetano. En su totalidad, asistieron 2.817 personas.
Otra iniciativa que implementaron desde la Secretaría de Víctimas, Paz y Posconflicto, fueron los Diálogos Útiles. Una estrategia encaminada a la interacción y el diálogo constructivo entre sujetos, actores, comunidades, sectores, instituciones y organizaciones comprometidas en la construcción de paz territorial en Norte de Santander. En la estrategia participaron 3.165 personas de 31 municipios del departamento y su propósito se enfocó en construir un proceso que promoviera la participación, real y efectiva, de los sectores y actores sociales para vincular activamente a las entidades institucionales en la construcción de una paz territorial. “Es útil porque busca trascender de la palabra a la acción conjunta, en favor de la solución de problemas” aseguró Niño.
Retos desde la institucionalidad y su otra orilla
Uno de los retos que enfrenta la implementación de los acuerdos en Norte de Santander es lograr un pacto para sacar a la población no combatiente de los enfrentamientos que se presentan entre el ELN y el EPL en la región del Catatumbo, precisó el Secretario de Víctimas, Paz y Posconflicto. Para El Coordinador de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) en Norte de Santander y Arauca, Tyrone Rodríguez, el mayor reto de la implementación del acuerdo final, es la idea de que todos los ciudadanos entiendan que «todos somos colombianos, todos gozamos de derechos, y por muy distintas que sean nuestras opiniones o maneras de pensar, debemos respetarnos y aprender a coexistir en armonía«.
Por último, para Gloria Martínez,integrante por las FARC en el Consejo Territorial de Reincorporación (CTR) enNorte de Santander, el PNIS y los PDET son uno de los retos que enfrenta la implementación, considera que están demorados en su ejecución y eso ha retrasado la reincorporación económica y social.
Para Elizabeth Pabón, presidenta de la Asociación de Campesinos del Catatumbo (ASCAMCAT), el mayor reto que enfrenta la implementación del Acuerdo Final es «la falta de voluntad política del Gobierno Nacional, que es directamente traducido en la inoperancia de la Agencia Nacional de Tierras(ANT), la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), y la Agencia para la Renovación del Territorio».