Por: Centro de Pensamiento para la Transición Energética
La transición energética en Colombia se encuentra en un momento determinante, tanto por las presiones del contexto internacional como por las demandas internas de desarrollo y equidad social. Aunque el país apenas emite alrededor del 0,6% de los gases de efecto invernadero a nivel global, esta cifra (Universidad Tecnológica de Pereira, 2025)— no exime a la nación de transformaciones profundas. El panorama está marcado por una dependencia económica de los combustibles fósiles, ya que alrededor del 50% de las exportaciones se basan en petróleo y carbón. Sin embargo, la tendencia global hacia la descarbonización y la declinación paulatina de la demanda de hidrocarburos impulsan cambios que el gobierno y la sociedad colombiana no pueden ignorar.
De acuerdo con un reciente artículo de El Espectador (2025), el gobierno colombiano ha reiterado sus compromisos de reducir la dependencia de los combustibles fósiles y promover energías renovables a través de leyes como la Ley 2099 de 2021, que impulsa las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER). A pesar de estos avances legislativos, los desafíos son múltiples. Por un lado, existe una necesidad urgente de superar la “pobreza energética” que todavía afecta a gran parte de la población; por el otro, el país afronta el reto de la diversificación productiva, ya que la menor demanda global de carbón y petróleo amenaza las finanzas públicas y el empleo en varios territorios.
En la charla magistral impartida en la Universidad Tecnológica de Pereira (2025), se destacó que la energía se ha convertido en un asunto geopolítico. Bajo este contexto, la Transición Energética Justa (TEJ) busca convertir a la población en protagonista de la transformación. Se enfatizó que la TEJ no se limita a sustituir las fuentes fósiles por energías limpias, sino que requiere procesos de participación ciudadana y de paz. De hecho, el Gobierno Nacional la concibe como un pilar para la convivencia pacífica, al fomentar iniciativas con enfoque de derechos humanos y democracia energética. Esto implica un empoderamiento de las comunidades, reduciendo la tradicional concentración de la generación eléctrica y promoviendo la soberanía sobre la producción y uso de la energía.
Hacia una economía menos dependiente de los combustibles fósiles
Un reportaje de El Tiempo (2025) muestra que la declinación de los precios del carbón y la volatilidad del petróleo influyen en la necesidad de reestructurar la matriz económica. En el mediano plazo, la exportación de hidrocarburos no podrá sostener el mismo nivel de ingresos estatales. Como alternativa, se vislumbra el potencial de minerales “estratégicos” (tierras raras, litio y silicio) indispensables para la fabricación de paneles solares, baterías y otras tecnologías limpias. Si Colombia no desarrolla una industrialización asociada a estos minerales, corre el riesgo de reemplazar una dependencia por otra, esta vez tecnológica. De ahí que la charla magistral subraye la importancia de una soberanía tecnológica: no solo exportar materias primas, sino crear cadenas productivas locales alrededor de la energía solar, la geotermia y la eólica.
Avances normativos y escenarios futuros
Como parte de la hoja de ruta, el país cuenta con leyes que impulsan la movilidad eléctrica, incentivan la autogeneración y regulan los subsidios a combustibles fósiles. Un ejemplo reciente es la eliminación paulatina del subsidio a la gasolina, medida que, según el informe de la UTP (2025), habría generado un aumento en la compra de vehículos eléctricos. Además, se ha mencionado la Ley de Cambio Climático y la Ley de Movilidad Eléctrica, las cuales refuerzan la estrategia de descarbonización progresiva.En el ámbito de la generación eléctrica, Colombia instaló 2.000 MW de capacidad solar —un salto significativo respecto a los 200 MW de años anteriores—, de acuerdo con la presentación de la UTP. Esto representa casi el 10% de la energía del país y demuestra la viabilidad de proyectos a gran escala. Al mismo tiempo, se proyecta la entrada en operación de parques eólicos en La Guajira a finales de 2025 e inicios de 2026, consolidando la diversidad de la matriz. Sin embargo, uno de los grandes retos es la expansión de redes y microrredes que permitan interconectar a las zonas más alejadas, donde actualmente no se cuenta con el servicio de energía eléctrica. Más del 60% del territorio, especialmente en regiones rurales y dispersas, no está conectado al Sistema Interconectado Nacional.
Comunidades energéticas y democratización
Una de las facetas más interesantes de la TEJ es la creación de comunidades energéticas, contempladas en la nueva legislación. Según el informe citado (Universidad Tecnológica de Pereira, 2025), existen ya 278 comunidades energéticas en operación y 1.000 en construcción, con una inversión de 210 mil millones de pesos y 25 mil hogares beneficiados. Estas cifras evidencian que, poco a poco, la generación distribuida y la autogeneración remota están tomando forma. El objetivo es que las comunidades no solo sean consumidoras pasivas de energía, sino que la produzcan, administren y se beneficien de ella, maximizando la equidad y la participación.
Otro avance destacado es la figura de “Municipios Energéticos”: seis de ellos están en construcción en la Costa Caribe, y el caso de Cumaribo (Vichada) se menciona como el primer municipio autosuficiente con energía solar. Estos proyectos apuntan a cerrar las brechas existentes y convertir la energía en una palanca de desarrollo, promoviendo al mismo tiempo la tan ansiada autonomía territorial y la reducción de emisiones de carbono.
Retos y perspectivas
A pesar de los avances, la transición energética en Colombia enfrenta varios obstáculos. La infraestructura de transmisión requiere expansión y modernización, pues el plan de construir “autopistas energéticas de segundo nivel” todavía no se ha concretado. Además, persiste la necesidad de capacitar a técnicos y técnicos electricistas para garantizar el correcto funcionamiento y mantenimiento de los sistemas renovables (Universidad Tecnológica de Pereira, 2025).Por otra parte, si bien la descarbonización del sector eléctrico avanza, el país aún debe definir con claridad la estrategia para los hidrocarburos. Colombia produce petróleo pesado y enfrenta retos en refinación y competencia global. El carbón metalúrgico, por su parte, es clave en la producción de acero, un subsector que no se detendrá en el corto plazo. El gobierno, según el Informe de la charla magistral, busca diferenciar entre el carbón térmico —que debería abandonarse progresivamente— y el carbón metalúrgico, que puede mantenerse por mayor tiempo mientras se desarrollan alternativas industriales.
En conclusión, la transición energética en Colombia avanza, impulsada por un marco legal más robusto, inversiones crecientes en energías renovables y nuevas modalidades de participación social, como las comunidades energéticas. No obstante, la ruta por recorrer es larga: la dependencia de los hidrocarburos aún sostiene buena parte de la economía, las regiones periféricas siguen sin un acceso equitativo a la energía y la industrialización de minerales estratégicos es incipiente. El éxito de la transición dependerá de la capacidad del país para articular el componente técnico con una perspectiva de justicia social y paz territorial, respaldada por una política de Estado que promueva la soberanía energética y la participación ciudadana.
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